n un artículo anterior sostuve que Bolivia había dado un giro de 180 grados en su política exterior. Ese cambio no era menor ni puramente diplomático: significaba dejar atrás una política exterior marcada durante años por alianzas ideológicas con gobiernos vinculados al llamado socialismo del siglo XXI, para pasar a una etapa más abierta, orientada a reconstruir relaciones con países que antes parecían lejanos. En ese análisis señalé que la cancelación del acuerdo de cooperación con Irán, el acercamiento a Estados Unidos, la reanudación de relaciones con Israel y la salida de espacios políticos como el ALBA-TCP mostraban que Bolivia no solo estaba cambiando de aliados, sino también intentando redefinir su lugar en el mundo.
Ese giro hacia afuera ayuda a entender mejor la crisis interna que hoy vive el país. No se trata únicamente de bloqueos, falta de alimentos, escasez de gasolina, medicamentos u oxígeno, ni solamente de una presión social contra el Gobierno. Lo que está en juego parece ser mucho más profundo. Bolivia intenta dejar atrás una forma de ejercer el poder que, durante casi dos décadas, se sostuvo en la ideología, el control territorial, la presión política, la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad y las denuncias presuntas sobre vínculos peligrosos entre política, delincuencia y narcotráfico. Por eso, para los sectores que estuvieron en el poder bajo esa lógica, este nuevo rumbo resulta difícil de aceptar.
Pero ese cambio hacia afuera solo puede sostenerse si Bolivia también cambia hacia adentro. No se puede hablar de apertura al mundo, recuperación de confianza internacional o nueva política exterior si, al mismo tiempo, el Estado no puede garantizar el libre tránsito, el abastecimiento, la seguridad, la justicia y el control efectivo de su territorio. En otras palabras, el giro de 180 grados en la política exterior exige también un giro profundo en la forma de gobernar el país.
La reacción de los grupos movilizados debe entenderse en ese marco. No solo protestan contra medidas económicas o actos de corrupción; también resisten la pérdida de un modelo de poder construido durante años. Ese modelo utilizó el bloqueo, la presión social, el control territorial, la dependencia clientelar y la captura de instituciones como formas de poder paralelo. Por eso, cuando el Estado intenta recuperar autoridad, abrirse al mundo y reconstruir relaciones internacionales sobre nuevas bases, aparecen resistencias internas. Algunos sectores buscan demostrar que el verdadero poder no está en la Constitución ni en las instituciones, sino en la capacidad de bloquear, desabastecer, paralizar las ciudades y generar presión en las calles.
La actual crisis boliviana debe entenderse como una disputa entre dos modelos de Estado. Por un lado, un Estado que intenta recuperar autoridad, institucionalidad y presencia internacional. Por otro, sectores que pretenden conservar formas de poder construidas al margen de la democracia. Desde esta perspectiva, hablar de soberanía ya no significa solamente defender al país frente a amenazas externas; también significa recuperar el control interno del Estado, garantizar que la Constitución esté por encima de cualquier grupo de presión, impedir que el narcotráfico o la delincuencia condicionen la política y asegurar que ningún sector pueda tomar como rehén a la población.
La verdadera soberanía empieza cuando el ciudadano puede circular libremente, trabajar, comprar alimentos, recibir atención médica, expresar sus ideas y vivir sin miedo. Bolivia atraviesa una crisis que ya no puede verse como una simple pelea política. La Paz y El Alto, ciudades centrales para la vida política, económica y social del país, han sentido directamente los efectos de los bloqueos y la angustia de miles de familias que no saben si podrán circular, trabajar, comprar alimentos o atender una emergencia médica. Cuando una región empieza a sentirse sitiada, el problema deja de ser solo del Gobierno o de los grupos movilizados: se convierte en un problema de todos.
