n mi anterior artículo sobre la agenda pos-La Haya entre Bolivia y Chile y el llamado Plan Escudo Fronterizo, publicado en Datápolis el 25 de abril de 2026, planteé una primera reflexión sobre migración, seguridad y control fronterizo. A partir de ese análisis, surge ahora una mirada más amplia.
El problema fronterizo ya no puede verse solamente como un asunto de migración; es necesario distinguir dos realidades diferentes, por un lado, la migración laboral de personas que migran buscando trabajo y mejores oportunidades; y por otro lado, el crimen organizado, que se aprovecha de esas mismas fronteras para abrir rutas ilegales, reclutar personas, lavar dinero, corromper autoridades y ampliar sus actividades ilícitas.
Sobre esa base, este nuevo artículo avanza hacia una investigación de mayor alcance, ya no se trata solo de observar lo que ocurre en la frontera entre Bolivia y Chile, sino de comprender cómo las mafias, los carteles, las pandillas transnacionales y las nuevas drogas sintéticas están cambiando la seguridad de toda América Latina.
La idea es sencilla, no podemos confundir a una persona migrante con un delincuente. Muchas personas cruzan una frontera porque necesitan trabajar, cuidar a su familia o buscar una vida mejor. Esa es una realidad humana que debe entenderse con seriedad y respeto. Otra cosa muy distinta son los grupos criminales, que se aprovechan del desorden, la pobreza, la falta de trabajo, las fronteras mal controladas y la poca presencia del Estado para traficar droga, lavar dinero, extorsionar, traficar personas y sembrar violencia.
Por eso, cuando hablamos del avance del narcotráfico, las mafias y las nuevas formas de crimen, no debemos mirar el problema como si la migración fuera la causa. El verdadero peligro está en las organizaciones delictivas que usan las rutas migratorias, los caminos comerciales y los territorios sin control para convertir zonas en lugares de operación criminal. Y hay hechos que muestran la gravedad de este problema: algunos asesinatos dejan de ser una simple noticia policial y se convierten en una señal de alarma. Cuando la víctima es una autoridad judicial, cuando el crimen se comete con frialdad y los asesinos llegan, disparan y se van como si hubieran cumplido una orden, ya no se trata solo de un ataque contra una persona. Es un mensaje contra la justicia por la ausencia del Estado.
Lo que debe preocuparnos hoy es que el narcotráfico y las mafias no aparecen de un día para otro ni muestran desde el inicio su verdadero rostro. Primero avanzan en silencio: controlan rutas, compran vehículos, lavan dinero, reclutan jóvenes, corrompen funcionarios y buscan protección. Al principio funcionan como una economía ilegal casi invisible, pero cuando se sienten fuertes dejan de esconderse. Ya no solo trafican droga: también siembran miedo, compran voluntades y conciencias —como decía Benjamín Miguel— eliminan obstáculos y se atreven a desafiar a la Policía, a jueces, fiscales, ministros, candidatos, políticos y magistrados.
El fentanilo no nació como una droga callejera, fue creado originalmente con fines médicos en Bélgica, por el médico y farmacólogo Paul Janssen, fundador de Janssen Pharmaceutica, para aliviar dolores intensos y servir como anestésico. Sin embargo, con el tiempo, su fabricación ilegal cambió completamente el problema. Hoy, muchas redes criminales usan precursores químicos provenientes de distintos países, entre ellos China, para producir fentanilo ilegal en laboratorios clandestinos. Por eso, aunque el fentanilo fue creado como medicamento, su versión ilegal se ha convertido en una de las drogas más peligrosas del mundo.
El fentanilo es muy peligroso porque una cantidad muy pequeña puede matar. Según la DEA, solo 2 miligramos pueden ser suficientes para causar la muerte. Además, en 2026 se incautaron millones de pastillas falsas con fentanilo y grandes cantidades de polvo de esta droga. Esto muestra que el narcotráfico ya no solo mueve droga de un lugar a otro, sino que también produce sustancias mucho más mortales y difíciles de controlar.
