a lucha contra la corrupción suele ser una promesa recurrente de todos los gobiernos. Sin embargo, más allá del discurso, lo que realmente importa son los hechos.
Se puede cuestionar, como siempre, la eficiencia de la gestión pública en distintos ámbitos. Eso forma parte del debate democrático. Pero también es necesario reconocer cuando existen hechos y señales concretas que marcan un rumbo.
En estos primeros meses de gestión del gobierno de Rodrigo Paz Pereira observamos hechos irrefutables que muestran una decisión política de limpiar la “cloaca”, como la bautizó el propio presidente al referirse al sistema que dejó el MAS. Las denuncias y procesos judiciales vinculados al Fondo Indígena han conducido a la detención del expresidente Luis Arce, hoy recluido en la cárcel de San Pedro, en La Paz. A ello se suman los escándalos millonarios en torno a YPFB, que pusieron en evidencia el manoseo y las irregularidades vinculadas al hijo del exmandatario, actualmente preso en Palmasola.
Ese es el extremo de la gravedad: el caso de la familia Arce parece confirmar una vieja máxima política, según la cual el poder absoluto corrompe absolutamente.
El caso Marset, uno de los episodios más relevantes en materia de seguridad, narcotráfico y desmantelamiento de redes de corrupción y encubrimiento de los últimos años, también pone de relieve una decisión política de enfrentar las redes que el llamado proceso de cambio encubrió sistemáticamente.
Su captura y posterior traslado a Estados Unidos no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Como suele ocurrir en estos casos, el desarrollo del proceso tendrá efectos más amplios en distintas estructuras de poder.
Ahora bien, es importante mantener la prudencia. La lucha contra la corrupción es un camino largo. No se mide por declaraciones ni por percepciones momentáneas, sino por resultados sostenidos, procesos transparentes y respeto al debido proceso.
En ese largo camino veremos ventilarse muchos procesos y exautoridades comparecer ante la justicia. Sin embargo, el proceso no será pleno hasta que el principal responsable rinda cuentas: será pleno cuando Evo Morales sea procesado.
La dificultad de ejecutar la orden de aprehensión contra el pederasta es evidente. Una alternativa que podría facilitar el proceso sería ofrecer una cuantiosa recompensa por su captura. Seguramente muchos de sus propios seguidores terminarían tentados. Existen antecedentes en los que este método ha funcionado.
Las elecciones subnacionales muestran, además, una tendencia que ya venía gestándose: el desgaste de las estructuras políticas tradicionales. El mapa político, antes claramente dominado por unas pocas fuerzas, hoy muestra mayor fragmentación y diversidad.
Este nuevo contexto puede convertirse en una oportunidad. Si los distintos niveles del Estado —nacional, departamental y municipal— logran asumir de manera real la lucha contra la corrupción como una política pública, acompañada de una profunda reforma judicial, Bolivia podría avanzar hacia un escenario de mayor institucionalidad.
El desafío no es menor. Pero tampoco es imposible.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
