l presidente salvadoreño Nayib Bukele es un controvertido dictador de la era digital, que ha recuperado territorios controlados por las pandillas implementando un régimen de excepción continuo desde 2022 que ha permitido la detención de miles de salvadoreños para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT.
Goza de elevados índices de popularidad, debido fundamentalmente a que ha reducido las tasas de homicidio a niveles mínimos y eliminado a las maras causantes de la criminalidad en El Salvador.
Este modelo ha sido objetado por organismos internacionales por la violación a los derechos y garantías de las personas, la prórroga indefinida del régimen de excepción que ha derivado en detenciones masivas y arbitrarias y, por los abusos cometidos y las muertes producidas en prisión.
La sostenibilidad de dicho modelo, solo puede ser posible afectando al régimen democrático e implementar uno autoritario en el que la violencia estatal, progresivamente, se incremente. Para salvaguardar su plan tuvo que reformar la constitución salvadoreña, permitiendo la reelección indefinida, que concentra el poder en sus manos y posibilita una persecución penal publica obviando, muchas veces, las reglas de juego conquistadas con grandes esfuerzos.
En la acera del ciudadano común, el vivir sin ser agredido por el crimen, es un alivio, pero ante la probabilidad de que la persecución y encarcelamiento de inocentes se produzca con más frecuencia debido a la arbitrariedad, ese alivio podría devenir en agresión violenta estatal. El modelo bukeniano está reñido con el estado de derecho.
En Latinoamérica muchos gobiernos han sido contagiados y quieren emular a Bukele con cárceles gigantescas, sin medir las consecuencias, afirmándose en una visión puramente punitiva ante la arremetida incontrolable de la delincuencia, que ha rebasado la capacidad de los estados.
Los admiradores del Bukele suponen que construyendo cárceles estilo CECOT habrán resuelto estos problemas, pese a que diferentes estudios han demostrado que la imposición de severas penas no ha contribuido a disuadir a los delincuentes y más bien las reincidencias son el efecto no buscado.
Hace días atrás el gobernador de Santa Cruz se ha incorporado al club de fans de Bukele y ha decidido impulsar la construcción de una mega cárcel para 5.000 internos denominada La Tumba.
Bolivia y más aún Santa Cruz, no cuentan con una política criminal que oriente las acciones estatales y regionales para combatir el delito, el sistema punitivo existente privilegia el endurecimiento de los castigos y no ha sido la solución porque el conflicto social persiste y jamás fue debidamente encarado con la implementación responsable de modelos como la justicia restaurativa, el garantismo penal o la prevención social, pese a ser anunciados hasta el agotamiento.
La iniciativa del gobernador cruceño, en lugar de contribuir a resolver el problema de fondo, podría alimentar la generación de conflictos de mayor envergadura. Que Velasco, proponga un nombre tan impertinente como La Tumba lo identifica como una autoridad inserta en el campo de la pura punición y denota que no comprende la magnitud del conflicto.
La utilización de los términos tiene una significación y con ellos hay que tener cuidado; tumba es el lugar destinado a depositar a los muertos, en una cárcel no se depositan muertos sino personas vivas que han sido privadas de su libertad por la comisión de algún delito y pese a sus acciones repudiables tienen el derecho a la vida que debe ser garantizada por el Estado.
La propuesta del gobernador es inconstitucional y violatoria de tratados internacionales. El usar el termino tumba implica que el gobernador esta amenazando de muerte a los eventuales moradores de su posible obra y ese no es su rol.
El sistema penitenciario en Bolivia requiere de otras soluciones alejadas de la venganza pública, lo que corresponde es que los niveles de gobierno acuerden la dictación de una política criminal que prevenga, controle y permita la reacción del estado frente al delito que afecta la paz social.
Se requieren nuevas leyes con un enfoque moderno, nuevos procedimientos que agilicen las decisiones jurisdiccionales, instituciones alejadas de la corrupción, un sistema penitenciario que incorpore las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela y tome debida nota de la jurisprudencia de Derechos Humanos.
La violencia y la amenaza del mundo criminal, debe ser respondida con políticas estatales que impulsen la proporcionalidad y la razonabilidad como principios rectores y no visiones promotoras de la venganza violenta.
La Tumba es una respuesta desesperada al descontrol de la comisión de delitos, sobre todo, del delito trasnsnacional, que ha crecido gracias a la inacción o la complicidad del propio estado, en consecuencia, el que tiene que cambiar es el estado asumiendo políticas que respondan a esa realidad.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
