ún recuerdo correr las gradas blancas con mi camarógrafo para no perderme a la banda militar tocando el himno nacional, y luego Viva mi patria Bolivia, en el segundo piso, en la cámara de Senadores del antiguo edificio del Congreso que pasaba a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional, otro tiempo, otro ciclo. Hoy Bolivia enfrenta una crisis que va más allá de un desajuste temporal; se trata de un entrampamiento sistémico donde la Constitución de 2009, aunque presentada originalmente como un hito contemporáneo, termino por consolidar un Estado plurinacional meramente "aparente" que mantiene las viejas exclusiones bajo nuevos nombres.
Modificar la Carta Magna es la herramienta indispensable para quitar los candados normativos que asfixian la inversión y la estabilidad del país. Sin embargo, la falta de decisión del gobierno de Rodrigo Paz, que titubea entre parches superficiales para resolver las urgencias así “rapidito” y la evasión de cambios estructurales, mantiene al país atrapado en una peligrosa incertidumbre.
La regeneración de la justicia debe ser el pilar de este cambio, pues el colapso de los tribunales socavó los cimientos de la república. El fallido sistema de elección popular de magistrados eliminó la meritocracia, sometiendo las cortes al alineamiento, el clientelismo y la sumisión política. Para superar esta agonía judicial, es urgente forjar un Pacto Nacional por la Justicia que comprometa a todas las fuerzas en una reingeniería institucional profunda.
Asimismo, la alarmante descomposición de las fuerzas del orden exige despolitizar la policía de manera inmediata. Las instituciones encargadas de la seguridad pública han sido penetradas por la corrupción y utilizadas como herramientas de subordinación o complicidad, perdiendo su esencia constitucional de servicio a la sociedad. Es imperativo liberar a la Policía Boliviana de la instrumentalización política, transformando su sistema académico para priorizar méritos reales, especialización y mejoras salariales que frenen la prebenda.
Otra de las reformas ineludibles pasa por desmantelar el centralismo asfixiante que anula las autonomías departamentales. El diseño constitucional de 2009 creó una estructura de descentralización que, en la práctica, sirvió de estrategia centralista para cooptar recursos y vaciar de contenido el autogobierno. La descentralización no será real mientras los gobiernos subnacionales no cuenten con los recursos y competencias plenas para impulsar sus propias locomotoras de desarrollo.
Este debilitamiento institucional se asienta sobre un abismo social: una economía donde el 85 % del mercado laboral es informal. No obstante, pretender sostener la estabilidad sobre el circuito de la ilegalidad es una trampa mortal; ninguna estrategia de seguridad tendrá éxito si el Estado no fomenta el crecimiento de la economía legal y formal para integrar a esta población vulnerable.
La modificación constitucional es el paso formal indispensable, pero requiere valentía política para ser efectiva. Bolivia necesita con urgencia un acuerdo nacional con visión sistémica y de largo plazo que reemplace la simulación formal por transformaciones reales. Continuar en la inacción equivale a seguir caminando a ciegas por un campo minado que amenaza con devorar el futuro de la república.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
