es paradójico. En apenas cuatro meses, el Gobierno logró hechos de gran relevancia. Solo enumeraré uno; es innecesario mencionar todo el paquete de medidas, tanto en el ámbito interno como en el externo. La Bolivia de hoy dista mucho de la Bolivia que nos dejó el MAS.
El último hecho relevante: cayó Sebastián Marset. El narcotraficante más buscado y protegido fue apresado en un operativo impecable. Empezará a cantar en Estados Unidos y su voz se escuchará en el mundo entero.
Pero hay un problema que se arrastra y que lo empaña todo: la gasolina.
Ya no se trata únicamente de un problema de abastecimiento o de logística. Hoy el problema es la calidad del combustible, con daños reportados en motores y sistemas de inyección. Esto genera molestia en la ciudadanía y, naturalmente, tiene consecuencias políticas, más aún cuando estamos a las puertas de procesos electorales subnacionales.
En palabras de mi sabia esposa: “Aquí hay mano azul”.
La gasolina que se comercializa en el mercado internacional no es un producto improvisado. Está sujeta a normas técnicas estrictas y a especificaciones internacionales. Los países compran a proveedores globales que están obligados a cumplir rigurosamente esos estándares. Existen normas internacionales de calidad.
No es como ir al mercado y escoger una deliciosa marraqueta mirando el color, el tamaño o el gentil aspecto de la caserita.
Existen contratos, certificaciones y controles técnicos.
Si asumimos que los proveedores internacionales cumplen esas normas —y no existen reportes de problemas similares en países vecinos como Paraguay, Argentina, Brasil o Chile— entonces la conclusión lógica es que el problema no está en el origen del combustible.
El problema debe estar en el transporte, en el almacenamiento o en algún punto de la cadena interna de distribución.
A estas alturas, la situación exige decisiones.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debería dar un paso al costado. No necesariamente por falta de capacidad profesional, sino porque han pasado meses sin que se resuelva un problema que afecta diariamente a miles de ciudadanos.
En política, cuando un problema se vuelve crónico, las soluciones empiezan cortando cabezas. Es algo ineludible.
En la instancia de transparencia institucional y de auditoría deben tomarse decisiones. Los responsables de cada eslabón de la cadena deben ser investigados, al igual que los operadores técnicos de cada etapa: desde la recepción del combustible, la refinería, el almacenamiento, el despacho y el transporte, hasta la recepción y almacenamiento en los surtidores y, finalmente, su expendio.
Es inevitable: hay que investigar toda la cadena, y hacerlo de manera simultánea mientras se continúa abasteciendo el mercado. La Fiscalía tendrá que cumplir su papel; se trata de un problema de Estado.
El objetivo es claro: encontrar soluciones e identificar responsables.
Los bellacos que ocasionaron este kilombo deben pagar. Los negligentes también. Seguirán días difíciles, pero si se llega al fondo del problema, se identificarán a los responsables y deberán asumir las consecuencias.
Más pronto que tarde llegarán las soluciones. Esto no puede continuar así; ya está de buen tamaño. El país no puede seguir tolerando un problema que deteriora la confianza pública.
Los costos materiales se repondrán, eso no deja dudas. El daño a la tranquilidad de la gente y a la credibilidad institucional es mucho más difícil de reparar.
Por eso, esta vez, los responsables y también los negligentes tienen que pagar las consecuencias.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