En momentos como este se habla mucho de soberanía, pero normalmente se la entiende como defensa de la bandera, las fronteras, el territorio y la independencia nacional. Esa idea, sin embargo, queda incompleta. Un país también pierde soberanía cuando el Estado deja de controlar su propio territorio, cuando no puede garantizar el libre tránsito, cuando la ley no se cumple y cuando los caminos quedan bloqueados por grupos de presión. Hay soberanía cuando una persona puede salir sin miedo, llegar a su trabajo, llevar a un enfermo al hospital, comprar medicamentos, cargar combustible, abrir su negocio y expresarse libremente sus ideas sin que la paz del país dependa de la voluntad de grupos movilizados. Si todo eso queda condicionado por la presión de unos cuantos, la soberanía deja de ser una realidad y se convierte en la violación de los derechos humanos de toda una población.
La crisis que hoy vive Bolivia no apareció de un día para otro. Es el resultado de varios años de malas decisiones, falta de planificación y una fuerte dependencia del gas natural. Durante mucho tiempo, los ingresos del gas dieron estabilidad; sin embargo, no se aprovechó ese periodo para diversificar la economía, fortalecer la producción ni preparar al país para una caída de esos recursos.
Cuando las exportaciones de gas comenzaron a disminuir, también se redujeron los ingresos del Estado. A eso se sumó la caída de las reservas internacionales, que funcionaban como el ahorro del país para importar combustible, sostener la economía y enfrentar momentos difíciles. Tampoco puede dejarse de lado la corrupción en entidades y empresas públicas. Al perder gran parte de esos recursos, Bolivia quedó con menos capacidad para responder a la escasez de dólares, la falta de gasolina y el aumento de precios de la canasta familiar.
Por eso, las filas para conseguir pollo, comestibles, gasolina, diesel, la subida de los alimentos, la escasez de productos y la pérdida del poder adquisitivo no son hechos aislados. Son la consecuencia de una crisis acumulada durante años, agravada por peleas políticas, falta de conducción y decisiones que llegaron tarde. En el fondo, Bolivia está pagando el costo de no haber corregido el rumbo cuando todavía había tiempo.
En esa misma línea y recogiendo la reflexión de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española, periodista e historiadora, conocida por su defensa de la democracia y su crítica a los populismos autoritarios en Iberoamérica, corresponde recordar que la democracia exige respetar la “legitimidad de un gobierno” recientemente posesionado, especialmente cuando apenas lleva seis meses en funciones. En esta situación, Bolivia necesita que el presidente Paz Pereira tenga coraje político o, como diría el pueblo, “huevos para gobernar”. Pero no para actuar con violencia ni autoritarismo, sino para tomar las riendas del país, asumir decisiones firmes, garantizar el orden y conducir una salida democrática basada en el diálogo, la negociación y el respeto a la vida.
Lo que no puede admitirse es que la presión de las calles sustituya a la institucionalidad democrática o desconozca la voluntad popular expresada en las urnas. La crítica es legítima y necesaria en democracia, pero no puede convertirse en un instrumento para romper la Constitución, forzar decisiones al margen de la ley o conducir al país hacia un gobierno de facto impuesto por la presión. Por eso, lo que hoy vive Bolivia debe entenderse con claridad; los bloqueos no solo afectan al Gobierno; afectan, sobre todo a la gente común. Afectan al enfermo que necesita medicamentos, al transportista que no puede trabajar, al comerciante que pierde su mercadería, a la familia que sufre por el alza de precios y al trabajador que no puede llegar a su fuente laboral. En el fondo, bloquear el país termina siendo bloquear la vida de los propios bolivianos que, no pueden trasnportar a enfermos en ambulancias para llegar a un hospital y encuentran como destino la muerte.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se va a permitir que Bolivia siga bloqueada? ¿Hasta cuándo se va a dejar que falten alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno? ¿Hasta cuándo se va a permitir que la gente común sea la más afectada por el interés de una persona o de un grupo político? El país necesita una salida urgente. Pero esa salida no puede ser la violencia ni la imposición. Tiene que ser mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la Constitución, no mediante armas, amenazas, secuestro o el cerco de La Paz y El Alto y las carreteras del país.
