ay algo más preocupante que las más de cien toneladas de droga halladas en madera proveniente de Bolivia. Es la sensación de que nadie dentro del propio Estado boliviano parece tener claro qué ocurrió.
Mientras el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, habla de una investigación que tomó dos años, de cooperación con autoridades bolivianas y de una estructura criminal que utilizaba empresas forestales como fachada para mover cocaína a escala internacional, desde Bolivia la respuesta oficial ha sido otra: poner en duda los datos, cuestionar las cifras y acusar irresponsabilidad.
Las contradicciones no son menores, por un lado, el fiscal chileno sostiene que existieron mecanismos de coordinación con autoridades bolivianas durante la investigación. Por otro, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, niega que hubiera un trabajo conjunto en los términos expuestos por la Fiscalía chilena, y anuncia la petición como reacción. Alguien no está diciendo toda la verdad o alguien desconoce lo que ocurrió.
Pero hay una segunda contradicción todavía más delicada, desde el Gobierno boliviano se ha intentado relativizar la magnitud del hallazgo, cuestionando incluso si realmente se trata de 108 toneladas de droga vinculadas al cargamento intervenido. Sin embargo, el propio fiscal chileno advierte en una entrevista a ADN Noticias, que el cálculo inicial es conservador. Según explicó, la estimación del 10% de droga impregnada en la madera podría aumentar significativamente conforme avancen los peritajes, ¡Llegando incluso al 30% o 40% del peso total transportado!
La diferencia entre ambas posiciones no es técnica, parece que es política. Porque si la estimación chilena termina acercándose a esos porcentajes, no estaríamos frente a un cargamento excepcional ni a una operación aislada. Estaríamos frente a una modalidad industrial de narcotráfico que habría logrado infiltrarse en cadenas de exportación formal, utilizar empresas legalmente constituidas y aprovechar circuitos comerciales internacionales para mover droga a escala masiva.
Y eso cambia completamente la discusión, durante años en Bolivia hemos convivido con decomisos, fábricas clandestinas y rutas de tránsito, y nada de eso es nuevo, el 2017 Carlos Romero allanó en Santa Cruz un aserradero, sin detenidos. Sin embargo, lo que aparece ahora es otra dimensión del problema: la capacidad de incorporar sustancias ilícitas a procesos productivos aparentemente legales, camuflarlas dentro de mercancías exportables y enviarlas a mercados internacionales sin despertar sospechas inmediatas.
No estamos hablando de mochileros cruzando una frontera. Estamos hablando de logística empresarial, atenidos al Tratado de Libre Tránsito de 1904. Tampoco deja de llamar la atención que este caso no surgiera de la nada. Hace dos años ya se habían detectado cargamentos de droga ocultos en madera boliviana. Aquellas alertas parecían episodios aislados. Hoy sabemos que probablemente eran señales tempranas de algo mucho más grande.
Por eso resulta insuficiente responder atacando al mensajero. Si la Fiscalía chilena exagera, corresponde demostrarlo con evidencia. Si las cifras son incorrectas, corresponde transparentar información. Pero si la reacción inmediata es desacreditar la investigación antes de conocer sus resultados finales, el mensaje que se transmite hacia afuera es preocupante, muestra que el problema incomoda más que el delito mismo.
La pregunta, entonces, ya no es cuánta droga había en la madera. La pregunta es cuánto tiempo estuvo funcionando esta estructura sin que nadie la viera, quiénes se beneficiaron de ella y por qué las autoridades bolivianas parecen más preocupadas por discutir las cifras que por explicar los hechos.
Porque cuando un fiscal extranjero, como Carlos Guerrero con un fichaje brillante al respecto, afirma que una red criminal utilizó exportaciones bolivianas para mover cocaína a escala global y el Gobierno responde que el problema es la cifra, la sensación que queda no es de tranquilidad.
Es de vacío, y en materia de narcotráfico, los vacíos suelen ser el lugar donde mejor prosperan las dudas.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
