a política actual de Donald Trump es resultado de más de tres décadas de aplicación, en Estados Unidos y en el mundo, de una política económica denominada de “globalización”. Esta comenzó oficialmente en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre México, Canadá y Estados Unidos. Los tres países se comprometieron a promover el libre flujo de capitales, inversiones, empresas y de trabajadores en sus territorios respectivos.
Inicialmente Estados Unidos promovió el pacto (impulsado por los presidentes demócratas Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden), porque consideraba que las regulaciones ambientales y laborales internas impuestas a las empresas eran demasiado exigentes ya que elevaban los costos de producción de sus productos y servicios. Estos costos bajaban su competitividad frente a otros países industrializados como los llamados en ese entonces “tigres asiáticos” y otros.
Los costos de producción de los países competidores eran bajos, tanto por los reducidos salarios de su fuerza laboral como por la inexistencia de gravámenes por normas ambientales, por lo que los precios de sus bienes y servicios eran bajos y competitivos, tanto interna como internacionalmente. Los bienes producidos en aquellos países resultaban tan baratos que desplazaban la producción estadounidense en los mismos Estados Unidos.
Con la filosofía de la globalización, Estados Unidos promovió posteriormente acuerdos de libre comercio con otros países como China, India y otros. Los acuerdos estimularon a sus empresarios a invertir en estos países lo que permitió obtener bajos costos de producción y volverse competitivos internacionalmente y en Estados Unidos, el más grande mercado consumidor en ese entonces.
Al cabo de los años, paradójicamente, mientras las inversiones estadounidenses, aumentaban en el mundo, disminuían en Estados Unidos, por lo que surgió a fines de los años 90 del siglo pasado el bloque de los países BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque surgió inicialmente gracias a la inversión estadounidense, pero luego se volvió un gran competidor de bienes manufactureros exportables con capacidad de desplazar la producción de Estados Unidos en el mundo.
Frente a este fenómeno, veinte años después, aparecieron los slogans de Donald Trump de “Make América Great Again”,(MAGA), y “America First”, con los que promovió una nueva política económica, tanto interna como externa, contra la “globalización”.
La nueva política pretendía atraer al espacio estadounidense la gran inversión industrial dispersa en el mundo, sobre todo la de alta tecnología. Sin embargo, esta política no se limitaba simplemente a favorecer a su país sino que se proyectaba más allá.
Se esperaba que los inversionistas estadounidenses de los BRICS, de Europa occidental y de los países que formaron el TLC serían los primeros llamados por la política de Trump, pero no fue así. Estos no se dieron por aludidos y continuaron con su producción en el mundo y sus jugosas exportaciones hacia Estados Unidos.
Para el segundo mandato 2025-2028, Donald Trump insistió con sus proclamas anteriores (“MAGA” y “América First”) pero los reforzó con nuevos dispositivos como los altos aranceles para las importaciones de productos industriales y materias primas, así como con un impulso mayor a su política de expulsión a los inmigrantes indocumentados provenientes sobre todo de México y de varios países latinoamericanos.
La nueva iniciativa de Trump no se limita en realidad al comercio internacional y a las migraciones ya que se proyecta también a aspectos geoestratégicos mundiales que inciden en el conjunto de las economías y de los problemas del mundo. La nueva política se precisa también en cuanto al fortalecimiento de los países europeos y al crecimiento de los países en desarrollo como los latinoamericanos.
La decisión sobre los altos aranceles de importación (25% inicialmente) se dirigían en particular a los inversionistas estadounidenses dispersos en los países BRICS, a los del TLC y a Europa occidental, pero luego fueron modificados en función de las negociaciones particulares.
La expulsión de indocumentados tiene varios objetivos como bloquear las migraciones de trabajadores desocupados por el cierre de empresas estadounidenses en el norte de México y Canadá y crear nuevos empleos en Estados Unidos para trabajadores estadounidenses. Se prevé que los nuevos empleos serán generados por las empresas que retornan para esquivar los recientes nuevos aranceles de importación. Los aranceles más altos se aplican a la China (125% o más) pues se considera que las empresas exportadoras son en parte originarias de Estados Unidos lo que las obligaría a volver para sortear los aranceles.
En este asunto aparece un fenómeno paradójico que tendrá repercusiones posteriores. Desde mediados de los años 90 aumentó considerablemente el número de consumidores chinos de productos manufacturados producidos localmente e importados. Actualmente la clase media china llegó a superar los 300 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las consumidoras de mayor poder adquisitivo del mundo, probablemente igual que las clases medias de Europa y de Estados Unidos. Las autoridades chinas elevaron recientemente sus aranceles a 125% a los bienes importados de Estados Unidos, en respuesta a los altos aranceles impuestos por el presidente Trump. Esta guerra comercial tiene que ver con el nuevo perfil que adquiere la China.
La nueva política mundial de Trump se aplica también a otros sectores y regiones del mundo como a las migraciones, a las remesas de los trabajadores, así como a las regiones y países que actualmente se encuentran con conflictos. Trump considera que estos conflictos inciden negativamente en la prosperidad económica mundial.
El freno a la inmigración y la expulsión de inmigrantes indocumentados tienen varios objetivos. El primero es crear empleos formales para los millones de ciudadanos estadounidenses sin trabajo que subsisten desde hace décadas gracias a los subsidios estatales. Las empresas que retornan del exterior proveerán los empleos.
Otro objetivo es impedir que los grandes países expulsores de población como Venezuela, México, Cuba, y Colombia dejen de hacerlo e inducirlos a que implementen políticas de desarrollo que generen empleos. En realidad, estos países expulsores aplican políticas que bloquean el desarrollo de las empresas “capitalistas” generadoras de empleos.
Finalmente, la expulsión de los indocumentados causará una reducción de las remesas que estos envían a sus familias, lo que repercutirá en la disminución de las divisas que benefician a las oligarquías de Estado de los países mencionados.
La guerra entre Rusia y Ucrania tiene mucho que ver con la economía europea y con la paz en Europa. El interés de Rusia no es solo conseguir la subordinación de Ucrania sino principalmente la subordinación económica de Europa occidental. Las pulsiones profundas de la Rusia actual no han superado aún las pulsiones características de la ex Unión Soviética. Estas pulsiones tienen que ver con la incapacidad de la oligarquía de Estado rusa para desarrollar sus propios sectores industriales y su inmenso territorio. Para lograr esto la oligarquía rusa considera que solo con la explotación económica de Europa occidental y de Ucrania podrá resolver su propio atraso y subdesarrollo.
Ante este entuerto la administración Trump propone alcanzar la paz entre estos países mediante la cesión por Ucrania de la península de Crimea a Rusia. Esta propuesta es considerada obviamente poca cosa por Vladimir Putin, que quiere más. Por otra parte, para enfrentar la presión militar de Rusia a Europa occidental, la administración Trump considera que es necesario que los países europeos fortalezcan sus gastos de defensa. Estos gastos son actualmente mínimos.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
