l 15 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión histórico en la economía boliviana cuando el dólar digital alcanzó los 20 bolivianos, registrando su cotización más alta jamás documentada en el país. Esta cifra no era simplemente un número en pantallas de intercambio, sino el termómetro de una crisis que había estado fermentando durante meses, alimentada por una combinación explosiva de declaraciones políticas desafortunadas, especulación masiva y profundas grietas en el sistema económico nacional.
La crisis se desencadenó cuando Armin Dorghanten, presidente de YPFB, pronunció sin fundamento técnico la frase que encendería la mecha especulativa: "no hay dinero para comprar diésel". Esta declaración, aparentemente técnica, desató una espiral de pánico que transformó el mercado de divisas en una montaña rusa financiera. En menos de una semana, el dólar paralelo saltó de 11,30 a 15,20 bolivianos, mientras los bolivianos se lanzaban masivamente a comprar criptoactivos como refugio ante la incertidumbre. Las plataformas de intercambio registraron compras superiores a 100 millones de dólares en activos virtuales, evidenciando cómo el pánico había encontrado en las criptomonedas su válvula de escape natural.
El contexto político añadió combustible al fuego especulativo. El 13 de mayo, el presidente Luis Arce había anunciado que no se postularía para la reelección, una declaración que, aunque aparentemente relacionada con la sucesión política, fue interpretada por los mercados como una señal de debilidad institucional. La fragmentación del Movimiento al Socialismo, con Evo Morales y Arce enfrentados en una batalla por el control del partido, había creado un ambiente de inestabilidad que los especuladores aprovecharon para amplificar sus operaciones.
La respuesta gubernamental llegó ocho días después con un paquete de medidas que cambiaría fundamentalmente las reglas del juego. El 23 de mayo, el gobierno anunció simultáneamente 11 medidas económicas y 7 decretos diseñados para enfrentar la crisis de divisas y controlar la especulación desenfrenada. El Decreto Supremo 5399 prohibió específicamente a YPFB realizar operaciones con activos virtuales o criptoactivos, eliminando de un plumazo las especulaciones sobre supuestas compras masivas de criptomonedas por parte de la empresa estatal. Esta medida fue particularmente efectiva porque atacaba directamente uno de los rumores que habían alimentado la especulación: la idea de que la empresa petrolera estatal estaba diversificando sus reservas hacia activos digitales.
El impacto fue inmediato y dramático. El dólar digital, que había tocado los 20 bolivianos apenas una semana antes, experimentó una caída libre que lo llevó desde 17,42 bolivianos hasta 15,60 en cuestión de horas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, documentó en tiempo real esta caída espectacular, que se prolongó durante toda la noche del viernes 23 de mayo. Los mercados habían reaccionado instantáneamente a las señales gubernamentales, demostrando cuán volátil se había vuelto el ecosistema financiero boliviano. Paralelamente, el Decreto Supremo 5404 elevó de 10.000 a 50.000 dólares el umbral para el ingreso de divisas al país sin trámites adicionales, reconociendo implícitamente la necesidad de facilitar el flujo de monedas extranjeras. Esta medida, aparentemente técnica, enviaba un mensaje claro: el gobierno reconocía la escasez de divisas y estaba dispuesto a flexibilizar controles para atraer dólares al sistema formal.
La estabilización, sin embargo, resultó ser un espejismo. Para el 26 de mayo, el dólar paralelo se había "normalizado" entre 16.37 y 16.43 bolivianos, manteniéndose en niveles que, aunque más bajos que el pico histórico, seguían siendo significativamente superiores a los registrados antes de la crisis. Durante junio, esta aparente estabilidad creó una falsa sensación de control con un tipo de cambio de hasta 14.80 bolivianos, pero los fundamentos económicos que habían alimentado la especulación permanecían intactos.
A principios de julio, la realidad se impuso nuevamente. El dólar paralelo volvió a escalar, cotizándose en 15,28 bolivianos para la compra y 15,20 para la venta, marcando un repunte de casi cincuenta centavos de bolivianos en menos de 24 horas. Esta volatilidad extrema no era casual: según datos de Binance, la cotización del USDT había oscilado entre 14,57 bolivianos el miércoles y 16,02 el jueves, evidenciando que los mercados de criptomonedas se habían convertido en el verdadero árbitro del tipo de cambio paralelo boliviano.
El economista Carlos Aranda calificó el fenómeno como "una burbuja" y "un ajuste momentáneo por la expectativa de un decreto sobre criptoactivos", una evaluación que demostraba cómo las medidas gubernamentales habían logrado apenas un efecto cosmético sobre problemas estructurales profundos. La naturaleza especulativa de los movimientos cambiarios se había vuelto evidente: los precios respondían más a rumores, expectativas y declaraciones políticas que a fundamentos económicos tradicionales.
Durante este período de crisis y recuperación parcial, los bolivianos habían desarrollado un sofisticado ecosistema de acceso a criptomonedas que funcionaba como un sistema financiero paralelo. El Banco BISA, pionero en servicios de custodia USDT, procesaba operaciones a través de su plataforma CriptoBISA en máximo 24 horas, permitiendo a los usuarios transferir fondos desde cuentas en bolivianos directamente a carteras digitales. El Banco de Crédito de Bolivia había lanzado en mayo un servicio que convertía automáticamente bolivianos a USDT y luego a dólares estadounidenses para transferencias internacionales, eliminando comisiones adicionales y ofreciendo límites de hasta 69.600 bolivianos por transacción.
