a consigna gubernamental de “hacer camino al andar” ha encontrado su destino más peligroso en el subsuelo boliviano. Bajo la urgencia de inyectar oxígeno financiero a un país exhausto por la escasez de divisas y la fatiga social, el Ejecutivo ha abierto una compuerta que compromete las próximas tres décadas de nuestra historia: la entrega exprés, vía Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), de un paquete de 54.000 contratos archivados y la liberación masiva de 1,5 millones de cuadrículas mineras en todo el país. Esta ampliación sin precedentes de la frontera extractiva representa la habilitación automática de 33.000 nuevas áreas de trabajo minero y un territorio de 37,5 millones de hectáreas disponible para adjudicación.
El papel aguanta el discurso de la reactivación, pero la realidad económica, fiscal y ecológica demuestra que estamos canjeando una tregua política de corto plazo con los sectores cooperativistas a cambio del desmantelamiento irreversible de nuestro patrimonio natural y comunitario.
El gran anzuelo político para que las regiones y la ciudadanía acepten este despliegue es la propuesta bandera del Pacto Fiscal: el modelo 50/50. Sin embargo, el diseño expone una contradicción estructural profunda. El Gobierno central promueve la avalancha de concesiones para crear la riqueza que el 50/50 promete distribuir, pero el dinero de las patentes anuales por el derecho de suelo (que oscila entre Bs 400 y Bs 600 por cuadrícula) Ley 535: el 85% se queda en las cuentas de la AJAM para sostener su propia burocracia, dejando apenas un 15% marginal para las alcaldías productoras. Las gobernaciones, encandiladas con el flujo inmediato que les llegará por el 85% de las Regalías Mineras, obvian la trampa competencial del nuevo esquema autonómico: esos recursos no se traducirán en desarrollo regional; se irán íntegramente a cubrir los gigantescos costos de los hospitales y escuelas que el nivel central les está devaluando y traspasando. El Estado central se deshace de su carga fiscal más pesada y las regiones se quedan con el dinero justo y el pasivo ambiental.
La asimetría tributaria del modelo es el verdadero motor de esta fiebre. Mientras cualquier empresa privada que firma contratos con la AJAM debe tributar hasta el 37.5% de sus utilidades al Estado (sumando el IUE y su Alícuota Adicional), el cooperativismo minero —el actor más beligerante de la crisis contemporánea— goza de un Régimen Único que los exime de pagar el IVA, el IT y el Impuesto a las Utilidades. A cambio, tributan apenas un canon único variable de entre el 1.5% y el 4.8% del valor bruto de venta.
Esta laxitud fiscal no solo incentiva la informalidad, sino que alimenta un circuito financiero perverso: el metal crudo se blanquea en comercializadoras clandestinas de la ciudad de El Alto, se despacha a las refinerías de Dubái e India, y los dólares resultantes se resguardan en cuentas del extranjero. Las divisas reales nunca ingresan al sistema bancario regulado a la nueva tasa flexible de 11,00 bolivianos; se evaporan en el mercado negro o el contrabando fronterizo, vaciando las reservas estatales mientras el suelo se desangra.
El mapa de esta expansión minera ya no se limita a las tradicionales vetas andinas; ha iniciado una invasión agresiva sobre las tierras bajas, registrando un incremento dramático del 35% en las solicitudes de cuadrículas en la Chiquitanía cruceña. Este avance no solo busca oro, sino coltán y tierras raras, colisionando de forma directa con la frontera agrícola y ganadera. El agro cruceño, motor agroindustrial del país, ve amenazada su seguridad jurídica productiva ante actores mineros que bajan al oriente portando derechos preconstituidos de la AJAM. Al mismo tiempo, en el norte de La Paz, Beni y Pando, la prisa ministerial por sanear expedientes antes de finales de septiembre ha atropellado el derecho constitucional a la Consulta Previa de las naciones indígenas. La AJAM aplica un mecanismo simplificado y exprés que desoye la resistencia de los pueblos Ese Ejja, Tsimane y Mosetén, ignorando que sus principales fuentes de agua y subsistencia ya registran niveles de contaminación por mercurio siete veces por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud.
Bolivia no puede salvar su economía destruyendo sus cimientos. La entrega desmedida de la Amazonía y los bosques chiquitanos a cambio de regalías mal fiscalizadas no es reactivación, es liquidación. Ningún Pacto Fiscal será sostenible si las fuentes de agua de las que dependen nuestras ciudades y comunidades terminan envenenadas, ni habrá estabilidad económica real mientras el circuito del oro sirva para alimentar el arbitraje de divisas en las sombras. Es hora de detener la maquinaria reactiva del "hacer camino al andar" y exigir al Gobierno, a los empresarios y a las organizaciones sociales un verdadero debate de sobrevivencia nacional. No podemos permitir que, en el afán desesperado de llegar al final del mandato institucional, se firme el decreto que convierta el mañana de Bolivia en un desierto irreversible.
Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