El fentanilo también cambió la manera en que operan las mafias. Antes, drogas como la cocaína necesitaban cultivos, grandes terrenos, transporte pesado y rutas más visibles. En cambio, el fentanilo puede fabricarse con químicos en laboratorios clandestinos y trasladarse en cantidades pequeñas. Por eso es tan peligroso: no hace falta mover toneladas para causar daño. Un paquete pequeño puede contener miles de dosis, y una sola pastilla falsa puede matar a una persona.
Frente a esta amenaza, Estados Unidos decidió endurecer su lucha contra el narcotráfico. En su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada por la Casa Blanca el 4 de mayo de 2026, se señala que el gobierno adoptó nuevas medidas contra el fentanilo. Entre ellas, la firma de la HALT Fentanyl Act, que clasifica los compuestos relacionados con esta droga como sustancias altamente peligrosas, y la decisión de tratar a ciertos carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Además, el documento advierte que el fentanilo y los químicos usados para producirlo representan una amenaza grave para la seguridad nacional.
Esa es la llamada “tríada legal”, es decir, una política que une tres herramientas para enfrentar el narcotráfico moderno, especialmente el tráfico de fentanilo. La primera herramienta es el derecho penal antidrogas, que sirve para castigar la producción, distribución y tráfico de fentanilo, sus precursores y otras sustancias relacionadas. La segunda es el derecho antiterrorista, aplicado a partir de la Orden Ejecutiva 14157, firmada en Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Esta orden permitió que ciertos carteles y organizaciones criminales transnacionales puedan ser tratados como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados. En palabras sencillas, ya no se los mira solo como grupos dedicados al narcotráfico, sino como organizaciones capaces de generar violencia, controlar territorios, corromper instituciones y afectar la seguridad nacional.
La tercera herramienta son las normas financieras de seguridad nacional, como la FEND OFF FENTANYL Act, que permite imponer sanciones económicas y financieras contra quienes participen en el tráfico internacional de fentanilo, sus precursores u otros opioides relacionados. Su objetivo es cortar el dinero que sostiene a estas redes: bloquear bienes, perseguir cuentas, sancionar apoyos financieros y debilitar a quienes colaboran con estas organizaciones.
En conjunto, esta tríada muestra un cambio importante: el narcotráfico ya no se trata solo como un delito de drogas, sino también como una amenaza criminal, financiera y de seguridad nacional. Por eso, después de la Orden Ejecutiva 14157, el Departamento de Estado designó a varias organizaciones bajo estas categorías, entre ellas carteles mexicanos, el Tren de Aragua y la MS-13. Los carteles mexicanos están vinculados al narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, violencia y corrupción; el Tren de Aragua nació en Venezuela y se expandió por América Latina; y la MS-13 o Mara Salvatrucha es una pandilla transnacional de origen centroamericano, asociada con extorsión, homicidios y control territorial.
El mensaje es claro: el narcotráfico ya no debe verse solo como un delito de drogas. Hoy debe entenderse como una amenaza mucho más grande, porque afecta la salud pública, mueve dinero ilegal, fortalece al crimen organizado, controla territorios, corrompe funcionarios y debilita las instituciones. Esta realidad también toca a América Latina. Las mafias normalmente avanzan por etapas: primero usan un territorio como ruta de paso; luego buscan gente local que los ayude; después compran protección; más adelante lavan dinero; y finalmente, cuando se sienten fuertes, se instalan y se quedan.
Colombia ya vivió esta historia en los años ochenta. Al comienzo, los carteles actuaban en silencio y de manera escondida, pero con el tiempo llegaron a desafiar directamente al Estado. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, marcó un antes y un después, porque desde ese momento la guerra entre el Estado colombiano y el Cartel de Medellín fue abierta. Años después, el asesinato de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989, candidato presidencial que defendía la extradición de narcotraficantes, confirmó algo todavía más grave: las mafias ya no solo querían proteger sus negocios ilegales, también estaban dispuestas a eliminar a quienes amenazaran su poder político y económico. Estos hechos mostraron cómo el dinero del narcotráfico podía entrar en campañas, partidos políticos, instituciones y en la vida social de un país.
