a crisis desatada tras las recientes sanciones migratorias impuestas por el Departamento de Estado de EEUU no solo expuso las sombras sobre el Ministerio Público, sino que dejó al descubierto la extrema fragilidad de los filtros de control del propio Estado. Casos como el del coronel Franz William Cabrera Quispe —quien pasó de dirigir la fuerza antinarcóticos a ocupar la Inspectoría General de la Policía, para ser removido en menos de 30 días tras ser sancionado por presunta protección al crimen organizado— revelan grietas profundas en los mecanismos de selección y contrainteligencia del Ejecutivo.
Cuando altas autoridades de la justicia, la Aduana y la Policía figuran en listas de veto internacional bajo serias acusaciones de corrupción, la idoneidad de los procesos de nombramiento o ratificación estatal quedan bajo un severo cuestionamiento.
Tras la aprehensión de Róger Mariaca y la cúpula fiscal, la coyuntura derivó rápidamente en un peligroso choque entre poderes por el control del Ministerio Público. La propuesta lanzada desde la bancada oficialista para nombrar al nuevo Fiscal General del Estado mediante un Decreto Supremo provocó una inmediata resistencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Diversos legisladores de oposición y líderes políticos advierten que recurrir a un decretazo es inconstitucional, imita viejas prácticas de concentración de poder y amenaza con subordinar la persecución penal a las necesidades del Gobierno, en lugar de seguir las vías legales de sucesión e investigación institucional fijadas por la Constitución.
Este pulso político abre un riesgo latente de persecución selectiva que erosiona la de por sí maltrecha credibilidad judicial. Distintas bancadas parlamentarias coinciden en que la acción de la justicia no puede operar con doble rasero: ser inflexible con ciertos actores mientras se mantienen encarpetadas u olvidadas causas de enorme gravedad, tales como las investigaciones por "narcomaderas", el tráfico ilegal de oro, las narcoavionetas o las llamadas "narcomaletas". Si la intervención policial y judicial se percibe como un mecanismo para cooptar la Fiscalía y acallar voces críticas, el proceso perderá toda legitimidad frente a una ciudadanía exhausta de manipulaciones partidarias.
En el centro de esta tormenta institucional se ubica el caso de Fernando Cerimedo, configurado como el verdadero ojo del tornado. El consultor político argentino aparece salpicado en grabaciones presentadas por el vicepresidente Edmand Lara sobre supuestos cobros de 15.000 dólares por "narcovuelo" en el Beni y coordinación con mandos policiales. Las interrogantes sobre por qué ciertos operadores extranjeros no fueron alcanzados por las sanciones de Washington aumentan las sospechas sobre posibles blindajes y maniobras para frenar indagaciones sensibles.
Todo este remezón político e institucional estalla mientras la población enfrenta una agobiante incertidumbre en el plano económico. Entre filas en los surtidores y volatilidad cambiaria, el debate sobre el levantamiento aparente o la nivelación de la subvención de la gasolina y el diésel vuelve a instalarse en la agenda pública. El desvío sistemático de millones de litros de combustible subvencionado desde el mercado negro hacia la minería aurífera ilegal demuestra cómo la corrupción estatal encarece el costo de vida cotidiano mientras desangra los recursos del Tesoro.
Bolivia requiere certidumbre, reglas de juego claras e instituciones independientes. Si la caída de máscaras en el aparato estatal no conduce a una reforma transparente y respetuosa de la Constitución, el costo de este sismo no lo pagarán los grupos de poder en pugna, sino una sociedad que clama por estabilidad y justicia real.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
