
ausó sorpresa, estupor y rechazo en diferentes sectores bolivianos la decisión del gobierno argentino de construir un alambrado de 200 metros de largo entre las ciudades fronterizas de Bermejo en Bolivia y de Aguas Blancas en Argentina. Algunos pensaron que se trataba de la construcción de un muro en la frontera como aquel existente en la frontera entre México y Estados Unidos. Otros se imaginaron que se trataba de un proyecto de expulsión de los miles de emigrantes bolivianos que viven en el país vecino.
Finalmente, hubo personas que dijeron que se trataba de una especie de discriminación contra los bolivianos pobres, por lo que expresaron que la OEA y otros organismos internacionales deberían intervenir.
Las autoridades argentinas informaron cuáles eran las razones que las condujeron a construir el cerco. La ministra de Seguridad, Patricia Bullric, declaró que se trataba de “un cerco al narcotráfico” ya que esa zona constituía un paso controlado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Informó que se trataba de una medida inicial contra “el descontrol” existente en esa zona por el dominio que ejercían las bandas criminales del narcotráfico. Añadió también que era frecuente capturar narcos bolivianos en las carreteras y caminos del norte argentino transportando drogas por decenas e incluso cientos de kilos destinados a las ciudades del país.
La cocaína que logra ingresar se distribuye luego en las diferentes ciudades argentinas dañando la salud de cientos y miles de jóvenes y adultos. Otra parte importante de la droga es trasladada a los puertos y aeropuertos argentinos para ser transportada luego hasta los países europeos, norteamericanos y del mundo. Las bandas criminales utilizan cualquier medio para transportar la droga a su destino final, donde sus precios son fuertemente superiores. Se logra detectar con frecuencia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires —así como en otros— que los narcos contratan a mujeres y adultos pobres que ya sea ocultan la droga en sus partes íntimas para pasar los controles o tragan bolsitas de droga, con gran peligro para su salud y sus vidas.
Los cientos y miles de pequeños comerciantes bolivianos informales y sus familias que viven y trabajan en las ciudades del sud del país utilizan diariamente los pasos de la frontera para trasladar pequeñas cantidades de productos argentinos manufacturados y alimentos procesados. El contrabando a pie, familiar y en pequeña escala, es realizado para evitar el pago de aranceles e impuestos aduaneros de entrada y de salida.
Estos pequeños comerciantes son a su vez controlados por otros grandes comerciantes bolivianos o argentinos que envían la mercadería hacia los centros de consumo de las ciudades del interior. El narcotráfico, por su parte, se camufla y se oculta entre estos miles de pequeños comerciantes y utiliza diferentes medios para el transporte de la droga específicamente.
Los pequeños comerciantes y sus familias lo hacen en números cada vez mayores, lo que constituye un fenómeno social y económico creciente y de grandes proporciones. Lamentablemente estos fenómenos, pese a su amplitud, no son estudiados por los investigadores de las universidades bolivianas.
El caso del alambrado o cerco revela en el fondo el resultado de dos procesos económicos y sociales que suceden en Bolivia en las últimas décadas. Por una parte, la implementación durante cerca de 20 años de un modelo económico altamente deficiente. Por otra parte, y en conjunto con lo anterior, revela la existencia, la protección y la complicidad gubernamental durante más de dos décadas con la producción de coca y de cocaína en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba. El fenómeno del narcotráfico si bien tiene una localización geográfica particular, tiene efectos en todos los sectores e instituciones económicas, productivas y financieras del país.
Debido al funcionamiento de este modelo económico “de dos caras”, aumentan fuertemente la pobreza, el desempleo y la informalidad de la mayoría de la población, así como simultáneamente, se incrementa la producción de coca, de cocaína y el narcotráfico. Si bien el modelo tiene “dos caras”, una de las caras tiene mayor poder y dinamismo que la otra.
El modelo económico en vigencia desde el año 2006, dirigido a construir el socialismo, va contra las empresas y las inversiones privadas nacionales y extranjeras. Por este motivo, no se favorece la creación de empleos formales en las ciudades y en el campo. Como consecuencia, el crecimiento demográfico no es absorbido por nuevas inversiones empresariales y el aumento de los empleos formales, por lo que surge la población excedentaria e informal. Es esta población informal que se ve obligada a desplazarse a las ciudades fronterizas para sobrevivir mediante el pequeño comercio fronterizo.
Además de este proceso social inherente al modelo económico de dos caras, el fenómeno de la pobreza y la informalidad ha aumentado a partir del año 2015, cuando el país dejó de percibir importantes ingresos por concepto de las exportaciones de gas, el primer rubro de las exportaciones bolivianas.
Este problema ha afectado a los diferentes sectores económicos y sociales del país. Uno de los más afectados fue el sector económico controlado directamente por el gobierno. El gobierno, en su proyecto socialista, tenía el objetivo de crear cientos de empresas estatales en las diferentes ramas de la industria manufacturera, agrícola y de servicios. El resultado al cabo de los años fue, sin embargo, negativo debido a que estas empresas no rindieron lo esperado y resultaron permanentemente deficitarias y endeudadas. En cuanto al empleo, lamentablemente, las empresas estatales tampoco tuvieron el éxito en cuanto a la creación de empleos formales en la cantidad esperada.
Finalmente, debemos admitir que es probable que crezca en el futuro el fenómeno de las alambradas en otras ciudades fronterizas del país, no solo en la frontera con Argentina. Esto puede suceder siempre que la economía boliviana continúe teniendo “dos caras”.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.