La lección colombiana fue muy dura. En los años ochenta y noventa, el narcotráfico no solo traficaba droga: también empezó a matar a quienes lo enfrentaban. El 30 de abril de 1984 fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla; el 17 de diciembre de 1986 fue asesinado el periodista Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador; y el 18 de agosto de 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien defendía la extradición de narcotraficantes. La violencia también golpeó a otros líderes políticos: Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987, Bernardo Jaramillo Ossa el 22 de marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leongómez el 26 de abril de 1990. Estos asesinatos mostraron que las mafias ya no solo querían proteger sus negocios ilegales, sino también sembrar miedo, influir en la política y eliminar a quienes amenazaban su poder.
Ecuador recibió una advertencia parecida con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, periodista y exlegislador, ocurrido en Quito en agosto de 2023. Villavicencio denunciaba la corrupción y el crimen organizado, y fue asesinado en plena campaña electoral. Según reportes internacionales, cinco personas fueron condenadas por el crimen, algunas vinculadas a la banda Los Lobos, mientras continuaban las investigaciones para determinar quién ordenó el asesinato. Este caso mostró cómo el miedo criminal puede entrar directamente en la política democrática y atacar a quienes denuncian las redes de corrupción y narcotráfico.
México también ha sufrido durante décadas la violencia de los carteles. Estos grupos no solo disputan rutas de droga, sino también territorios, municipios, alcaldías y espacios de poder local. La violencia ha golpeado a candidatos, autoridades y comunidades enteras. En estados como Sinaloa y Michoacán se han denunciado vínculos entre crimen organizado, poder político, desapariciones y control territorial. El caso de Uruapan volvió a mostrar esa realidad: tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, su esposa Grecia Quiroz asumió el cargo y denunció que en Michoacán “gobierna el crimen organizado”.
Paraguay y Colombia también fueron escenario de un crimen muy simbólico contra la justicia antimafia. El fiscal paraguayo Marcelo Pecci, conocido por investigar narcotráfico y crimen organizado, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 durante su luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena. Ese asesinato dejó una señal muy clara: el crimen transnacional no respeta fronteras, países, vacaciones ni momentos personales. Cuando decide matar, persigue a su víctima donde sea.
En Argentina también se han conocido casos alarmantes, especialmente en Rosario y Santa Fe, zonas golpeadas por la violencia narco. Allí se han registrado ataques contra viviendas de jueces y policías, amenazas contra funcionarios y hechos que muestran cómo las bandas buscan intimidar a la justicia y al Estado. El patrón vuelve a repetirse: cuando las mafias sienten que la justicia las alcanza, intentan golpear a la justicia para sembrar miedo y frenar las investigaciones. Estados Unidos tampoco ha estado fuera de esta historia. El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, secuestrado, torturado y asesinado en México en 1985 por una red vinculada al narcotráfico, marcó profundamente la política antidrogas norteamericana. Años después, Rafael Caro Quintero fue llevado ante una corte estadounidense acusado, entre otros cargos, por ese crimen. Este caso dejó una enseñanza dura para Washington: los carteles no solo trafican droga hacia Estados Unidos, también pueden atacar a sus agentes cuando los ven como una amenaza.
Europa tampoco está libre de este problema. Italia vivió una de las etapas más oscuras de su lucha antimafia cuando la Cosa Nostra asesinó en 1992 a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, símbolos de la justicia italiana contra la mafia siciliana. Malta también sufrió un golpe grave con el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, quien investigaba corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y redes de poder. Estos casos muestran que el crimen organizado no es solo un problema latinoamericano: es una amenaza global que ataca a jueces, fiscales, periodistas, policías, candidatos y autoridades cuando siente que su poder está en riesgo.
Todos estos casos tienen algo en común: cuando el crimen organizado ataca a una autoridad, no lo hace al azar. Mata para advertir, para imponer miedo y para obligar al silencio. Su mensaje es claro: su poder no se queda solo en las calles, también puede llegar a tribunales, fiscalías, campañas electorales, ministerios, medios de comunicación e instituciones públicas.
Bolivia debe mirar estos casos como una advertencia urgente. En los últimos días, el país ha visto señales que no pueden volverse normales. Según reportes de prensa, entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026 seis personas fueron asesinadas por sicarios, entre ellas un magistrado del Tribunal Agroambiental. De manera preliminar, estos hechos estarían vinculados a economías ilegales, principalmente al narcotráfico y a disputas de tierras, con características propias del crimen organizado: uso de armas de fuego, ataques directos, violencia planificada y fuga inmediata de los autores. Además, medios nacionales informaron que Santa Cruz registró varios asesinatos recientes, con víctimas acribilladas incluso en espacios públicos, lo que ha generado un clima de alarma frente al avance de la violencia criminal.
