a estadística oficial asegura que Bolivia mantiene una tasa de desempleo del 3,2% el primer trimestre. Sin embargo, basta recorrer cualquier ciudad para comprender que ese dato, por sí solo, dice muy poco sobre la realidad. Lo que define hoy al mercado laboral boliviano no es el empleo, sino la precariedad, cerca del 80% de la población trabaja en la informalidad, sin estabilidad, sin protección social y, en muchos casos, sin ingresos suficientes para sostener a una familia.
En ese escenario, la desesperación termina haciendo el trabajo que el Estado no logra hacer. Cuando sobrevivir se convierte en el principal desafío cotidiano, cualquier promesa de un salario digno parece una oportunidad. Incluso si esa oportunidad se encuentra a 13.000 kilómetros de distancia y en medio de una guerra.
Los casos de ciudadanos bolivianos reclutados para el conflicto entre Rusia y Ucrania no constituyen únicamente una noticia policial o diplomática. Son la expresión más dramática de una crisis económica y social que empuja a miles de personas a aceptar ofertas que, en circunstancias normales, jamás considerarían. Muchos viajaron creyendo que trabajarían como albañiles, cocineros o conductores, atraídos por bonos de hasta 16.000 dólares y salarios imposibles de encontrar en el mercado boliviano. En cambio, terminaron vistiendo un uniforme militar que nunca buscaron portar.
El drama alcanza su dimensión más cruel en el relato de las familias: la supuesta oportunidad laboral termina convertida en un improvisado mensaje de Facebook que informa la muerte de un hijo, un hermano o un esposo durante un ataque con drones, en una notificación que destruye una familia. Pero detrás de cada víctima también existe una cadena de responsabilidades institucionales que no puede ignorarse.
La reacción de las autoridades bolivianas volvió a seguir un patrón conocido: actuar cuando el escándalo ya es público. Aunque la Fiscalía General del Estado y la Cancillería activaron recientemente mecanismos de cooperación internacional y asistencia consular, se conoce que el Ministerio Público tenía denuncias sobre estos hechos desde mayo. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué fue necesario que las redes sociales y los medios de comunicación instalaran el tema en la agenda pública para que el Estado respondiera con mayor contundencia?
En mi caso acudí al canal de comunicación de la Cancillería, y van 2 días sin respuesta a mis consultas. La protección de la vida y de la dignidad humana, reconocidas en los artículos 15 y 22 de la Constitución Política del Estado, no puede depender de la presión mediática. Un Estado eficiente previene; no espera a que las tragedias se viralicen.
La Constitución establece la obligación de proteger a los ciudadanos bolivianos en el exterior (artículo 218) y de garantizar condiciones de trabajo digno (artículo 46). Estos mandatos no representan simples declaraciones jurídicas: constituyen compromisos concretos para evitar que la pobreza y la falta de oportunidades empujen a los jóvenes hacia redes internacionales de trata con fines de reclutamiento bélico.
La mayor derrota de un Estado no ocurre cuando uno de sus ciudadanos muere en una guerra extranjera. Ocurre mucho antes: cuando ese ciudadano llega a creer que arriesgar la vida en un conflicto ajeno representa una mejor opción que permanecer en su propio país. ¿Qué clase de país estamos construyendo cuando una guerra extranjera termina ofreciendo mejores expectativas económicas que nuestro propio mercado laboral?
Mientras esa pregunta no encuentre respuesta, seguiremos confundiendo las consecuencias con las causas. Y el hambre continuará siendo el mejor reclutador de guerras que nunca fueron nuestras.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
