
os bloqueos que van por su cuarta semana y que ponen en jaque al gobierno de Rodrigo Paz confunden en su caracterización a la mayoría de los políticos, analistas y estudiosos. Muchos los conciben como una manipulación política orquestada por Evo Morales en su afán por retornar al protagonismo político en Bolivia. Esta interpretación es la que tiene mayor difusión y es desarrollada tanto desde los medios de comunicación estatales como en los artículos de opinión de conocidos analistas independientes. Uno de estos, Diego Ayo, en un reciente artículo interpreta la exacerbación progresiva de las protestas como la “hiperrradicalización” de la gente cercana a Evo, es decir, como el comportamiento cada vez más radical de los “soldados” de Morales.
Indudablemente, Evo Morales y sus adláteres tienen mucho que ver con el curso actual de estos acontecimientos. Sin embargo, considerar que el actual movimiento indígena depende únicamente de ese impulso implica ignorar la propia historia del movimiento y su repercusión en el devenir de Bolivia. A lo largo de los periodos colonial y republicano de Bolivia, las sublevaciones y movimientos indígenas presentan regularidades y características compartidas que nos permiten determinar su naturaleza y prever ciertas dinámicas generales.
La subversión de Julián Apaza, Túpac Katari, fue la más clara expresión de una guerra descolonizadora y un proyecto emancipador: expulsar al invasor ibérico e instaurar un gobierno propio en el que “solo reinasen los indios”, como lo expresó Bartolina Sisa durante la guerra de 1780–1781.
Ese impulso descolonizador adquirió otra modalidad con el paso del tiempo. Al final, la expulsión del español la realizaron los hijos de los colonos y no los indígenas. Además, la naciente Bolivia no integró a los indios en su proyecto: la República fue, incluso, más discriminadora y opresiva que la anterior administración española.
Es evidente que el indígena buscó instaurar sus derechos en ese nuevo contexto. El desenlace de la llamada Guerra Federal de 1898 en Bolivia fue favorable al bando de José Manuel Pando gracias al apoyo militar del Willka Zárate. Este, en su Proclama de Caracollo, señala que su lucha es por "la regeneración de Bolivia". En dicho documento, Zárate advierte que “...deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia”. Sin embargo, una vez triunfante Pando, el aliado indígena fue ignorado y físicamente desaparecido.
La contraparte boliviana no cumplió su compromiso; Bolivia continuó su afirmación estatal ignorando y reprimiendo al indio. Las grandes reformas, como la de 1952, se realizaron utilizando y “canalizando” el ímpetu indígena, y no mediante su participación autónoma: el capítulo emancipador de Laureano Machaca terminó siendo solo una nota —relevante, de todas maneras— dentro del gran relato del nacionalismo criollo boliviano.
A principios del siglo XXI emergió en esta historia otro gigante: el mallku aymara Felipe Quispe Huanca. Fue él quien reordenó la relación del Estado boliviano en torno al protagonismo indígena. Militante del MITKA, fundador luego de los Ayllus Rojos y del EGTK, y finalmente como Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Quispe trastocó el curso de la historia política de este país. Las caídas de los gobiernos de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa fueron fruto de su ímpetu político y militante.
Sin embargo, Quispe no logró cosechar el fruto del poder debido a su elección estratégica: se inspiró más en Julián Apaza que en el Willka Zárate, en un tránsito histórico que exigía precisamente lo contrario.
La consecuencia fue que un outsider de los inicios de esa época, Evo Morales Ayma, terminó desplazando al Mallku aprovechando, sardónicamente, su impulso hasta llegar a la presidencia de la República. Morales parece ser, entonces, el beneficiario de una lógica histórica que logró imponerse soslayando la dicotomía Julián Apaza - Willka Zárate, merced a que el poder y la iniciativa real la tuvieron los criollos —encabezados por Álvaro García Linera— y no los indígenas.
Lo que muchos analistas notan y remarcan (y se asustan) en los actuales bloqueos, no son las regularidades históricas, sino las anécdotas circunstanciales: que un dirigente indígena declare a la prensa: “Vamos a alfombrar la carretera La Paz-Oruro de cadáveres”; que un senador indígena indique públicamente: “...vamos a cambiar la Constitución Política del Estado, tenemos que reformarla para fusilar a estos ladrones políticos” o que otro de sus colegas aymaras en el Parlamento apostrofe: “Ningún q'ara asqueroso va a meter bala a mi pueblo”. Las declaraciones son solo señales de un momento de indefinición de una población que retoma energías. Están en la disyuntiva de optar por el camino de Túpac Katari o el del Willka Zárate, más que en una pugna por satisfacer la libido de poder de Evo Morales.
Es ese desasosiego coyuntural el que debería preocuparnos. Se trata de una confusión generada y alimentada por la irresolución del actual gobierno, que no supo responder a la expectativa de sus electores (entre ellos, la mayoría de quienes ahora protestan y bloquean ciudades y caminos) y que, lejos de asegurar un periodo de transición política, parece encaminado a la disolución de sus responsabilidades históricas.
Pedro Portugal Mollinedo es historiador y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
