n los últimos días, hemos vivido una polémica intensa en torno a la decisión de una organización política de retirar su sigla de la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz.
Nueva Generación Patriótica (NGP) presentó una carta notariada al TSE declinando su participación en la segunda vuelta electoral para la Gobernación del departamento de La Paz. Con ello, dejó fuera de la contienda a su candidato Rene Yahuasi que había obtenido cerca del 10% en la elección subnacional del 22 de marzo. Acto seguido, el Tribunal Supremo Electoral, en aplicación estricta del artículo 64 de la Ley del Régimen Electoral, procedió como correspondía: al no existir un segundo candidato habilitado, proclamó al primero.
Aquí conviene ser claros: el Tribunal Supremo Electoral hizo exactamente lo que la ley manda. No le corresponde interpretar el clima político, ni anticipar reacciones sociales, ni actuar en función de conveniencias. Su deber es uno solo: garantizar el cumplimiento de la Ley del Régimen Electoral. Y eso fue lo que hizo.
El problema, por tanto, no está en la decisión del Órgano Electoral.
El problema de fondo es otro: la extrema fragilidad de algunas organizaciones políticas.
NGP no es un partido en el sentido pleno del término. Es, en los hechos, una sigla con dueño. Nos sorprendimos al saber de su existencia, surgió en corto tiempo y sin difusión previa. Se especuló bastante respecto de vínculos con el masismo, el tiempo mostro que el vínculo quedaba abierto a quien pudiera pactar o alimentar posibilidad de éxito. Varios candidatos en el último tiempo fueron tentados y varios también desalentados.
Se puede cuestionar la ética de estas prácticas. Se debe debatir su impacto. Pero no se puede confundir el análisis político con el cumplimiento de la ley. Decir que aquí se ha dado un “golpe a la democracia” es, simplemente, incorrecto y oportunista.
La democracia se debilita cuando no se respeta la ley, no cuando se la cumple. Si el Tribunal Supremo Electoral hubiese ignorado la normativa para evitar conflictos, ahí sí estaríamos ante una vulneración democrática. Cumplir la ley fortalece la democracia.
La otra cara del problema es estructural: Bolivia necesita, con urgencia, organizaciones políticas reales. Instituciones con vida interna, con militancia, con principios, no simples cascarones disponibles para el mejor postor.
Las siglas en alquiler son una de las mayores distorsiones de nuestro sistema democrático. Vacían de contenido la representación y convierten la política en un negocio.
Y cuando la política se vuelve un negocio, la democracia empieza a degradarse. La tarea hacia adelante es clara: fortalecer el sistema político y cerrar definitivamente la puerta a la mercantilización de las siglas.
Los partidos políticos deben asumir desafíos permanentes, no únicamente la inscripción de militantes para lograr personería jurídica. Los partidos deben generar dinámica de debate, formar cuadros, ampliar militancia, cubrir territorio, demostrar trabajo político. La dinámica de crecimiento se mide en el número de militantes, no en asambleas o actos políticos, en registros oficiales. No se trata de actualizar padrón interno, el objetivo mostrar tendencia creciente, exhibir una organización viva.
Ahí está el verdadero desafío.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
