a reciente destitución por presunta corrupción de Alan Lisperguer como Ministro de Medio Ambiente y Agua induce a reflexionar sobre las motivaciones que impulsan a las personas y autoridades a cometer actos ilícitos. La interrogante consiste en determinar si las personas que se acercan a los partidos lo hacen con la predisposición de cometer actos ilícitos cuando ingresan a la función pública o si el deseo de corrupción recién nace cuando se encuentran dentro de las instituciones públicas. Solo un análisis serio puede dar la respuesta.
La corrupción es un problema muy importante para los bolivianos, Este problema causa graves daños a la economía y a la sociedad boliviana porque, por una parte, desincentiva la inversión privada nacional y extranjera y, por otra, desvía los recursos que podrían ser útiles para mejorar las estructuras económicas y sociales del país y luchar contra la pobreza. Se podría afirmar que Bolivia es desde hace muchas décadas pobre y subdesarrollada por la gran dimensión de la corrupción que operó negativamente a lo largo de su historia.
Existen en Bolivia varias disposiciones legales enfocadas a impedir y castigar la corrupción en las instituciones públicas, como la Constitución Política del Estado del año 2009, la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz del año 2010, y otras. A pesar de ser leyes bien fundamentadas y detalladas tienen poco impacto en la vida real y la corrupción continúa, protagonizada en las últimas décadas por altos funcionarios del partido gubernamental o por altos funcionarios de las diferentes instituciones descentralizadas y autónomas en los departamentos y municipios.
La destitución de Lisperguer no es la primera ni será la última en el MAS en sus cerca de 20 años de gobierno. Sólo en el período de Luis Arce fueron por lo menos cinco las separaciones de sus ministros comprometidos con hechos ilícitos, sin contar a los funcionarios medios separados por las mismas razones. Poco se sabe sobre cuántos fueron juzgados y condenados.
La corrupción no es patrimonio exclusivo del MAS. Los ilícitos conocidos en gobiernos anteriores al MAS han sido también decenas. La historia del país está plagada de estos casos y hay cientos en la historia de la Bolivia católica, misericordiosa, tolerante y humilde. Nadie podría poner las manos al fuego y afirmar que existen en Bolivia dirigentes y partidos políticos vacunados contra la corrupción. No se podría decir tampoco cuál de los partidos o cual gestión presidencial, fue peor o mejor en materia de corrupción.
No es correcto hablar de partidos políticos corruptos en general, sino de personas o dirigentes particulares dentro de los partidos. Muchos se acercan a los partidos por razones sanas y honestas, porque ya sea aprecian la imagen de sus líderes o la trayectoria histórica de las organizaciones políticas. Algunos pueden aproximarse por tradición familiar —porque el abuelo o la mamá pertenecían a tal o cual partido— pero no necesariamente en busca de oportunidades de corrupción.
Muchos de estos funcionarios bajos y medios de las instituciones públicas del gobierno central y descentralizado serán luego, cuando ingresen a los partidos gobernantes y a las instituciones públicas, manipulados, utilizados y explotados en beneficio personal y familiar de los altos funcionario y jefes de las cúpulas partidistas.
Como se mencionó, existen en Bolivia leyes y normas detalladas que prohíben, previenen y castigan la corrupción, sin embargo, existen autoridades, personas o grupos de altos funcionarios de izquierda, de centro o de derecha, que no las cumplen cuando se encuentran en la cabeza de las instituciones públicas. Las instituciones tanto del gobierno central, como las descentralizadas, las autónomas, las gobernaciones y municipalidades, son susceptibles en todo momento de ser víctimas de la corrupción.
Para determinar por qué las instituciones públicas son víctimas de la corrupción es necesario analizar los “factores y condicionantes” de la corrupción. Estos factores y condicionantes involucran principalmente a las “cúpulas dirigenciales” de los partidos políticos que se encuentran en función de gobierno. No se trata, sin embargo, de las cúpulas en sí o en conjunto de dirigentes los que cometen los ilícitos sino solo de algunas cúpulas y de algunos dirigentes cuando ellos se encuentran dirigiendo las instituciones públicas. No se trata tampoco de “todas” las cúpulas partidarias ni de “todos” los miembros de las cúpulas, sino solo de aquellos dirigentes que tienen la intensión específica de cometer los ilícitos.
Son entonces los operadores principales de algunas cúpulas políticas los que crean las condiciones y manejan los instrumentos y mecanismos capaces de dar los zarpazos grandes y chicos de la corrupción que se realiza.
Además de estos factores y condicionantes de la corrupción en los partidos y en las instituciones, es necesario analizar otras estructuras de la corrupción. Pueden en efecto existir etapas y estructuras subterráneas previas de la corrupción. Estas se gestan en general fuera de los partidos y de las instituciones oficiales mencionadas.
En algunos casos, antes de que los partidos tomen las riendas de las instituciones públicas, los dirigentes partidarios pueden entrar en coaliciones con otros partidos y organizaciones políticas. En estos casos pueden existir dos o más cúpulas partidarias que negocian sus funciones y su poder futuro dentro de las instituciones. En este nivel se define el “botín político” específico que corresponde “por derecho propio” a cada grupo y a cada cúpula de las distintas organizaciones participantes en las coaliciones.
Las organizaciones participantes pueden ser los sindicatos sectoriales que también están dirigidos por sus cúpulas correspondientes.
Muchas veces los miembros de las cúpulas partidarias, tanto de derecha, de centro o de izquierda, han adquirido las habilidades y destrezas de la corrupción en su juventud, en las universidades principalmente. Buena parte de los dirigentes de los diferentes partidos políticos y de los sindicatos sectoriales se han formado, en efecto, en las universidades sobre todo públicas. En estas universidades los estudiantes se encuentran confrontados, la mayor parte de su tiempo, en luchas permanentes contra diferentes organizaciones políticas estudiantiles. Estas luchas están dirigidas no para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza o contra el atraso de las estructuras universitarias tradicionales, sino sobre todo por el acceso a los financiamientos que existen en las universidades públicas para las direcciones políticas estudiantiles.
Es en estas luchas permanentes que los estudiantes, futuros dirigentes de los partidos políticos y de las instituciones públicas, que adquieren las habilidades, destrezas y ambiciones específicas para crear y manejar los mecanismos de la corrupción en las instituciones gubernamentales públicas.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