Bolivia necesita autoridades capaces, con firmeza, responsabilidad y decisión; autoridades que tengan el coraje de gobernar, poner orden y buscar una solución real antes de que la crisis siga creciendo y llegue a una escalada sin precedentes. El Estado no puede confundir prudencia con parálisis. La prudencia es necesaria para evitar violencia innecesaria; la parálisis, en cambio, abandona a la ciudadanía. Gobernar exige diálogo, pero también decisión. Exige escuchar, pero también proteger. Exige respetar derechos, pero también impedir que unos derechos sean utilizados para destruir los derechos de los demás.
La Constitución Política del Estado refuerza esta obligación. El artículo 172 establece, entre las atribuciones del Presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, mantener la unidad del Estado, dirigir la administración pública y conducir las políticas de gobierno. Es decir, el mandato presidencial no es protocolar ni pasivo. El poder democrático existe para ser ejercido dentro del territorio en base a la Constitución, no fuera de ella.
En esta crisis también se ha hablado de crimen organizado, financiamiento de movilizaciones y poderes paralelos. Sobre ese punto hay que ser prudentes, las acusaciones sobre narcotráfico, financiamiento ilícito o vínculos criminales deben investigarse y probarse ante la justicia. No corresponde convertir afirmaciones políticas en verdades penales sin el debido proceso. Pero tampoco se puede ser ingenuo. Porque, es claro que una movilización prolongada requiere recursos económicos, logística, alimentación, transporte, comunicación, liderazgo y coordinación. Por eso, el Estado y la sociedad tienen derecho a saber quién financia y sostiene esos bloqueos, con qué recursos y con qué finalidad. No se trata solo de bloquear el país y exigir la renuncia del Presidente, detrás de ciertas movilizaciones también puede existir la intención de amparar o proteger intereses indefendibles.
El problema ya no es solo criminal; también es territorial e institucional. Si un territorio se convierte en una zona donde el Estado no puede ingresar, si una organización impone condiciones al margen de la ley, si una autoridad judicial no puede hacer cumplir una orden de aprehensión o si una ciudad depende de la voluntad de grupos que controlan rutas, entonces la soberanía estatal está siendo debilitada. La verdadera soberanía exige que ningún poder criminal, sindical, político, económico o territorial se coloque por encima de la Constitución. De ahí surge una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la soberanía nacional cuando organizaciones criminales logran penetrar estructuras del Estado y amenazan la seguridad de la región y del continente?
A esto se suma otro riesgo; el populismo autoritario. Este no siempre actúa con armas ni con violencia directa. Muchas veces opera mediante discursos, reformas legales, presión sobre jueces, control de instituciones, ataques a la prensa y debilitamiento de los contrapesos democráticos. Una democracia no consiste solamente en ganar elecciones. Las urnas dan legitimidad para gobernar, pero no autorizan a capturar el Estado ni a convertir la crítica en traición. Sin jueces independientes, el ciudadano no puede defenderse del abuso. Sin prensa libre, la sociedad no puede conocer la verdad. Sin órganos electorales confiables, el voto pierde valor. Sin separación de poderes, la autoridad se transforma en concentración de poder.
Por eso, defender la Democracia no significa defender ciegamente al Gobierno de turno, significa defender el Estado de Derecho, cualquiera sea el partido político que esté en el poder.
También debe hablarse de la dependencia, la ayuda social es necesaria cuando protege a los sectores vulnerables. Un Estado justo debe ayudar a quienes lo necesitan, pero una cosa es ayudar a una persona a ponerse de pie y otra muy distinta es mantenerla de rodillas. Una política social sana crea capacidades e independencia. Una política clientelar crea obediencia y miedo a perder beneficios. Cuando un ciudadano depende completamente del favor político, le cuesta más reclamar, votar distinto, criticar o decir no. Y la capacidad de decir no al poder también es una forma profunda de soberanía personal, estos criterios dependen en gran manera de la eduación recibida.
En medio de este contexto ha surgido una propuesta política de alto impacto, impulsar un referendo revocatorio, pedir la renuncia del Presidente, acortar el mandato o adelantar elecciones. Este punto debe tratarse con seriedad, porque no basta con afirmar que existe descontento social, ya que en un Estado democrático constitucional como el nuestro, el descontento social no puede imponerse ya que tiene canales, reglas y límites.
