n el día 25 de la crisis política en Bolivia, luego del fracaso gubernamental con el desbloqueo y el diálogo con los sectores en conflicto, este lunes comenzó una nueva que apunta al desenlace. El presidente Rodrigo Paz afirmó desde Sucre que aplicará la Constitución contra quienes no quieren dialogar, el evismo decidió volver a la carga con masivas marchas sobre La Paz y el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó abrir un proceso de pacificación con mediación de la Iglesia Católica.
“No voy a dialogar con los que no dialogan", dijo Paz durante su discurso en la Casa de la Libertad, conmemorando los 217 años del primer grito libertador en el continente que se dio en Sucre el 25 de mayo de 1809. Dedicó gran parte de su intervención a la coyuntura de conflictividad política y social del país.
“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Yo, junto al sistema judicial, reitero, estoy para que cada punto, cada paso, esa Constitución se haga respetar. Por encima de las libertades… Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar. Y haremos cumplir claramente a la Constitución”, manifestó.
Paz señaló que su administración apostó por el diálogo durante más de 11 días, pero cuestionó la dureza de las medidas de presión de los sectores ligados al evismo que causaron desabastecimiento de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal para las ciudades de La Paz y El Alto, además de Oruro.
“Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo, o la falta de combustible o medicina. Yo les pregunto a los dirigentes: ¿Están dispuestos a responder ante la historia por cada vida que se perdió esperando una ambulancia, por cada familia que perdió un ser querido, o que no puede darle de comer a sus hijos? Ya van tres mujeres que han fallecido en Bolivia. Tres mujeres y un niño”, afirmó.
El mandatario remarcó que las medidas extremas como los prolongados bloqueos de carreteras vulneran la convivencia ciudadana y cuestionó la falta de voluntad de ciertos sectores para establecer el diálogo. “El bloqueo no es una solución para lo que el diálogo sí fue creado dentro de la Constitución”.
Desde el evismo, la respuesta no se dio con palabras, sino con tres marchas que avanzan hacia el centro de La Paz para cercar al poder político. Miles de manifestantes partieron desde El Alto, zona Sur y Villa Fátima exigiendo la renuncia del presidente Paz, mientras el caudillo Evo Morales reiteró que la pacificación del país tiene una condición.
Para Morales, la paz volverá al país con la renuncia del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones generales en un plazo de tres meses o la militarización del teritorio nacional, lo que signficaría, según él, la posiblidad de nuevas muertes, como ocurrió con Víctor Cruz, un joven que murió el sábado de un disparo, en el marco del fracasado intento de desbloqueo por parte del Gobierno.
Los sectores ligados al evismo pusieron en marcha, según fuentes de esa corriente política, el denominado Plan Chichillanca con tres marchas que intentarán ingresar al centro del poder político, en la sede gobierno.
En medio de ese panorama de aguda conflictividad que se acerca al mes, Quiroga apareció en medios de comunicación para plantear la apertura a un proceso de pacificación mediado por la Iglesia Católica, como ocurrió en 2019, luego del fraude electoral encabezado por Morales, la rebelión popular denominada "movimiento de la pititas" y la amenaza del masismo de una "guerra civil".
Quiroga propuso una salida con mediación de la Iglesia Católica ante la postura cerrada del evismo de buscar el acortamiento de mandato de Paz y la ineptitud del Gobierno de solucionar el proceso de desestabilización con dos operativos de desbloqueo que acabaron en rotundos fracasos y la imposibilidad de sentar a en la mesa de las conversaciones a los sectores que le plantean su renuncia.
Representantes de la Iglesia Católica, de Derechos Humanos de El Alto y el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, se propusieron como mediadores para buscar una salida concertada al conflicto que hasta el momento ha sumado cinco muertes, millonarias pérdidas económicas y el encarecimiento del nivel de vida en La Paz, El Alto y otras ciudades del occidente.
