l caso Fernando Cerimedo dejó de ser exclusivamente una investigación por la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, para convertirse en el epicentro de una crisis política de múltiples capas que amenaza directamente la gobernabilidad en Bolivia. La detención del consultor argentino, vinculado públicamente al entorno presidencial, abrió una caja de Pandora, donde Beller denuncia presuntos negocios irregulares relacionados con combustibles, seguros, oro, operadores privados y pagos a parlamentarios. La gravedad política radica en que, aunque varias de estas acusaciones aún deben ser corroboradas judicialmente, su efecto sobre la opinión pública está en marcha.
El primer daño estratégico alcanza al relato de la “nueva gobernabilidad” presentado por Rodrigo Paz el 6 de agosto, basado en acuerdos institucionales antes que en negociaciones con cúpulas partidarias. Esa narrativa quedó bajo presión cuando Nadia Beller denunció presuntos pagos mensuales de 5.000 dólares a 28 legisladores de Libre y Unidad a cambio de respaldo al Gobierno. La lista fue posteriormente difundida y las fuerzas políticas involucradas rechazaron las acusaciones y exigieron pruebas e investigaciones. Pero políticamente el problema ya está instalado, la legitimidad parlamentaria comienza entonces a deteriorarse antes de que concluya cualquier proceso judicial ¿Quién gana y quién pierde con esto?
El segundo frente es aún más delicado porque conecta la crisis del poder con la economía cotidiana. Beller denunció un presunto cobro de un boliviano por litro para la asignación de cupos de gasolina y diésel, vinculando a Cerimedo y al entorno de la esposa del Presidente, estas son acusaciones que deberán ser probadas, pero que encuentran terreno fértil en una población afectada por la escasez de combustibles y filas de autos en estaciones de servicios.
Desde la estrategia política, el escenario también muestra una rápida reconfiguración de actores. Eduardo del Castillo exige que Rodrigo Paz dé un paso al costado, mientras Evo Morales utiliza la crisis para exigir su renuncia y recuperar centralidad. Morales, que paradójicamente habla de moral, obtiene una oportunidad adicional si se confirma la denuncia sobre un supuesto plan diseñado por Cerimedo en su contra. La clave está en la narrativa, cuando actores ideológicamente distintos empiezan a coincidir en palabras como “crisis”, “renuncia”, “corrupción” y “descontrol”, se produce una operación de encuadre político capaz de transformar hechos dispersos en una percepción de colapso.
¿Qué escenarios posibles puedo ver? Ante este panorama, existirían tres escenarios estratégicos. 1) La implosión por pérdida de autoridad: la escasez de diésel, la movilización social, la parálisis legislativa y las denuncias convergen hasta reducir la capacidad del Ejecutivo para conducir la agenda. 2) El cortafuegos institucional, probablemente el único camino racional para recuperar iniciativa: una investigación sin restricciones sobre Cerimedo, los presuntos sobresueldos, la asignación de cupos de combustible y cualquier red de influencia privada dentro del Estado. 3) La radicalización del conflicto, donde un Gobierno debilitado responde endureciendo medidas excepcionales o utilizando la coerción para recuperar control.
El verdadero problema para Paz ya no es únicamente Cerimedo, sino la estructura de poder que pudo permitirle acumular influencia sin responsabilidad pública visible. Ésa es la esencia del “Gobierno Invisible”: la percepción de que asesores, operadores digitales, lobbystas o intermediarios privados podían intervenir en decisiones estatales sin control institucional.
El presidente todavía puede evitar que la crisis se convierta en una derrota, pero necesita comprender que ésta no es una crisis de comunicación. No bastarán desmentidos ni campañas digitales, se requiere transparencia, investigación y una ruptura clara entre la investidura presidencial y cualquier estructura informal que operó a su alrededor. Hoy, Rodrigo Paz no compite solo contra sus opositores: compite contra el tiempo, el desabastecimiento y la sospecha de que el poder real pudo haber estado en otra parte.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
