n un país donde pasarse un semáforo en rojo se convierte en una anécdota cotidiana, en muchos casos sin multa y donde las obligaciones tributarias se perciben a menudo como sugerencias antes que como mandatos draconianos, la conducta de quienes sostienen el timón del Estado cobra una relevancia simbólica trascendental. No se trata simplemente de una transacción comercial; se trata de la delgada línea entre la legalidad técnica y la legitimidad moral de quienes exigen honestidad al ciudadano de a pie.
Esa diferencia se vuelve especialmente importante cuando quien está bajo escrutinio es la autoridad encargada de administrar las finanzas del Estado. El caso del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y la adquisición de su vagoneta Audi Q4 e-tron trasciende la discusión sobre un vehículo o una diferencia tributaria: plantea una pregunta mucho más incómoda sobre la ejemplaridad de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas que ellos mismos deben observar.
Espinoza intentó presentar este episodio como una cuestión administrativa, atribuible a una tramitadora, o como parte de una ofensiva política contra su gestión. Pero el problema no desaparece porque se cambie el foco. Si el vehículo costó, según el propio ministro, Bs 350.000 y en la documentación aparece registrado por Bs 50.000, alguien debe explicar por qué ocurrió esa diferencia. Más aún cuando informes técnicos sitúan la afectación fiscal en Bs 3.523. El monto puede parecer pequeño frente al tamaño de las finanzas públicas, pero ese no es el verdadero asunto.
Resulta difícil aceptar el argumento de que todo puede atribuirse a una persona encargada de realizar el trámite cuando hablamos del ministro de Economía, precisamente la autoridad responsable de la política tributaria y de exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones. No se trata de comparar mecánicamente su caso con los de Lionel Messi, Shakira o Neymar, quienes también enfrentaron cuestionamientos fiscales y recurrieron a sus asesores. La diferencia sustancial es otra: Espinoza no es un ciudadano ajeno al funcionamiento del sistema tributario. Y ni hablar de su declaración de patrimonio.
Personalmente, creo que aquí existe además un error político y comunicacional. Una autoridad sometida a una controversia de estas características tiene dos caminos: atrincherarse y convertir cada pregunta en una agresión, o asumir que la transparencia constituye la mejor defensa. La segunda opción suele ser mucho más inteligente.
Finalmente, es necesario subrayar que un manejo comunicacional adecuado podría haber alterado drásticamente el curso de esta controversia. En lugar de adoptar una postura defensiva que tilda el escrutinio de "ataque político", una autoridad en su posición debería comprender que la transparencia es su mejor defensa. No por nada en culturas como la japonesa se aprende que agachar la cabeza ante un error no es una muestra de humillación, sino un gesto de respeto profundo hacia quienes observan tus acciones.
En política, la humildad frente a la evidencia no debilita, sino que puede redimir; por el contrario, la soberbia solo profundiza el abismo con la opinión pública. Porque al final, el verdadero problema del Audi no está en el Audi. Está en algo mucho más profundo: la distancia entre lo que un Gobierno exige a la sociedad y el ejemplo que sus propios funcionarios son capaces de ofrecer.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