La Constitución Política del Estado de 2009 reconoce la revocatoria de mandato, pero no como una herramienta disponible en cualquier momento ni como resultado automático de bloqueos o presión social. El artículo 240 establece que toda autoridad electa puede ser revocada de su mandato, excepto las autoridades del Órgano Judicial. Pero también fija límites claros; la revocatoria solo puede solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato y no puede realizarse durante el último año de gestión. Esto significa que un referendo revocatorio no puede usarse como consigna inmediata para resolver una crisis social. Si se pretende activarlo antes de que se cumpla la mitad del mandato presidencial, la propuesta tendría un problema constitucional evidente, ya que no sería viable. La soberanía popular no se ejerce por fuera de la Constitución, sino a través de ella.
Además, el artículo 168 de la CPE establece que el periodo de mandato del Presidente y del Vicepresidente es de cinco años. Por eso, cuando el artículo 240 exige que haya transcurrido al menos la mitad del mandato para solicitar la revocatoria, busca proteger un equilibrio; permite el control ciudadano, pero evita que cualquier conflicto político convierta la estabilidad democrática en rehén de la presión o de la movilización. El Órgano Electoral Plurinacional también establece requisitos formales. Para revocar autoridades nacionales se requieren firmas y huellas dactilares de al menos el 25% del padrón nacional electoral, incluyendo al menos el 20% del padrón de cada departamento. Además, la convocatoria debe hacerse mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto demuestra que la revocatoria no es un grito de la calle convertido automáticamente en elecciones; es un procedimiento formal, con requisitos, plazos, límites y control institucional.
Al haber llegado hasta aquí, paso a paso a explicar y distinguir entre renuncia, sucesión, revocatoria y elecciones anticipadas. La Constitución boliviana establece que el Presidente “cesa” en sus funciones por muerte, renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o revocatoria de mandato. Esto quiere decir que los sectores sociales pueden pedir políticamente la renuncia, pero esta solo produce efectos jurídicos si se presenta formalmente ante la Asamblea Legislativa. La presión en las calles, los bloqueos o las movilizaciones no constituyen un mecanismo legal y menos sustituyen el procedimiento constitucional. Si prospera una revocatoria presidencial, el Presidente cesa de inmediato en sus funciones, asume la Presidencia quien ejerza la Vicepresidencia y debe convocarse de forma inmediata a elecciones presidenciales, las cuales deben realizarse en un plazo máximo de noventa días.
Entonces, al vivir en un Estado de Derecho, estas normas permiten comprender algo fundamental; las salidas democráticas solo pueden darse por medio de la Constitución, sin trampas, bloqueos, ni presión. Solo puede haber revocatoria si se cumple con el artículo 240 y con los requisitos electorales correspondientes. Solo puede haber renuncia si esta es presentada ante la Asamblea Legislativa, y solo puede haber sucesión si se respetan las reglas constitucionales.
Así, se entiende que puede haber elecciones únicamente después de una revocatoria y bajo las condiciones previstas por la Constitución. La democracia no consiste solo en votar; también exige respetar reglas, plazos, procedimientos y mandatos. Si cada crisis social permitiera reducir mandatos o adelantar elecciones por presión social o territorial, la estabilidad democrática quedaría sometida a la capacidad de bloqueo o al capricho de los grupos más fuertes manifestada en las calles. Eso no es soberanía popular, sino la captura de la soberanía por quienes tengan más fuerza en las vías públicas.
Por eso, la propuesta de referendo revocatorio o renuncia presidencial debe ser analizada con cuidado, aún no procede en la vía como ha sido planteada. Puede existir descontento social, reclamos legítimos, críticas duras al Gobierno y demandas de cambio; pero nada de eso autoriza a reemplazar la Constitución por la presión social. El referendo revocatorio es una herramienta democrática, no un mecanismo de chantaje político. Su legitimidad depende de que se active conforme a la Constitución, no como resultado de un cerco, un bloqueo o una amenaza de paralizar el país.
