a Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente el Amparo Constitucional interpuesto por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), dejando sin efecto una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le imponía la obligación de pagar, a favor de Fancesa, más de 744 millones de bolivianos por un caso de supuesta competencia desleal.
“La determinación de la Sala Segunda no solo consolida el respeto al Estado de derecho, también restaura las garantías constitucionales vulneradas y la confianza en la justicia boliviana; también preserva la fuente de trabajo de miles de personas y recupera la fe en el Estado boliviano de la inversión extranjera en un momento en que el país más requiere de estos capitales”, declaró Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de Soboce luego de conocerse la determinación.
Riveros sostuvo que la resolución emitida este viernes permite a la empresa cementera continuar trabajando, como lo hace desde hace casi 100 años y pensar en restablecer el programa de inversiones que la compañía tiene para Bolivia.
La abogada explicó que la resolución todavía debe ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre, pero confía en que esta instancia también obrará en justicia y ratificará la determinación del tribunal paceño.
Soboce cuestionó en reiteradas ocasiones la validez de dicho fallo, argumentando violación de garantías constitucionales, además de advertir que la sanción económica impuesta se basaba en jurisprudencia inaplicable a un asunto de naturaleza comercial, aplicable sólo a casos de delitos de lesa humanidad y genocidio, y ponía en riesgo miles de fuentes de empleo y enviaba señales negativas a la inversión privada en el país.
En efecto, uno de los puntos más polémicos del caso fue la aplicación de la figura del “daño al proyecto de vida” –utilizado exclusivamente para casos de derechos humanos y personas naturales– en una controversia entre empresas privadas, lo cual fue cuestionado por distintos sectores legales y empresariales.
El caso ha generado un debate amplio en torno a la seguridad jurídica, la independencia judicial y las condiciones para la inversión en Bolivia. Sectores sociales, empresariales y sindicales se pronunciaron públicamente sobre el tema, algunos incluso movilizándose en distintas ciudades del país en defensa de la estabilidad laboral y del respeto al Estado de derecho.
