l asalto armado a la joyería Imperio, en Santa Cruz, no fue un atraco más. Entre los tres brasileños aprehendidos figura Sandro Roberto da Silva Júnior, alias “Júnior Matemático”, señalado por informes de inteligencia como jefe del Comando Vermelho. La pregunta ya no es solo cómo entraron los delincuentes, sino qué capacidad tiene el Estado para impedir que organizaciones criminales operen en territorio boliviano.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el esclarecimiento de siete hechos delictivos en dos semanas y denunció que redes criminales habrían operado con protección de estructuras judiciales e institucionales de anteriores gestiones. Son acusaciones graves, especialmente cuando apuntan a organismos llamados a garantizar la ley. Pero no basta con denunciarlas: hay que presentar pruebas, identificar responsables y llevarlos ante la justicia.
Los datos atribuidos a Sebastián Marset ante la DEA revelan otra dimensión del problema. Según documentos presentados por fiscales estadounidenses, dijo que tenía dinero invertido en unas diez toneladas de cocaína vinculadas a Bolivia, que poseía cerca de 3,96 millones de dólares en criptomonedas y que el PCC le suministraba entre el 80% y el 90% de sus armas. La defensa cuestiona las condiciones de esas declaraciones; por tanto, deben tratarse como información incorporada a un proceso judicial, no como una sentencia.
La dimensión del negocio también exige mirar más allá de los operativos. La UNODC registró 36.400 hectáreas de cultivos de coca en Bolivia durante 2025, un 7% más que el año anterior. La cifra no equivale automáticamente a producción de cocaína, pero obliga a preguntar si los controles y las políticas antidroga están dando resultados. A esto se suma la disputa entre organizaciones brasileñas por rutas y mercados, una amenaza que no se resuelve únicamente con patrullajes.
El Gobierno respondió con despliegues militares en San Ignacio de Velasco, la ampliación del estado de excepción por 90 días y coordinación con organismos extranjeros. Son medidas que buscan contener la violencia, pero la fuerza en las calles no puede reemplazar la investigación financiera, el control fronterizo ni la depuración de instituciones. Si existen redes de protección dentro del Estado, deben investigarse con el mismo rigor con que se persigue a quienes empuñan las armas.
La verdadera derrota no sería un nuevo atraco, sino que el país termine acostumbrándose a convivir con el crimen organizado. Un Estado no está penetrado solo cuando los delincuentes desafían a la Policía; también lo está cuando sus instituciones no pueden explicar quién los protege, cómo financian sus operaciones y por qué siguen encontrando espacios para actuar. Los anuncios pasan, y las responsabilidades, si son reales, no pueden quedar impunes.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