La Paz, en este contexto se ha convertido en el símbolo de una soberanía en tensión. Cuando falta gasolina, escasean medicamentos, no llegan alimentos, los enfermos no pueden trasladarse, el comercio se paraliza y las familias viven con incertidumbre, la pregunta deja de ser teórica ¿quién protege a la gente? La soberanía debe sentirse en la posibilidad de ir al hospital, comprar alimentos, trabajar, circular y vivir sin miedo. Si el ciudadano no puede hacer eso, entonces el Estado tiene una deuda pendiente con su función más básica; garantizar la seguridad, la tranquilidad, el libre tránsito y el respeto a la ley.
El país necesita una salida democrática, pero esa salida no puede confundirse con la ruptura constitucional o el adelantamiento de de lecciones o renuncia del Presidente. Al mismo tiempo, el Gobierno no puede usar la defensa de la institucionalidad como excusa para no actuar. Defender la democracia también significa garantizar alimentos, medicamentos, combustible y libre tránsito. La Constitución no solo organiza el poder; también protege a la población. Por eso, la ruta razonable debe combinar diálogo real, libre tránsito, corredores humanitarios, investigación de delitos, aprehensión de instigadores a delinquir cuando corresponda, protección de derechos humanos y respeto a la Constitución. El Gobierno debe escuchar demandas legítimas, pero no puede permitir que la población sea tomada como rehén. Debe evitar la violencia, pero también debe evitar la parálisis. Debe respetar la protesta, pero impedir que la protesta se convierta en asfixia colectiva.
Bolivia no puede acostumbrarse a vivir bloqueada. Un país que normaliza el cerco normaliza también la debilidad del Estado, y cuando el Estado se debilita no gana el pueblo, ganan los grupos que actúan sin control, sin responsabilidad y sin rendición de cuentas. La verdadera soberanía no se defiende solo mirando hacia afuera, se defiende también mirando hacia adentro; enfrentando el crimen, limitando el abuso político, reduciendo la dependencia, fortaleciendo la justicia, protegiendo la libertad y garantizando que ningún ciudadano sea rehén en su propio país.
El Gobierno debe gobernar, eso significa ejercer autoridad mediante la Constitución y las leyes, significa proteger la protesta legítima, pero impedir que se convierta en castigo colectivo contra la población, significa escuchar al pueblo, pero no permitir que un grupo sustituya al pueblo, significa respetar los mecanismos democráticos, pero no admitir que la presión territorial reemplace al voto ni a la ley. En este momento crítico, Bolivia necesita más diálogo que imposición, más negociación que ruptura y más responsabilidad que cálculo político. La crisis que atraviesa el país es demasiado grave como para ser usada solo como instrumento de presión para forzar la salida del Presidente.
El desabastecimiento, la falta de gasolina, la escasez de medicamentos, los bloqueos y la angustia ciudadana exigen una respuesta seria, humana, institucional, constitucional y sometida a la ley. La defensa del orden democrático exige que esta controversia política se resuelva dentro del marco constitucional, respetando la voluntad popular expresada en las urnas y evitando que la presión de grupos particulares sustituya a las instituciones. En momentos de crisis, los bloqueos, la confrontación y la paralización del país no pueden convertirse en mecanismos legítimos para condicionar a la justicia, forzar decisiones políticas o imponer intereses individuales sobre el interés general. Por ello, la única salida responsable y compatible con el Estado de Derecho debe ser una negociación seria, leal y efectiva entre los actores involucrados, orientada a pacificar el país, restablecer la libre circulación, garantizar el abastecimiento y preservar la institucionalidad democrática.
El descontento social que hoy vive Bolivia, con más de 36 días de bloqueos, presión en las calles, desabastecimiento y tensión política, se parece en ciertos aspectos a lo ocurrido en Ecuador durante los paros nacionales de 2019 y 2022. En ambos casos, la protesta dejó de ser un reclamo sectorial y se convirtió en una crisis de gobernabilidad, donde el Estado tuvo que buscar un equilibrio difícil; respetar el derecho a la protesta y al mismo tiempo, garantizar la libre circulación, el abastecimiento, la seguridad y el orden público.
