a gestión del gobierno de Paz Pereira ya tiene una marca y un rumbo que no serán modificados, salvo que suceda algo extraordinario.
Sus decisiones son de corto aliento, no tiene un plan de gobierno, la falta de planificación y sostenibilidad son inocultables, sus medidas las toma al calor de las exigencias de la coyuntura sin percibir el horizonte, con ello contribuye a degradar al estado y reducirlo peligrosamente a su mínima expresión.
No es que quiera construir un Estado liberal en el que las funciones de gobierno se limitan a lo esencial, como la seguridad, la justicia y la defensa nacional, no, es la caricaturización de las funciones estatales, activada por el propio Gobierno.
La dimensión del Estado ha llegado a tal punto, que Bolivia transita por los caminos de la intrascendencia regional, los recurrentes desaciertos y enjuagues con el pasado jamás son explicados, simplemente son y punto, nadie es responsable, suceden porque así lo manda el destino.
En las narices de todos, el Estado boliviano se desmorona en lugar de superar sus deficiencias, la inercia se impone en la gestión gubernamental que contribuye a la constitución de un estado primario incapaz de cumplir con las funciones elementales de un estado moderno.
Los gobernantes y los políticos no se conmueven, son actores de la banalidad, les gusta viajar, efectuar comentarios carentes de solidez intelectual, asistir a eventos sociales de toda laya, efectuar declaraciones circenses, lucir su ignorancia y especular sin resolver nada.
Es la normalización de las miserias de un Estado que ha sido caracterizado por la academia y los organismos internacionales desde la década del 90 del siglo pasado, como estado fallido.
Alternativamente han surgido otras que catalogan a los Estados como débiles o frágiles o miden a los paises con índices de eficacia y avance de la democracia, todas estas, en general, tienen algo en común “se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional.” sus gobiernos son ineptos en “dotar de personal a los cargos públicos…” lo que conlleva inevitablemente a procesos de corrupción y delincuencia generalizada, como lo señala la revista The Economist,
En Bolivia muchos intelectuales, analistas, columnistas y políticos han advertido de que ya somos un Estado fallido. Pese a la gravedad de lo afirmado poco se ha hecho para evitar llegar a este punto, por el contrario, parecería que el gobierno está empeñado en darles la razón.
El Estado boliviano no tiene presencia efectiva en el Chapare, las instituciones como la Policía y las FFAA piden permiso para estar en ese territorio o son motivo de inspecciones cotidianas por quienes debían ser controlados, ambas entidades en el ejercicio de sus funciones deben estar a tono con los requerimientos de los sindicatos de cocaleros y de personajes con cuentas pendientes con la justicia.
Somos el único país en el mundo, en pleno siglo XXI, que no tuvo embajadores por varios meses y ahora tiene solo dos, no importa, nadie nos ha borrado del mapa, es más, somos parte de las NNUU en cuyo seno el presidente Paz se ha dirigido a la comunidad internacional afirmando de que en Bolivia hay narcoterroristas que activaron un bloqueo criminal de 53 días, seguramente varios de los asistentes se quedaron con la duda de qué hizo el presidente ante semejante flagelo, claro no saben que él solo denuncia y avisa los dramas y desastres pero no toma ninguna decisión.
Después de casi un año de mandato se percata que funcionarios del pasado gobierno complotan desde el aparato de estado en su contra, como él no tiene partido político, no cuenta con personas que puedan acompañarlo en la gestión se contenta con recurrir a parientes, amigos y algún que otro oligarca que seguramente lo apoyó electoralmente, en consecuencia, el estado sigue en caída libre.
La relación caótica entre órganos, ha posibilitado que se tomen medidas repudiables respecto a sospechosos de la supuesta comisión de graves delitos, cuyos autores han sido beneficiados por benevolentes fallos, mientras a otros detenidos políticos del anterior gobierno se los mantiene en el calvario de procesos interminables, el estado no cuenta con un andamiaje juridico solvente.
La dictación de normas por el Parlamento, común en cualquier democracia, ha sido reemplazada por la emisión de decretos supremos que en lugar de ordenar desordenan y su laxo cumplimiento está sometido a la voluntad de los destinatarios que ponen en duda la fuente de su origen.
No hay un solo mensaje o signo que nos de esperanza, siguen soplando los vientos de conflicto y caos, la democracia arrinconada no encuentra a conductores de talla que la representen.
La confrontación existente sigue en la lógica autoritaria y depredadora del pasado, de tal modo que todos los caminos nos conducen a un estado fallido cuyo protagonista principal es el gobierno nacional.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
