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olivia se encuentra navegando una paradoja económica extraordinaria que está redefiniendo su ecosistema emprendedor. Mientras el país experimenta la inflación más alta en tres décadas —alcanzando 21.15% acumulada a julio de 2025— y una escasez crítica de divisas, su sector tecnológico muestra signos de una resiliencia sorprendente. Es como observar un jardín que florece en medio de una tormenta, una metáfora que encapsula la compleja situación del emprendimiento boliviano.

El ecosistema enfrenta restricciones estructurales formidables. La crisis macroeconómica ha creado un tipo de cambio oficial de 6.96 bolivianos por dólar mientras el USDT cotiza a 13.37 bolivianos, generando una brecha de aproximadamente 92% que refleja la valoración real del mercado. Para las startups tecnológicas, pagar licencias de software o contratar servicios en la nube se ha convertido en ejercicios de supervivencia donde las transferencias internacionales pueden costar hasta 70% en comisiones. El 76% de estas startups eligen constituirse legalmente en el extranjero buscando marcos jurídicos compatibles con instrumentos estándar del capital de riesgo que el código de comercio boliviano no contempla. El acceso al capital presenta una "brecha de Serie A" crítica: aunque un 88% de las startups financiadas planean nuevas rondas, los tickets de inversión oscilan entre 25,000 y 220,000 dólares, insuficientes para el escalamiento real.

En este contexto, las elecciones de 2025 presentan dos visiones radicalmente diferentes que representan filosofías económicas casi antitéticas sobre el papel del Estado y los mercados en el desarrollo tecnológico. Jorge Tuto Quiroga, veterano tecnócrata con experiencia previa como presidente interino durante 2001-2002, propone lo que denomina una "transformación revolucionaria y digital" que evoca las reformas estructurales de los años 90. Su estrategia económica es deliberadamente ortodoxa: disciplina fiscal draconiana —describiendo su enfoque como "motosierra, machete, tijera" para el gasto público—, apertura irrestricta a la inversión extranjera y búsqueda inmediata de un acuerdo con el FMI para restablecer la credibilidad internacional.

El programa "Bolivia Digital" de Quiroga trasciende la retórica gubernamental típica para abordar específicamente las patologías que aquejan al ecosistema emprendedor. Su propuesta incluye la digitalización integral del aparato estatal, la promoción activa de criptomonedas como alternativa al sistema financiero tradicional, y un programa dirigido de apoyo a startups tecnológicas. Crucialmente, contempla la eliminación de la doble imposición y la creación de un "Hospital de Empresas" para rescatar emprendimientos en dificultades, una innovación institucional que reconoce la alta mortalidad empresarial inherente al proceso de innovación.

Su agenda tributaria busca crear un sistema competitivo que facilite la constitución de empresas localmente, abordando directamente el problema estructural que lleva al 76% de las startups bolivianas a registrarse en el extranjero. La propuesta incluye incentivos específicos para la inversión ángel y simplificación regulatoria para instrumentos financieros complejos como las notas convertibles y los acuerdos SAFE (Simple Agreement for Future Equity), herramientas estándar de la industria global de capital de riesgo que el marco legal boliviano actual no contempla. La dimensión internacional de su estrategia es igualmente ambiciosa, proponiendo una agenda agresiva de acuerdos de libre comercio y la eliminación total de controles de capital, medidas que podrían transformar Bolivia de una economía semicerrada a una plataforma de integración regional.

Su equipo económico ha desarrollado un cronograma específico donde las negociaciones con el FMI comenzarían en los primeros 100 días, seguidas de reformas tributarias estructurales y la creación de zonas económicas especiales para empresas tecnológicas. Para el ecosistema emprendedor, Quiroga representa la ruta más directa hacia la integración con mercados globales de capital. Su enfoque ortodoxo atacaría las restricciones cambiarias que actualmente asfixian a las startups tecnológicas, mientras que su programa de simplificación regulatoria abordaría las deficiencias estructurales que impulsan el éxodo corporativo hacia jurisdicciones como Delaware. Su disposición a buscar un acuerdo con el FMI, aunque políticamente costosa, enviaría señales inequívocas de ortodoxia económica que podrían catalizar la llegada de fondos de capital de riesgo internacionales necesarios para superar la "brecha de Serie A".

