n los últimos meses, Bolivia ha experimentado un cambio importante en su política exterior. Este giro no solo modifica sus alianzas y relaciones internacionales, sino que también permite comprender mejor la relación entre el Derecho Internacional, la diplomacia y la geopolítica. La firma del memorándum de cooperación en materia de seguridad entre Bolivia e Irán en 2023, que en su momento fue presentada como un instrumento técnico, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Su posterior cancelación marca el inicio de una transformación más profunda en la forma en que Bolivia se posiciona frente al mundo. En este contexto, la decisión de dejar sin efecto dicho acuerdo, junto con el acercamiento a Estados Unidos, nos muestra un cambio en la orientación internacional del país.
Sin embargo, este proceso no puede comprenderse sin mirar hacia atrás, todo se origina en la política exterior impulsada desde 2006 durante el gobierno de Evo Morales, caracterizada por el alineamiento con países como Irán, Venezuela, Cuba, Rusia, China, Turquía, Siria y Nicaragua entre otros, dentro de una lógica de cooperación Sur–Sur y la construcción de bloques alternativos como el ALBA. En ese contexto, en julio de 2023, bajo el gobierno de Luis Arce, el ministro de Defensa Edmundo Novillo firmó en Teherán un instrumento con su homólogo iraní orientado a la cooperación en seguridad, control fronterizo y tecnología como drones. No obstante, lo que inicialmente representó una continuidad de esa política terminó convirtiéndose en un punto de quiebre. La cancelación del acuerdo y la reorientación diplomática muestran que Bolivia no solo está cambiando de dirección, sino que está dando un giro completo en su política exterior, pasando de un alineamiento ideológico a un enfoque más estratégico. En términos prácticos, esto representa un giro de 180 grados.
Este giro se hace aún más evidente al observar el reposicionamiento de Bolivia frente a actores clave del sistema internacional. Por un lado, la cancelación del acuerdo con Irán marca el abandono de una política exterior ideologizada; por otro, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en diciembre de 2025 refleja una apertura hacia actores antes distantes. Paralelamente, el acercamiento a Estados Unidos se desarrolla de manera progresiva mediante la reactivación de canales diplomáticos y una mayor disposición a cooperar en temas estratégicos, aunque sin alcanzar aún el restablecimiento pleno de embajadores ni la eliminación del régimen de visados. A esto se suma la salida de Bolivia del Grupo de La Haya en marzo de 2026, una coalición de carácter político que impulsaba acciones contra Israel en el contexto del conflicto en Gaza, pero que no constituía una organización jurídica vinculante. Esta decisión fue justificada oficialmente bajo el argumento de priorizar los canales institucionales de las Naciones Unidas. En conjunto, estos hechos muestran una reconfiguración más amplia: Bolivia pasa de un esquema de alianzas ideológicas a un enfoque diferente, donde predominan los intereses estratégicos.
En este nuevo escenario, Bolivia se presenta como un país que vuelve a apoyarse en principios del orden internacional, como el diálogo, la solución pacífica de controversias y el respeto entre Estados. Sin embargo, más que un cambio jurídico, esta posición acompaña la nueva dirección del país y le da una apariencia de mayor legitimidad. En el fondo, se trata de un ajuste político y estratégico en su posicionamiento internacional.
Dentro de este contexto, también es clave entender la clase de los documentos que firman los Estados, en el Derecho Internacional, no todo tratado o instrumento genera obligaciones jurídicas. Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un tratado existe cuando hay una intención clara de crear obligaciones. En la misma línea, la doctrina señala que muchos acuerdos firmados son simplemente declaraciones políticas o entendimientos preliminares; esta diferencia es fundamental, ya que el lenguaje utilizado por los Estados no siempre refleja con precisión lo que realmente firman o suscriben.
Aplicado al caso boliviano, si el documento firmado en 2023 con Irán fue un memoramdun de intenciones o un acta de negociaciones y no un tratado, entonces no generaba obligaciones internacionales ni requería una terminación formal, así lo entendió Irán. En consecuencia, Bolivia no canceló un tratado, sino que dejó sin efecto una intención de cooperación en vista al cambio de su política exterior. Esto demuestra que términos como “acuerdo”, “memorándum”, “pacto” o “cancelación” responden más a una decisión política que a un tema jurídico, evidenciando cómo el Derecho Internacional es utilizado en las relaciones internacionales.
Este fenómeno se entiende mejor al ver el contexto global. Las decisiones de Bolivia de alejarse de Irán, acercarse a Estados Unidos e Israel y salir del Grupo de La Haya no responden solo a razones jurídicas, sino a un cambio estratégico. En un escenario internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, incluyendo el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026, en este sentido vemos como Bolivia se está reposicionando dentro de un nuevo equilibrio de poder.
Para entender mejor este proceso, la doctrina resulta clave, como señalan Antonio Cassese, Anthony Aust y el internacionalista boliviano Fernando Salazar Paredes, así vemos cómo el Derecho Internacional está fuertemente influido por las relaciones de poder y los intereses de los Estados. El caso Bolivia–Irán lo demuestra claramente: el Derecho Internacional no funciona como un límite rígido, sino como un lenguaje que los Estados utilizan para explicar y justificar decisiones que, en el fondo, responden a intereses geopolíticos.
En definitiva, lo que parecía una simple cancelación de un acuerdo revela un proceso mucho más profundo. En ejercicio de la soberanía y de la libertad para definir la política exterior, Bolivia no solo pone fin a un instrumento internacional, sino que impulsa una redefinición de su posicionamiento estratégico en el sistema internacional. Este giro en la política exterior es, ante todo, estratégico ya que implica un cambio de alianzas y prioridades. En este contexto, el Derecho Internacional actúa como una herramienta de legitimación, mientras que los intereses y el entorno global determinan el rumbo del Estado.
En esta nueva etapa con el acercamiento a los Estados Unidos, después de más de una década sin intercambio de embajadores desde 2008, envía una señal clara a la comunidad internacional. Sin embargo, el verdadero desafío es traducir este giro en resultados concretos. Mientras países como Argentina y Chile acceden al Programa de Exención de Visas gracias a altos niveles de confianza institucional y estabilidad, Bolivia aún permanece fuera de ese esquema. Por ello, no basta con cambiar de aliados, es fundamental construir credibilidad, estabilidad y confianza de manera sostenida en el tiempo.
Finalmente, Bolivia está abriendo sus puertas al mundo y el mundo comienza a abrirse a Bolivia mediante mayores oportunidades de inversión y comercio. No obstante, para que este proceso sea sostenible, es fundamental fortalecer el marco interno, especialmente mejorando la legislación en materia de arbitraje e inversiones, con el fin de garantizar mayor seguridad jurídica. Solo así este giro de 180 grados dejará de ser un cambio coyuntural y se convertirá en una transformación real y duradera del posicionamiento internacional del Estado boliviano.
Asdruval Columba Joffré es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
