o sucedido el miércoles 26 de junio fue una vergonzosa confabulación del Gobierno y de los militares contra el pueblo boliviano y la democracia que apenas sobreviven. No se puede tipificar como golpe o como autogolpe un burdo montaje que nunca cuestionó la autoridad presidencial y parece que tuvo otros fines más espurios.
Así, el Gobierno y el propio presidente Arce, al jugar semejante tramoya, han mellado la dignidad de los bolivianos al considerarlos idiotas e incapaces de darse cuenta de tan burdo montaje y esa falta de respeto de parte de las autoridades requiere, ahora, un desagravio que limpie el honor y la dignidad de los bolivianos.
A pesar de que el modelo plurinacional ha fracasado y el ciclo histórico nacional populista se ha agotado, el presidente Luis Arce quiere volver a ser candidato para retener el poder por el poder, pero sabe que puede perder. Para resolver ese problema quiso mejorar su imagen, apareciendo como la víctima de un burdo montaje militar y convertirse en el paladín defensor de la democracia. Ese hecho se constituye en un nuevo factor del proceso de erosión de la democracia que viene realizando el Gobierno y viene generando incertidumbre en la gente y la desmovilización de sus demandas.
Esta erosión de la democracia y la generación de incertidumbre en la población se viene realizando, además, desde diferentes ámbitos: - A nivel económico. Están dejando que todo se descomponga; no hay solución real a los diferentes problemas que sufre la población y sólo se recurre a paliativos y a posponer, deliberadamente, las tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo (procastrinar). Está conducta está generando un acumulado de bronca que podría explotar en cualquier momento.
- A nivel institucional. Todo ha sido desorganizado, precarizado y la normativa es un “saludo a la bandera”. No hay Tribunal Constitucional Plurinacional legítimo (los exmagistrados autoprorrogados son personas que están usurpando funciones y sus sentencias no tienen ningún efecto legal) y se han convertido en una instancia ilegítima que pretende administrar el país y acostumbrar a la gente como algo normal el manoseo de las leyes en la perspectiva del manejo discrecional que puedan hacer en las futuras elecciones nacionales.
- A nivel social. Han dividido las organizaciones sociales; realizan negociaciones sin mayores resultados y las soluciones las van postergando para más tarde.
- A nivel político. Quieren instalar la incertidumbre por la falta de certeza del rumbo que se vaya a seguir hasta las próximas elecciones nacionales.
Si a todos estos niveles añadimos lo sucedido el miércoles 26 de junio, parece ser que lo que el Gobierno quiere es que todo se descomponga, aún más, que la gente sufra todos los problemas agudizados y se encuentre en un estado de incertidumbre y desesperación que lo ponga a merced de lo que pueda venir y en eso que pueda venir, creen que serán ellos los salvadores de un desastre que ellos mismos han generado durante años.
Así, sin institucionalidad, sin perspectiva electoral, sin referentes sociales y políticos, la crisis económica hará el trabajo de desintegración, de desestructuración del tejido social, donde la regla sea la del individualismo y el “sálvese quien pueda”.
¿Qué hacer frente a toda esta situación?
Después de lo sucedido el miércoles, queda más claro que hay que cambiar, democráticamente, de gobierno y de modelo económico.
Estamos frente a un régimen que ha tocado fondo, que quiere tratarnos como idiotas, que ha demostrado que puede usar todas las armas para mantenerse en el poder; frente a ello, el accionar político de la oposición democrática deber ser inteligente y serena. Es fundamental que, aún en esta débil democracia, el entuerto pasa por la realización de las elecciones judiciales y la acción de la sociedad debería estar alineada en este sentido.
Por otra parte, en la perspectiva de las elecciones nacionales debería exigirse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Parlamento varias medidas que garanticen la realización de elecciones nacionales limpias. Esto significa un nuevo padrón electoral y TREP; el rediseño de los escaños y las circunscripciones de acuerdo a los resultados del censo nacional; la modificación del calendario electoral y la anulación de las elecciones primarias cerradas y exigir que se realicen elecciones primarias abiertas simultáneas, obligatorias y competitivas.
Frente a todo lo anterior, el desafío mayor, por el momento, es superar la dispersión de las demandas y las acciones. Es necesario unificar las demandas del movimiento ciudadano con los problemas políticos señalados y desarrollar una acción conjunta que permita resolver los problemas políticos para poder resolver, efectivamente, en otro escenario, los problemas económicos.
Édgar Cadima Garzón es matemático y educador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
