legamos a los 50 días de uno de los más intensos cercos a la ciudad de La Paz. Esos cercos —o bloqueos, como ahora se los denomina— no son hechos inusitados, sino constantes en la historia de Bolivia. Sin embargo, cuando suceden, cada protagonista los enfrenta como si fueran inéditos. Se reproducen así clichés y prejuicios que no solo no explican el fenómeno, sino que crean las condiciones para que se reproduzca tiempo después.
En 1781 se produjo, en lo que ahora es Bolivia, la insurrección indígena más emblemática: la de Tupak Katari. Tuvo lugar entonces el sitio más significativo de la ciudad de La Paz. Las crónicas de la época relatan que los criollos expresaban el escándalo propio del patrón que constata el insólito comportamiento de quienes, asumidos como inferiores, solo deberían manifestar agradecimiento y sumisión. Así, Tupak Katari y sus guerreros eran considerados sediciosos, traidores, rebeldes, una horda de bárbaros y salvajes.
Este año 2026, las reacciones del poder son idénticas. La población criolla de las ciudades (y quienes, sin pertenecer a esa casta, asumen tal condición) remarca el salvajismo y la impiedad de los bloqueadores. El mismo presidente de la República los calificó de “vándalos”.
En contraposición, en 1781 los insurrectos asumían su conducta como una guerra de liberación contra la opresión, la mita y los abusos coloniales. Las mismas crónicas de la época señalan que los indígenas calificaban a los citadinos como chapetones, caras blancas y advenedizos que detentaban despóticamente el poder y los cargos administrativos.
Este año 2026, el rostro del poder sigue siendo criollo, ya no con el remoquete de chapetón, sino de q’ara. Y, ¿no es acaso el pedido de los movimientos sociales ser admitidos como poder político y ser incluidos en la administración del Estado?
Y es que, desde los tiempos de la Colonia española hasta nuestros días, no hemos logrado proyectar una nación y establecer un Estado, que es simplemente su administración viable. De ahí que, episódicamente, en la historia de la Colonia y de la República se repita esa perspectiva, y lo seguirá haciendo mientras no se resuelva la perturbación que analizamos.
De ahí también que, de manera repetitiva y sistemática, los enfrentamientos entre estos dos conglomerados sociales se reproduzcan en nuestra historia. Analizar algunos de ellos puede resultar provechoso para comprender lo que sucede en nuestros días.
Hace poco más de un año, entre el 10 y el 12 de junio de 2025, la localidad minera de Llallagua, en Potosí, fue escenario de uno de los enfrentamientos más violentos de nuestra historia contemporánea.
Fue durante el gobierno de Luis Arce Catacora. Antes de culminar su mandato explotaron las contradicciones acumuladas, tanto las atávicas como las inmediatas, estas últimas vinculadas a las pugnas entre facciones del entonces partido gobernante, el MAS.
Entonces, como ahora, el poder recurrió al cómodo expediente de atribuir las protestas a “la manipulación de las masas por parte de Evo Morales”. No se puede descartar esta afirmación. Sin embargo, lo inmediato siempre opera sobre condiciones previas que nuestra historia no ha sabido resolver.
Las condiciones inmediatas eran la crisis económica, la falta de combustible y la escasez de dólares para el comercio. Se inició un bloqueo de caminos que adquirió un cariz funesto en la región de Llallagua, en Potosí. Las comunidades indígenas que rodean ese centro minero, en particular el ayllu Chullpa, iniciaron su sitio, impidiendo el acceso de alimentos y combustibles a Llallagua.
Hastiados del cerco, los pobladores de Llallagua se organizaron para levantar los bloqueos. Se conformaron grupos de choque integrados especialmente por transportistas y comerciantes, quienes eran los más afectados económicamente, con el propósito de romper los puntos de bloqueo situados principalmente en las serranías del distrito Siglo XX.
La ofensiva de los vecinos, el 10 de junio, fue violentamente resistida por los comunarios, armados con q’orawas (hondas) y dinamita. El primer enfrentamiento duró más de siete horas y dejó un saldo de 50 heridos.
Al día siguiente llegó a la zona un contingente de la Policía Boliviana, que fue emboscado desde los cerros por los comunarios con armas de fuego y cartuchos de dinamita. El resultado fue de tres policías y un civil muertos, además de heridos en ambos bandos. Los comunarios incendiaron el autobús de transporte de los policías e ingresaron a la localidad de Llallagua, saqueando oficinas policiales y comercios de los pobladores. Estos, a su vez, asaltaron y quemaron la sede social del ayllu Chullpa. Finalmente, el 13 de junio, el ingreso de un masivo contingente de la Policía y del Ejército logró tomar el control de la región de Llallagua.
Ciertamente, nuestra historia se repite. Felizmente, no en todos los detalles. Los enfrentamientos en Llallagua fueron cruentos, pues se escenificaron primordialmente como una oposición entre civiles. Los policías fueron los actores que sufrieron la mayor cantidad de bajas mortales. Los militares, en cambio, fueron recibidos con algarabía y banderas blancas.
¿Qué hubiese pasado en La Paz y sus alrededores, en nuestra historia reciente y un panorama donde aún persiste el bloqueo, si la población hubiese sido receptiva al mensaje del presidente que instaba a coadyuvar a la Policía y al Ejército en el desbloqueo de caminos?
Pedro Portugal Mollinedo es historiador y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
