a crisis en Bolivia sigue su curso, no da respiro, se manifiesta en los diferentes escenarios con una dureza tal, que solo el coraje de los bolivianos podrá sobrellevarla y en su momento resolverla.
Sus manifestaciones son complejas, ahora estalla con la suspensión de la visa a varios ciudadanos bolivianos por parte del gobierno norteamericano que ha impulsado el apresamiento y juzgamiento del fiscal general Róger Mariaca y otros involucrados por la comisión de delitos vinculados con el narcoterrorismo.
A diferencia de otros hechos que no han sido resueltos, pese a su gravedad, el caso Mariaca no podrá dejárselo en el limbo dadas las condiciones externas e internas que han agotado los margenes de impunidad, eludir su tratamiento podría derivar en un proceso altamente explosivo e incontrolable.
La penetración del narcotráfico en el aparato de estado para promover, encubrir, proteger y facilitar la comisión de delitos en nuestro territorio y más allá de nuestras fronteras, es tan evidente que seguir en el silencio, la inacción o la permisión, pone en peligro la estabilidad y existencia misma del estado.
El poderío de las mafias transnacionales es tan inmenso que una lucha aislada en contra de ellas es imposible, máxime si el estado afectado es pequeño y débil como el nuestro, las fuerzas narcoterroristas nos han dejado en la obsolescencia y las bases conceptuales sustentadoras de nuestro ser deben ser redimensionadas, la sola voluntad estatal interna para la resolución de estos dramas, es una pretensión destinada al fracaso. Urge un cambio de nuestro andamiaje legal y constitucional.
El caso Mariaca ha desnudado la existencia de una institucionalidad formal precaria e ineficaz, mantener al Ministerio Público sin mayores cambios, suponiendo que el reemplazo de su máxima autoridad por otro profesional es suficiente, no percibe que en el futuro inmediato podría ser la base de la reproducción de la crisis.
El Ministerio Público fue convertido en un centro mafioso contrario a la esencia de su razón de ser, el mandato constitucional “… defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública.” fue pulverizado, la entidad encargada de luchar contra el delito terminó siendo su promotora, de este modo, Roger Mariaca es la cabeza de una organización delictiva, la comisión de delitos que le atribuyen, no fueron actos aislados en el ejercicio de sus funciones.
El legislativo, ha dictado una ley destinada unicamente a resolver quien será su reemplazante y no ha tomado ninguna medida que contribuya a una lucha mayor, dejar en manos de una sola persona la conducción del Ministerio Público penetrado por el narcotráfico, simplemente posterga los problemas y no apunta a la recuperación de la dignidad de una institución importante.
Esta es la grave deficiencia de la ley recientemente promulgada, que solo atina a modificar el articular 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, quien se haga cargo de semejante responsabilidad en soledad o rodeado de conversos, tendrá que ser respaldado por las fuerzas democráticas que impidan caiga en manos de los grupos delincuenciales que operan en su seno, el libreto masista de la conspiración interna ya lo vimos en YPFB y la ANH.
El parlamento pudo ir más allá con mensajes mucho más contundentes en contra de la delincuencia organizada superando miedos y riesgos legítimos, porque la denuncia en contra del fiscal Mariaca, ha abierto un camino sin retorno en la necesidad de restituir del estado de derecho.
Las soluciones temporales tendrán que mirar el horizonte y escudriñar el fondo del conflicto, lo sucedido no es producto de comportamientos de seres torcidos y excepcionales que operan en beneficio propio, es un sistema que opera desde el estado y que debe ser extirpado sin contemplación.
Elegir un subrogante del fiscal detenido es lo coyuntural, lo importante es recuperar la institucionalidad del Ministerio Público y lograr que cumpla sus funciones en un clima de certidumbre y respeto.
El caso Mariaca debe ser entendido como una oportunidad para recuperar la institucionalidad democrática, porque en consonancia con las palabras del gran Franz Tamayo: “Nadie es impunemente poderoso.”
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