Pero el hecho que marca un límite grave es el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza. Según la información difundida por la prensa, sicarios lo atacaron en Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba ingresar a su domicilio. Recibió cuatro disparos y una de las líneas de investigación apuntaba a un posible vínculo con conflictos de tierras. La Agencia Boliviana de Información también informó que cuatro personas fueron aprehendidas por este crimen y que el caso fue declarado en reserva.
La reacción del Órgano Judicial fue inmediata. El abogado Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que este asesinato no podía verse como un hecho aislado. Según Red Uno, denunció una “ausencia total del Estado” y afirmó que “las mafias, los grupos criminales le torcieron el brazo a la seguridad del Estado”. El Deber también recogió una de sus frases más fuertes: “No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”. Días después, La Razón informó que Saucedo calificó el asesinato de Claure como “un mensaje” al Órgano Judicial y advirtió que la criminalidad instalada en el país busca generar efectos dentro del sistema judicial.
Esa frase debe preocuparnos profundamente. Cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia dice que el sicariato le dobló el brazo al Estado, no se trata solo de una expresión de dolor o indignación. Es una advertencia institucional. Cuando una autoridad judicial es asesinada a sangre fría, el crimen no golpea únicamente a una familia ni a un tribunal: golpea directamente a la justicia. Busca sembrar miedo en jueces, fiscales, investigadores y autoridades. Busca que quienes deben decidir, investigar o firmar resoluciones piensen dos veces antes de tocar determinados intereses. En otras palabras, busca que el Estado retroceda.
Por eso, el asesinato de Claure no puede quedar como una cifra más dentro de la violencia criminal. Es una señal grave. Es el tipo de hecho que, en otros países, apareció al inicio de etapas mucho más peligrosas de violencia mafiosa. Colombia lo vivió con ministros, periodistas y candidatos; Ecuador, con un candidato presidencial; Paraguay, con un fiscal antimafia; Italia, con jueces; Argentina ha detectado planes contra jueces, fiscales y autoridades; y Malta vio caer a una periodista que investigaba corrupción y crimen organizado. Bolivia debe tomar estas experiencias como una advertencia y enfrentar con seriedad el avance de estas mafias.
El narcotráfico y las mafias son peligrosos porque no buscan convivir con la ley; buscan someterla. Primero necesitan rutas. Luego necesitan protección. Después necesitan impunidad. Y cuando la impunidad ya no basta, recurren al terror. Allí aparece el sicariato como lenguaje político-criminal, un disparo no solo mata, también comunica.
Las últimas muertes en Bolivia, y especialmente el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, deben obligarnos a mirar el problema con seriedad. No se trata únicamente de decomisar droga ni de contar detenidos. Se trata de impedir que las economías ilegales se instalen, se reproduzcan y capturen el Estado. Se trata de cortar el lavado de activos, controlar fronteras y rutas, perseguir a los financiadores, proteger a jueces y fiscales, investigar a quienes dan cobertura desde dentro de las instituciones y reconstruir la presencia estatal donde hoy mandan el miedo y el dinero ilegal.
La conclusión es inevitable, cuando el narcotráfico mata consumidores, hay una tragedia en la familia y salud; cuando mata rivales, hay una guerra criminal; pero cuando mata autoridades judiciales, hay una amenaza directa al Estado de Derecho.
Bolivia está a tiempo de reaccionar, pero no de minimizar. El peor error sería decir que son casos aislados. Ningún país cae en manos de las mafias de un día para otro. Primero se acostumbra al lenguaje de la violencia. Luego tolera la corrupción. Después negocia con el miedo. Y cuando quiere reaccionar, descubre que el crimen organizado ya no está afuera, está adentro.
El asesinato de un magistrado no puede ser tratado como una noticia más, debe entenderse como una alarma nacional, porque cuando el Estado no protege a sus jueces, la justicia empieza a hablar con miedo, y cuando la justicia habla en voz baja, las mafias ganan espacio, desafían a la autoridad y ocupan el vacío que deja la ausencia del Estado.
Asdruval Columba Joffré es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
