l 8 de julio de 2026, “Bolivia atraviesa una transición estructural”. El modelo económico basado en la renta de hidrocarburos se agotó definitivamente. El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira opera bajo una extrema fragilidad macroeconómica. El Banco Mundial proyecta una contracción del PIB del 1,1% para la presente gestión. Esto convierte al país en la única economía en recesión de Sudamérica. Asimismo, la inflación interanual alcanza el 9,23%, impulsada por una brecha cambiaria persistente en el mercado paralelo y el desmonte gradual de los subsidios a los combustibles.
Para desactivar más de cincuenta días de bloqueos que paralizaron el eje logístico del país, el Ejecutivo suscribió acuerdos de emergencia con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) Comibol. Estos pactos buscan pacificar el territorio y captar liquidez internacional de forma inmediata, pero comprometen gravemente la sostenibilidad fiscal y la soberanía regulatoria del Estado.
1. Los pilares del acuerdo minero-cooperativista
El esquema normativo vigente se sostiene sobre tres determinaciones político-institucionales:
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Apertura de áreas protegidas, El Ministerio de Minería se comprometió a viabilizar nuevos Contratos Administrativos Mineros (CAM) en zonas de reserva ecológica regulada, afectando directamente el norte de La Paz y los parques nacionales Madidi y Pilón Lajas.
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Cesión de reservas fiscales, Mediante el Decreto Supremo 5641, el Ejecutivo abrogó la condición de Reserva Fiscal Minera en el yacimiento polimetálico de Chuquihuta (Potosí) FSTMB. El control operativo del área pasó a manos de Fencomin.
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Participación en el gobierno, Se otorgó representación directa al sector cooperativo en los directorios clave de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Caja Nacional de Salud (CNS).
La consolidación de los acuerdos avanza sin pausa. La AJAM formalizó la firma de 20 minutas de contratos por adecuación para operadores del sur, garantizándoles seguridad jurídica plena.
2. Análisis crítico e impacto multisectorial
Este viraje estratégico plantea contradicciones estructurales que debilitan las metas del Presupuesto General del Estado (PGE 2026):
- Asimetría impositiva: Mientras el PGE 2026 implementa un agresivo ajuste del gasto fiscal, el complejo aurífero mantiene un régimen preferencial. Está exento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE, 25%) y del Impuesto a las Transacciones (IT, 3%). El sector solo tributa una regalía neta que promedia entre el 1% y el 7% del valor bruto de exportación.
- Insuficiencia en la balanza de pagos: El Banco Central de Bolivia (BCB) utiliza la compra monetizada de oro local para engrosar las Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin embargo, esta inyección apenas cubre el déficit dejado por el colapso de los envíos de gas natural a Argentina y Brasil.
- Mutación técnica y pasivos ambientales: El cooperativismo mutó de un modelo artesanal a un esquema semi-industrial mecanizado de gran escala, financiado por capitales extranjeros encubiertos que operan dragas masivas. El vertido estimado de más de 150 toneladas de mercurio anuales en las cuencas amazónicas ya genera niveles de toxicidad humana severos. Esto activó la resistencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que denuncia la precarización del empleo formal y la “rifa” de los recursos públicos.
3. Salidas estratégicas alternativas
La tesis de que abrir áreas protegidas es la única opción para pacificar el territorio y captar liquidez internacional es técnicamente errónea. El Estado puede estabilizar sus arcas públicas mediante tres mecanismos alternativos:
- Monopolio estatal de compra obligatoria: El BCB debe centralizar la adquisición total de oro en las zonas ya autorizadas. Pagando un incentivo monetario indexado a la Bolsa de Metales de Londres, se capturaría el mineral que actualmente se fuga vía contrabando, elevando las RIN de inmediato sin expandir la frontera extractiva hacia parques nacionales.
- Formalización fiscal progresiva: Reemplazar el obsoleto régimen de regalías por un impuesto único al valor de exportación minera del 10%. A cambio, el Estado financiará plantas de concentración gravimétrica limpias para eliminar el uso de mercurio, transparentando la contabilidad del sector.
- Licitaciones internacionales transparentes: En lugar de fragmentar los megayacimientos liberados por el DS 5641 en parcelas cooperativas de baja productividad, Comibol debe licitarlos a consorcios internacionales bajo contratos de asociación. Esto asegura tecnología de punta, mitigación ambiental auditable, empleo formal y una retención de utilidades soberanas de hasta el 50% para el Estado boliviano.
Gobernar por decreto bajo la presión del cerco corporativo ofrece un alivio financiero inmediato, pero destruye la viabilidad del Estado a largo plazo. Un estadista no hipoteca el patrimonio natural ni fractura el principio de equidad tributaria para comprar estabilidad temporal. La salida para la crisis económica de Bolivia no radica en profundizar el extractivismo informal e ilegal, sino en restaurar la autoridad del Estado. El país necesita transitar con urgencia hacia la institucionalidad formal, la modernización tecnológica y la captación de inversiones transparentes capaces de generar riqueza sostenible para ésta y las próximas generaciones.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