Las plataformas peer-to-peer florecieron en este ambiente de demanda insatisfecha. Binance P2P se había convertido en el termómetro diario del tipo de cambio paralelo, cotizando aproximadamente a 14.10 bolivianos por USDT con comisiones del 0% para compradores. El Dorado P2P, aunque más costoso con comisiones del 1.23%, ofrecía flexibilidad al aceptar métodos de pago locales como Yape y transferencias a través de múltiples bancos bolivianos. Estas plataformas no solo facilitaban el acceso a criptomonedas, sino que habían democratizado el mercado de divisas, permitiendo que pequeños comerciantes y personas sin acceso a servicios bancarios tradicionales participaran en el ecosistema crypto. El comercio boliviano había comenzado a adaptarse a esta nueva realidad de manera pragmática. Desde la Salteñería La Heredera en Santa Cruz hasta las tiendas del Aeropuerto Viru Viru, los comerciantes habían comenzado a referenciar precios en USDT, convirtiendo a bolivianos según la cotización diaria. Esta práctica había introducido una estabilidad relativa en sectores que anteriormente sufrían la volatilidad del boliviano, permitiendo que pequeños empresarios mantuvieran márgenes operativos predecibles.
La transformación no se limitaba a grandes establecimientos. Restaurantes como Chiiitos, cadenas de comida rápida como Papi Pollo en Tarija, y agencias de viajes como Moza Viajes habían integrado pagos con criptomonedas, creando un circuito comercial real que respaldaba la adopción masiva. Los códigos QR para pagos inmediatos se habían vuelto comunes, y muchos comerciantes ofrecían descuentos para transacciones en USDT, reconociendo las ventajas de velocidad y certidumbre que ofrecían sobre las transferencias bancarias tradicionales. Este ecosistema había generado estadísticas impresionantes. Las transacciones electrónicas con criptomonedas habían crecido un 89% durante los primeros cinco meses de 2025, con un promedio de 77 operaciones por persona en mayo. Las proyecciones sugerían que el boliviano promedio realizaría 200 operaciones anuales con activos virtuales, una cifra que rivalizaba con los países más avanzados en adopción crypto a nivel mundial.
Sin embargo, la regulación gubernamental había quedado rezagada respecto a la realidad del mercado. El Decreto Supremo 5384, promulgado el 7 de mayo para regular las Empresas de Tecnología Financiera, había establecido un marco normativo pionero pero incompleto. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) había recibido un plazo de 40 días hábiles para emitir la reglamentación específica, pero al 3 de julio, este plazo había vencido sin que se publicaran las directrices prometidas.
Esta demora regulatoria había creado un limbo normativo que mantenía a las empresas fintech en la incertidumbre. Más de 40 empresas fintech operaban ya en el país sin marcos regulatorios específicos, navegando entre la innovación tecnológica y la ausencia de certidumbre jurídica. El decreto había definido conceptos fundamentales como activos virtuales, blockchain y proveedores de servicios de activos virtuales, pero la implementación práctica dependía de reglamentaciones que no llegaban.
La situación había expuesto las limitaciones de un enfoque regulatorio reactivo. Las medidas de mayo habían logrado estabilizar temporalmente los mercados, pero no habían abordado las causas estructurales que habían alimentado la especulación. Bolivia enfrentaba una caída dramática de sus reservas internacionales netas, que habían disminuido desde los 15.122 millones de dólares en 2014 hasta niveles críticos en 2025. Las exportaciones de gas natural, columna vertebral de la economía boliviana, habían colapsado un 69% en valor durante una década, eliminando la principal fuente de divisas del país.
La crisis política había agravado estos problemas estructurales. La fragmentación del MAS había generado bloqueos de carreteras, denuncias cruzadas por corrupción y una inestabilidad institucional que alimentaba la especulación. La no aprobación de créditos externos por más de 1.800 millones de dólares en la Asamblea Legislativa había limitado el ingreso de divisas justo cuando el país más las necesitaba.
Las redes sociales habían amplificado estos problemas, creando cámaras de eco donde la desinformación y el pánico se retroalimentaban. Plataformas como TikTok habían sido invadidas por opinadores sin criterio técnico que contribuían a generar pánicos financieros que se traducían inmediatamente en movimientos de precios. Esta dinámica había demostrado cómo la era digital podía acelerar y amplificar crisis financieras tradicionales.
El futuro inmediato parecía cargado de incertidumbre. El senador Andrónico Rodríguez había advertido que la escasez de dólares se agudizaría durante 2024 y 2025, mientras que el Banco Mundial proyectaba un crecimiento del PIB de apenas 1,5% para 2025. Bolivia había cerrado 2024 con una inflación del 9,97%, la más alta en 16 años, y los indicadores sugerían que la presión inflacionaria podría intensificarse.
Las criptomonedas, en este contexto, habían evolucionado desde una alternativa tecnológica hacia una necesidad económica. El USDT se había convertido en una unidad de cuenta de facto, un refugio de valor contra la devaluación del boliviano y una herramienta práctica para realizar transacciones internacionales. Su adopción no era el resultado de una estrategia gubernamental planificada, sino la respuesta orgánica de una sociedad que había encontrado en la tecnología financiera una solución a problemas que el sistema tradicional no podía resolver.
La experiencia boliviana desde mayo de 2025 ilustra cómo las crisis pueden acelerar transformaciones tecnológicas que, en circunstancias normales, encontrarían resistencia institucional y social. La escasez de dólares físicos no solo había impulsado la adopción de criptomonedas, sino que había creado un laboratorio natural para experimentar con nuevas formas de organización económica. Este experimento continua desarrollándose, con implicaciones que trascienden las fronteras bolivianas y ofrecen perspectivas valiosas sobre el futuro de las finanzas digitales en economías emergentes enfrentando crisis estructurales.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
