a historia de las naciones no se escribe en los días de complacencia, sino en las horas de profunda tribulación. Bolivia emerge de cincuenta días de parálisis vial con sus caminos recuperados, pero con el desafío monumental de sanar el alma de sus instituciones. Quienes analizan la coyuntura con mirada aguda comprenden que la pacificación física de las carreteras es apenas el preludio de una obra mayor: la reconstrucción del orden moral, político y civil del país. Ante la severa contracción económica del -3,2% del PIB proyectada para este año, la conducción del Estado ya no pertenece al terreno de la política ordinaria, sino al de la alta estrategia y la fe inquebrantable en el destino de la patria.
La fortaleza de un estado se mide por la resiliencia de su tejido productivo frente al desastre. El comportamiento del sector informal y de las cadenas de valor agrarias tras el levantamiento del bloqueo civil revela una verdad profunda: existe una reserva de vitalidad económica y un espíritu de supervivencia en el pueblo boliviano que supera cualquier cálculo tecnocrático. Este dinamismo espontáneo, lejos de ser un problema regulatorio, constituye el cimiento espiritual sobre el cual debe erigirse la reactivación nacional. La mirada del gobernante debe apartarse de las viejas recetas de subsidios agotados y volcarse con audacia hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la autonomía de las regiones, transformando la escasez en la oportunidad histórica para desatar las fuerzas productivas internas.
En este delicado proceso de sanación, la amenaza de parálisis en el Órgano Judicial por disputas presupuestarias representa una ceguera institucional alarmante ante el clamor de la justicia divina y humana. Las sagradas escrituras recuerdan que la autoridad que exige tributos sin discernimiento termina por destruir la tierra. Un sistema judicial que antepone el ultimátum corporativo a la indefensión de ochocientos mil litigantes abdica de su legitimidad moral. El poder del Gobierno, con prudencia, pero con firmeza inquebrantable, debe orientar la resolución de este conflicto no a través del sometimiento financiero, sino mediante una profunda reingeniería de la eficiencia pública. La transparencia absoluta de los fondos públicos es el camino ético aceptable cuando el resto de la nación asume el costo de la austeridad.
La diplomacia del momento exige un liderazgo que combine la oratoria unificadora que inspira a los pueblos en la tempestad con la sabiduría que busca el consejo de los hombres justos. El destino de Bolivia no se resolverá en la confrontación estéril de los extremos políticos, sino en la tregua civil basada en la verdad histórica. El orden público y el respeto irrestricto a la ley no son negociables, pues constituyen la garantía de que el esfuerzo del ciudadano humilde no será sacrificado nuevamente por los políticos.
La viabilidad de esta reconstrucción nacional no se logrará con discursos de buena voluntad, sino mediante la ejecución inmediata de dos medidas concretas y de impacto directo en el bolsillo de las grandes mayorías:
Primero, implementar un plan de Autonomía Energética Regional. La crisis de carburantes y divisas no se resolverá esperando milagros de la importación; se solucionará descentralizando la producción. Cada departamento, en alianza directa con el sector privado local, estará facultado para generar y comercializar biocombustibles y energías alternativas adaptadas a su realidad productiva. Esto significa que Santa Cruz, La Paz o Cochabamba dejarán de depender exclusivamente del suministro centralizado, inyectando combustible directo a los tractores, camiones y fábricas para asegurar que el transporte de alimentos nunca más vuelva a detenerse. El dinero boliviano debe quedarse en manos de productores bolivianos.
Segundo, decretar la creación inmediata del Consejo Permanente de Concertación Productiva. Este no será un espacio para la retórica política o la negociación de cargos, sino una mesa técnica vinculante donde la microempresa, el comercio informal, los gobernadores y el gabinete económico fijarán las reglas del juego mes a mes. El 80% de la población que mueve la economía al día en los mercados y ferias tendrá, por primera vez, voz directa en las decisiones arancelarias y tributarias. Quien quiera bloquear las carreteras o paralizar los tribunales de justicia por intereses corporativos, tendrá que rendir cuentas no al Gobierno, sino a este Consejo que representa el derecho al trabajo de las grandes mayorías.
El camino por delante es duro y exigirá la disciplina de cada ciudadano. No hay salidas fáciles ni subsidios insostenibles. Se ofrece orden, descentralización real y la garantía de que el esfuerzo de quien trabaja será protegido con el imperio de la ley.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
