l gobierno nacional persiste en dictar medidas puntuales para enfrenar la crisis, sin tomar en cuenta que lo que se requiere son medidas integrales que apunten al todo.
No es un problema de gustos asumir una postura en uno u otro sentido, sino ver cómo se evita prolongar en el tiempo el conflicto que ponga en riesgo la pervivencia de la democracia. La inacción gubernamental, la acción parcial o global, no será aceptada por las fuerzas antidemocráticas, ellas están en guerra frente a un gobierno políticamente débil, cuyas horas parecen estar contadas sino no asume su verdadero rol.
Los errores políticos se pagan, el no haber desarticulado la conspiración después de los 53 días de bloqueos criminales y permitido que los bloqueadores se retiren a sus cuarteles de invierno a reponerse de la derrota sufrida, fue un acto de ineptitud y de una pésima instrumentación del estado de excepción.
La debilidad gubernamental tiene un plus perverso, la fragilidad estatal que le impide cumplir con sus funciones a través de instituciones sólidas porque el estado plurinacional las destrozó o debilitó al grado de la inoperancia.
La ausencia de un sistema de partidos políticos sobre los que prevaleció el movimiento social, impidió la generación de nuevos liderazgos y causas de largo aliento, los dirigentes temporales del poder político abrazaron el mesianismo con el que sedujeron a las masas, su comportamiento carente de valores y principios democráticos se impuso y se convirtió en paradigma vergonzante que debe ser extirpado de la sociedad.
Quedó en evidencia que los gobernantes en su calidad de seres humanos falibles, cometen errores, entonces no se trata de encontrar quién nos debe gobernar sino como decía Popper "¿Cómo podemos organizar las instituciones políticas de modo que los gobernantes malos o incompetentes hagan el menor daño posible?" la fiabilidad en un gobierno, en consecuencia, se debe a las instituciones y no tanto a las personas que llegan al poder.
A partir de la imposición del texto constitucional el 2009, la degradación de las instituciones fue progresiva y cotidiana en su propósito de establecer un régimen autoritario y discriminador que incorporó la diferencia étnica como factor fundamental de su conformación y existencia, enmascarando de esta forma sus acciones arbitrarias, para ello las instituciones no eran necesarias la violencia estatal y corrupta solo requería concentrar el poder en un solo órgano.
En suma, al no contar el estado con una institucionalidad creíble y que obligue al cumplimiento de las regulaciones preestablecidas, no se puede sostener que vivimos en democracia pese a efectuarse elecciones “El valor supremo de las instituciones democráticas es permitir el relevo del poder sin necesidad de una revolución violenta o un derramamiento de sangre. Si una constitución no garantiza esto, el gobierno no es una democracia, sino una tiranía.”
Tener una constitución no es suficiente, muchas dictaduras formalmente la tienen, su existencia debe estar vinculada a la realidad, es necesario que tenga un sentido material y se constituyan instituciones que vayan más allá de los mandatos temporales, su existencia debe responder a las necesidades históricas de los pueblos y no a las urgencias del momento ni a intereses puramente sectoriales.
En octubre de 1982 cuando se recuperó la democracia, la institucionalidad casi inexistente era más próxima a las necesidades de los dictadores, de tal modo que reconstruirlas y estructurar unas nuevas, fue una ardua tarea en medio de coyunturas conflictivas y conflictuadas.
Nuestra democracia tuvo su mejor momento institucional, con las reformas constitucionales del 1994, en las que creó el Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo, cuya selección y elección de sus miembros se fundaba en la meritocracia que luego fue proscrita por el texto constitucional del 2009.
Lo construido y conquistado desde 1982, fue depredado progresivamente hasta acomodar el aparato de estado a los designios de la dictadura electoralizada que golpeaba al débil sistema democrático.
Al poder político con fuertes rasgos corporativos le incomodaba el estado de derecho en su afán de concentrar del poder, por ello no tuvieron reparo en pulverizar el principio de independencia para consolidar su régimen autoritario. Ante el fracaso del estado plurinacional, los actores políticos no visualizan una respuesta alternativa democrática que asuma la necesidad de iniciar la construcción de la nueva era.
La persistente objeción de la república, consolidó la contradicción dictadura vs democracia, en este sentido las posiciones están definidas o se retorna a la dictadura electoralizada con la que no se puede conciliar o se promueve la innovación de la república para el siglo XXI.
Las huellas del autoritarismo son profundas y no han sido superadas porque el andamiaje jurídico constitucional ilegal e ilegítimo junto a la pusilanimidad de las fuerzas democráticas así lo permite.
Suponer que efectuando unos cuantos cambios en el texto constitucional será suficiente para otorgarle a la democracia y al estado una institucionalidad que sustente su funcionamiento, es alejarse de la realidad.
Todo proceso político conlleva riesgos y sacrificios, las progresividades timoratas solo prolongan en el tiempo el conflicto, es hora de cerrar el ciclo plurinacional. Al toro por las astas.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