En el extremo opuesto del espectro ideológico, Rodrigo Paz Pereira, economista de 57 años nacido en el exilio español e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha forjado una carrera política propia que lo llevó desde las bancas legislativas tarijeñas hasta la alcaldía de esa ciudad, navegando por diversas tiendas políticas antes de asumir la candidatura presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Paz articula una propuesta radicalmente diferente que desafía tanto la centralización estatal como la ortodoxia neoliberal. Su modelo de "Capitalismo para Todos" se articula en torno a dos pilares disruptivos: una simplificación fiscal extrema y una descentralización presupuestaria sin precedentes en América Latina. La "Agenda 50/50" de Paz propone transferir el 50% del presupuesto nacional directamente a gobiernos departamentales y municipales, una redistribución de poder económico que podría transformar la geografía de la innovación boliviana.

Esta descentralización radical busca romper la concentración del 93% de startups en el eje troncal La Paz-Santa Cruz-Cochabamba, permitiendo que regiones como Tarija, Sucre o Potosí desarrollen sus propios ecosistemas tecnológicos especializados. Su visión contempla "hubs de innovación departamentales" donde cada región podría especializarse según sus ventajas comparativas: Tarija en agtech vinculado al sector vitivinícola, Potosí en mintech para la industria extractiva, y Pando en soluciones forestales digitales. Esta estrategia territorial representa un experimento audaz de federalismo digital que podría democratizar las oportunidades de innovación más allá de las capitales tradicionales.

Su revolución tributaria es igualmente ambiciosa: un impuesto único y plano inferior al 10% que eliminaría la complejidad fiscal que actualmente disuade la formalización empresarial. Esta simplificación drástica no es meramente técnica sino filosófica, buscando crear lo que Paz denomina un "Estado minimalista pero eficiente" que maximice los recursos disponibles para el sector privado. Su propuesta incluye la eliminación de al menos 15 impuestos diferentes que actualmente gravan la actividad empresarial, reemplazándolos por un sistema unificado que podría resolver instantáneamente uno de los principales dolores de cabeza de las startups bolivianas.

En el ámbito tecnológico específico, Paz propone una inversión masiva en el Sistema Boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SIBCTI), elevando el gasto en I+D del actual 0.16% del PIB a 1% en cuatro años. Su estrategia incluye la creación de "plataformas digitales soberanas" que reduzcan la dependencia de tecnologías extranjeras, el establecimiento de un sistema nacional de blockchain para garantizar transparencia en la contratación pública, y la formación de 10,000 nuevos técnicos especializados anualmente a través de alianzas universidad-industria. Crucialmente, Paz se opone categóricamente a cualquier acuerdo con el FMI, argumentando que tales convenios comprometerían la soberanía económica necesaria para implementar su modelo descentralizador. En su lugar, propone movilizar capital interno a través de la creación de un "Banco Nacional de Desarrollo Tecnológico" financiado con recursos de la descentralización y orientado específicamente a apoyar startups en etapas tempranas.

Ambas propuestas presentan ventajas y riesgos sistémicos específicos para el ecosistema emprendedor. La propuesta de Paz ofrece una simplificación fiscal drástica que eliminaría las barreras burocráticas que actualmente incentivan la constitución en el extranjero, mientras que su enfoque en ciencia y tecnología atacaría la raíz del déficit de talento mediante inversión estratégica en investigación y desarrollo. La "Agenda 50/50" podría empoderar gobiernos regionales para crear ecosistemas de apoyo locales, fomentando un desarrollo tecnológico más distribuido geográficamente que rompería la histórica concentración en el eje troncal.

