uego de que el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el procurador del Estado, Hugo León , presentaran este jueves ante la Fiscalía de La Paz una querella penal contra cuatro exministros y otras 15 personas por daño económico en el caso radares, los extitulares de Defensa Luis Fernando López y Edmundo Novillo respondieron públicamente que están dispuestos a comparecer ante el sistema judicial bolivano-
Entre las personas demandadas por la acción penal figuran los exministros Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El procurador general señaló que los tipos penales identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Precisó que el daño económico inicialmente cuantificado asciende a Bs 1.478 millones.
La primera respuesta fue de López Julio, ministro del área en el gobierno transitorio presidido por la expresidenta Jeanine Áñez. En su cuenta de X escribió este jueves lo siguiente: "Señor Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad como corresponde".
Por su parte, Novillo Aguilar, ministro de Defensa los cinco años de gestión de Luis Arce, respondió también con un post en su muro de Facebook con el siguiente texto:
"Por los medios de comunicación, he sido informado que el Ministerio de Defensa presentó una querella penal ante el Ministerio Público sobre el tema de los Radares. Al respecto, debo manifestar que mi persona, ante cualquier citación o notificación, respetando el debido proceso estará presente ante las autoridades correspondientes para demostrar que todas mis actuaciones estuvieron enmarcadas en la legalidad y que hice el mayor esfuerzo para defender los intereses del Estado y darle continuidad a la ejecución del proyecto hasta su recepción definitiva y la transferencia a la Fuerza Aérea, por tratarse de material bélico, para su administración a través del COSDEA (Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo).
Durante la ejecución, se tuvo muchísimas dificultades, porque el proyecto tiene un alto componente técnico tecnológico, al tratarse de radares de última generación y que sólo la empresa Thales tiene el conocimiento exclusivo de su tecnología; sin embargo, con esfuerzo y mucha paciencia, en largas jornadas de trabajo, se procuró dar soluciones de manera transparente para seguir avanzando y cuidando que nuestras decisiones estén estrictamente apegadas al marco jurídico vigente en lo técnico, administrativo y financiero.
Es lamentable que ante cualquier posible observación, el actual Gobierno y la empresa no hayan podido dar solución para la continuidad, sostenibilidad y viabilidad de uno de los proyectos más importantes para el país, nuestra Fuerza Aérea y NAABOL".