En Ecuador, el primer antecedente importante ocurrió en octubre de 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno, cuando la eliminación de los subsidios a los combustibles mediante el Decreto Ejecutivo 883 provocó once días de protestas, bloqueos y enfrentamientos. El conflicto terminó el 13 de octubre de 2019, después de un diálogo directo entre el Gobierno y la dirigencia indígena, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La solución fue dejar sin efecto el Decreto 883 y conformar una comisión para elaborar una nueva propuesta sobre subsidios. El segundo caso fue el paro nacional de junio de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según el académico Pablo Ospina Peralta, investigador de FLACSO, ese paro duró 18 días y fue una de las protestas más largas en Ecuador. La movilización fue impulsada principalmente por la CONAIE, junto con la FEINE y la FENOCIN y tuvo como ejes el precio de los combustibles, el costo de vida, la política petrolera, la minería y otras demandas sociales. La salida ecuatoriana en 2022 no fue la caída del Gobierno ni la ruptura constitucional, fue la firma de un Acta por la Paz, el 30 de junio de 2022, entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entre los acuerdos estuvieron la reducción adicional del precio de los combustibles, la derogatoria del Decreto Ejecutivo 95 sobre política petrolera, la reforma del Decreto Ejecutivo 151 sobre minería en zonas protegidas y la instalación de mesas de diálogo por 90 días.
La comparación con Bolivia deja una enseñanza clara; cuando una protesta se prolonga y empieza a afectar derechos fundamentales de la población, la salida no puede ser únicamente la fuerza, pero tampoco la rendición del Estado ante la presión. Ecuador mostró que, incluso en escenarios de alta conflictividad, la solución más razonable fue abrir una negociación formal, con mediadores reconocidos, compromisos escritos, plazos definidos y medidas verificables. Para Bolivia, eso significa que la salida debería pasar por una negociación seria, leal e institucional. Esa negociación podría contar con mediadores nacionales o internacionales y, si la crisis se agrava, también podrían considerarse los mecanismos de cooperación democrática previstos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La finalidad no sería intervenir el país, sino pacificarlo, restablecer la circulación, garantizar el abastecimiento y preservar el orden constitucional.
Luego de la tormenta debe venir la calma, como ocurre en toda confrontación. Para ello, Bolivia necesita una salida democrática, seria y responsable frente al bloqueo. No necesita un estado de excepción; necesita “un Estado de Derecho”, donde impere la ley y se respeten los derechos humanos de toda la población, que hoy soporta esta crisis. La solución no está en la confrontación ni en la presión, sino en una negociación real, legal y verificable, con respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y a la voluntad popular expresada en las urnas.
Resulta necesario abrir de inmediato un espacio de diálogo amplio, con funcionarios capacitados, comprometidos y no improvisados, además de mediadores confiables, entre ellos la Iglesia, las universidades y los actores sociales con personería que plantean demandas en la sociedad civil. Asimismo, siguiendo experiencias similares como la negociación en Ecuador, podrían participar organismos internacionales o instancias de acompañamiento democrático, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Conferencia Episcopal, la Unión Europea u otros organismos multilaterales que ayuden a facilitar el diálogo, generar confianza entre las partes y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Sin dejar de lado la promulgación y futira aplicación de la nueva ley sobre el estado de excepción por parte del presidente Paz Pereira, que buscará preservar la paz social, proteger derechos fundamentales, garantizar corredores humanitarios y restablecer el orden constitucional, evitando tanto la violencia como la parálisis del Estado.
Estos mecanismos, con objetivos concretos, pueden ayudar a pacificar el país, levantar los bloqueos, garantizar el libre tránsito, restablecer el abastecimiento y evitar que la crisis siga golpeando a los ciudadanos. Solo por ese camino Bolivia podrá recuperar la paz social mediante una salida institucional, sin violencia, sin imposiciones y sin romper el orden democrático legalmente establecido.
Asdruval Columba Joffré es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