Sin embargo, su postura explícitamente anti-FMI y su énfasis en la movilización de capital interno podrían perpetuar el aislamiento financiero que caracteriza la situación actual. En un contexto donde Bolivia necesita acceso urgente a divisas y credibilidad macroeconómica internacional para resolver las restricciones cambiarias, el modelo de Paz podría generar mayor cautela entre inversores institucionales extranjeros precisamente cuando el país necesita integrarse con los mercados globales de capital. Su apuesta por la descentralización también presenta riesgos de fragmentación: si las capacidades de gestión a nivel departamental son débiles, los recursos podrían diluirse en múltiples iniciativas de menor escala sin alcanzar masa crítica para competir regionalmente. Por otra parte, la apuesta de Quiroga por el shock therapy económico, aunque potencialmente efectiva para atraer capital internacional, conlleva riesgos sociales y políticos significativos.

Su programa de ajuste fiscal podría generar turbulencia social que desestabilice el entorno de negocios que busca crear, mientras que su dependencia de financiamiento externo podría exponer al ecosistema emergente a la volatilidad de los mercados internacionales. La experiencia histórica sugiere que las reformas ortodoxas rápidas, aunque exitosas en términos macroeconómicos, pueden crear disrupciones sociales que eventualmente afecten la gobernabilidad necesaria para mantener la confianza de los inversores a largo plazo.

La realidad legislativa moderará cualquier agenda presidencial radical. Los resultados preliminares muestran un Congreso fragmentado donde el PDC de Paz lidera con 34.6% de diputados, seguido por la alianza Libre de Quiroga con 28.5%.

Esta matemática hace imposible la gobernabilidad sin coaliciones estables, garantizando que ninguna visión se implementará completamente y creando una ventana para que la comunidad emprendedora presente una agenda unificada que trascienda las divisiones partidarias.

El análisis comparativo de ambas propuestas revela que Jorge Tuto Quiroga ofrece la ruta más viable hacia la transformación del ecosistema boliviano de supervivencia a crecimiento acelerado. Su enfoque en estabilización macroeconómica y apertura a inversión extranjera atacaría directamente las restricciones cambiarias que actualmente limitan el escalamiento de startups. La eliminación de controles de capital y su agenda de libre comercio abordarían las barreras fundamentales que impiden la llegada de capital de riesgo extranjero, condición esencial para superar las limitaciones estructurales que mantienen al ecosistema atrapado en etapas iniciales.

La experiencia boliviana con criptomonedas durante 2025 demuestra que cuando los sistemas establecidos no satisfacen necesidades básicas, las innovaciones tecnológicas encuentran adopción acelerada. Esta lógica operativa podría extenderse a otros sectores tecnológicos si se crean las condiciones macroeconómicas adecuadas. La crisis actual ha creado un laboratorio donde las startups han desarrollado eficiencia operativa que podría convertirse en ventaja competitiva una vez normalizadas las condiciones, pero solo si el próximo gobierno resuelve las restricciones estructurales que mantienen al país en el aislamiento financiero internacional.

La pregunta central no es cuál candidato comprende mejor la tecnología, sino cuál puede crear condiciones para que Bolivia transite de un ecosistema de supervivencia a uno de crecimiento sostenido. La capacidad de atraer capital internacional de gran escala emerge como el factor diferencial más importante. Sin acceso a fondos de Serie A y posteriores, las startups más prometedoras seguirán migrando a ecosistemas más maduros, perpetuando la fuga de talento y capital que ha caracterizado la historia económica boliviana.

El próximo gobierno tendrá una oportunidad histórica de transformar la crisis actual en catalizador de una nueva economía digital. El dilema boliviano trasciende dinero y regulaciones para convertirse en una cuestión de identidad económica en un mundo interconectado. En esta ecuación compleja, donde coexisten restricciones severas con oportunidades emergentes, la elección presidencial determinará si Bolivia permanece como un exportador de talento y un importador de tecnología, o si logra convertirse en un hub regional de innovación capaz de competir en los mercados globales digitales del siglo XXI.

Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.