i te vienen a contar - Cositas malas de mí - Manda todos a volar - Y diles que yo no fui
La opinión pública boliviana repite un diagnóstico perezoso: el gobierno de Rodrigo Paz carece de rumbo. La aparente lentitud económica y los repentinos giros en el gabinete son vistos por analistas y opositores como una muestra de pura improvisación. Pero confundir supervivencia con erratismo es un grave error de lectura. Lo que el país presencia en realidad no es un desvío a ciegas, sino un plan pensado de desarticulación y refundación estatal ejecutado fríamente en dos tiempos.
El primer paso de esta estrategia se concentra en la demolición controlada del sistema anterior (20 años del MAS) y la transferencia inmediata del costo político. Ante unas reservas en cero, el Ejecutivo priorizó el oxígeno financiero del FMI por sobre cualquier pureza ideológica. Para operar este doloroso ajuste con total libertad, Paz purgó del Palacio Quemado a sus antiguos aliados —el bloque de Samuel Doria Medina—, eliminando sombras políticas y centralizando el mando en una tecnocracia dócil. Aquí es donde estalla la primera gran fricción del modelo.
Figuras del liberalismo clásico como Jorge Tuto Quiroga han alzado la voz de forma implacable, criticando las nuevas y pragmáticas alianzas del gobierno. Quiroga reclama el respeto a la clase política institucional y advierte el peligro de pactar la paz social con la Central Obrera Boliviana o de cohabitar con la gigantesca economía informal. Para la oposición doctrinaria, estas movidas bajo la mesa no son pragmatismo, sino una claudicación ética que legitima el mismo corporativismo sectorial que destruyó al país.
Sin embargo, el cerebro del Palacio opera con la lógica pragmática del fraccionamiento del riesgo. Con la descentralización fiscal del 50/50, el nivel central ejecuta una astuta transferencia de la crisis hacia las gobernaciones. Si faltan recursos para salud, educación o salarios públicos, la presión social sitiará en el futuro a los líderes regionales, no al Ejecutivo central. Esta maniobra de asfixia controlada desmantela de raíz el andamiaje del MAS.
Al cerrar, fusionar o auditar aquellas empresas públicas que acumulan miles de millones en pérdidas, el gobierno les arrebata las cajas chicas al sindicalismo radical, desarticulando su capacidad de financiamiento al terrorismo callejero. El segundo paso del plan apunta hacia la construcción de un Capitalismo de Concesiones Protegidas. El destino final de este viaje no es el libre mercado competitivo de los libros universitarios, sino un modelo de seguro transnacional.
La nueva Ley de Inversiones busca abrir sectores estratégicos como el litio, la minería y el Mutún a corporaciones occidentales bajo el ala geopolítica de Washington. No es solo una medida económica; es un cerrojo institucional. Al amarrar estos recursos naturales a contratos internacionales de largo plazo, se crea un mecanismo irreversible: ningún futuro gobierno de izquierda radical podrá revertir el modelo sin enfrentar sanciones globales devastadoras.
Detrás de este esquema subyacen dos metas profundas: lavar la cara de la política tradicional —demostrando eficiencia macroeconómica donde el MAS fracasó por asfixia— y asegurar la permanencia histórica de la corriente mirista del presidente, basada en la concertación cupular de las Fuerzas Armadas, el gran capital del oriente y la estabilidad forzada con el sindicalismo.
Ante este panorama, Bolivia no puede quedar atrapada entre la nostalgia estatista del pasado, el purismo discursivo de Quiroga y el pragmatismo frío de Paz. El país no necesita un capitalismo de amigos ni una paz armada bajo estados de excepción prorrogados.
La salida real exige tres acciones urgentes: primero, transparentar las condiciones del FMI, exigiendo que los dólares vayan a la reactivación productiva y no a quemarse conteniendo artificialmente el mercado cambiario; segundo, demandar que la descentralización 50/50 venga acompañada de autonomía normativa para que las regiones legislen y atraigan su propio capital, en lugar de solo heredar deudas nacionales; y tercero, abrir las licitaciones del litio y recursos estratégicos a auditorías públicas internacionales, rompiendo los pactos secretos de pasillo.
No a comprar la estabilidad con créditos ni sostenerla con concesiones a dedo; hay que defenderla abriendo la cancha de la competencia real y con reglas claras para todos.
El equilibrista ya dio el paso; nos toca a los ciudadanos fijar el suelo donde caerá el país.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
