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l Tribunal Sexto de Sentencia ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación formal contra el exviceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera. La exautoridad es señalada por presuntas torturas y presiones ilegales contra militares procesados por la asonada militar del 26 de junio de 2024.

Aguilera torturó e interrogó ilegalmente al coronel del Ejército y ahora excomandante de la Policía Militar Raúl Barbery Muibade, uno de los acusados en el denominado Zuñigazo, en junio de 2024, denunció Róger Valverde, abogado del militar que fue detenido en el penal de Chonchocoro.

Valverde dijo a Datápolis y Encontrados que Barbery contó al Tribunal del caso 26J que Aguilera, de quien se desconoce ahora su paradero, lo interrogó sin tener una orden ni competencia para hacerlo, lo mantuvo enmanillado por cerca de siete horas en un ambiente policial con las ventanas abiertas, en pleno invierno de 2024.

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El jurista sostuvo que el tribunal escuchó atento las revelaciones de Barbery y advirtió que el militar podría iniciar un proceso dentro o fuera del país contra Aguilera, fiscales, policías y jueces. Añadió que en el penal de Chonchocoro un recluso agredió e intentó apuñalar a su defendido.

Por su parte, Eduardo León, abogado del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, principal protagonista del denominado Zuñigazo, dijo que los exaltos jefes militares que declararon en el juicio oral por el caso 26-J coincidieron en las torturas aparentemente perpetradas por Aguilera.

A estas denuncias se sumó la abogada Martha Requena, representante de otro militar procesado, quien afirmó que su defendido sufrió maltratos físicos y psicológicos. Cabe recordar que Aguilera fue una figura clave durante los operativos de aprehensión tras la toma de la plaza Murillo, trasladando personalmente a figuras como el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

La resolución del Tribunal Sexto pone ahora la responsabilidad en la Fiscalía para esclarecer si existió una vulneración de derechos humanos por parte de altos funcionarios del Estado durante la detención de los militares implicados en la crisis de 2024.