l considerar los acontecimientos históricos, la explicación de la historia como cíclica surge naturalmente para explicar la regularidad e intermitencia de los hechos y su desarrollo mediante patrones recurrentes. Esta concepción fue propia de la mayoría de las civilizaciones antiguas.
Se contrapone a esta visión la de la historia lineal, que interpreta el tiempo histórico como una sucesión continua que progresa en una sola dirección y hacia un destino definido. El pasado no se repite y cada momento es específico. Esta otra concepción tiene su referencia en la cosmovisión judeocristiana y es propia de la civilización occidental actual.
El marxismo, si bien se inscribe en esta última visión, posee —es mi especulación— elementos de ambas concepciones. La contradicción de contrarios reproduciría la componente cíclica que solo, cuando es resuelta en una síntesis, generaría el “salto cualitativo” hacia una nueva realidad.
Estas digresiones surgen al constatar regularidades en la historia de nuestra formación social, reincidencias que dan sentido a la famosa frase del filósofo George Santayana: “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Aunque, quizás, el simple conocimiento no sea en sí suficiente para evitar los yerros y acontecimientos del pasado.
En mis anteriores colaboraciones a esta columna, hacía referencia a la repetición de los bloqueos como constante en la historia colonial y republicana. En la última resalté el papel que en los recientes acontecimientos jugó la región de Río Abajo.
Ya durante la rebelión de Julián Apaza y Bartolina Sisa, en 1781, la región de Río Abajo desempeñó un papel similar. Lo que ahora se conoce como municipio de Mecapaca tuvo entonces un papel preponderante en el cerco económico y militar de la ciudad de La Paz. La situación era evidente, pues al ser una región de transición hacia valles templados era productora y comercializadora de hortalizas, legumbres y frutas.
Por orden de Julián Apaza, los comunarios cortaron el flujo de alimentos hacia La Paz. La situación era incuestionable, pues en esa época Río Abajo era también vía de acceso a los valles de Cochabamba y a la región de los Yungas. No se trataba solamente de la circulación de bienes y productos, sino también de impedir la vía natural de escape para los sitiados hacia esas otras regiones.
En el siglo XVIII, los comunarios de esa región debieron resolver primero su contradicción con los criollos que vivían en los pocos pueblos hispanos y, sobre todo, en las haciendas: fueron expulsados los administradores coloniales. Esa tensión entre poblaciones también se experimenta ahora entre campesinos y vecinos, aunque felizmente en menor grado, en épocas de convulsión como las que vivimos recientemente.
En esa época se dieron también contradicciones internas en el sector comunario. Hubo caciques que pusieron su conocimiento de las redes familiares y del territorio de Río Abajo al servicio de los españoles, especialmente bajo la forma que actualmente se conoce como inteligencia militar. En el reciente bloqueo de caminos de cincuenta días no se manifestó en Río Abajo esa disensión, aunque sí el antagonismo entre poblaciones respecto a la apertura o no del comercio de sus productos a los consumidores de La Paz, luego de más de un mes de bloqueo rígido. La captación por parte del poder de dirigentes sindicales campesinos, a través de mecanismos “del diálogo” y, seguramente, de incentivos pecuniarios, fue un mecanismo que ocurrió en el reciente cerco de cincuenta días, a lo que, por lo que se divulga, habría llegado a las principales instancias de la Federación de Campesinos de La Paz.
Durante la rebelión de Julián Apaza, la sofocación del movimiento katarista en Río Abajo —en especial en las comunidades de Huaricana y Santiago de Collana y en las demás zonas del río— fue consecuencia de sangrientas expediciones punitivas a cargo de tropas realistas expedicionarias, al mando del teniente coronel José de Reseguín y del militar español Manuel Tomás Franco, auxiliadas por las milicias de la ciudad bajo el mando del gobernador Sebastián de Segurola.
Ese esquema se repitió en varios acontecimientos posteriores. Durante la revolución del 16 de julio de 1809, la participación indígena fue supletoria a la de los insubordinados criollos. La Junta incluyó a caciques indígenas, aunque solo como vocales, como recurso para consolidar su movimiento. En algunas regiones —Yungas, Sorata y Omasuyos, especialmente— se evidenciaron movilizaciones indígenas con las características de cercos o bloqueos.
En el sector de Río Abajo se inició el proceso de cortar suministros a La Paz, principalmente después del levantamiento indígena en Cohoni en agosto de ese año, pero no llegó a tener mayor repercusión por la inestabilidad de la Junta Tuitiva comandada por Pedro Domingo Murillo y la debilidad de su movimiento al no poder hacer frente a la reacción hispana.
Si analizamos con detalle los acontecimientos de la colonia y de la república, constatamos la recreación casi cabal de procesos y hechos similares. Es tentador adherir a una visión cíclica, en desmedro de un optimismo histórico linealista. Esa repetición, sin embargo, no parece ser una vocación en sí misma, sino la expresión del fracaso de una élite empoderada para resolver las discordancias: un testimonio del fracaso de quienes se atribuyeron la creación de una realidad nacional y la dirección de su correspondiente Estado. De tanto repetir obcecadamente episodios discordantes, nos acercamos cada vez más a la fatalidad de una disgregación final… A menos que la casta —que el tiempo y la evidencia de los hechos desenmascaran como inepta y agotada— deje de jugar a Sísifo y no obstaculice el acceso a las responsabilidades históricas a los pueblos, sectores y clases que hasta ahora han sido marginados y entorpecidos en su derecho a jugar un rol protagónico en la construcción de una nación integrada y de un Estado funcional.
Pedro Portugal Mollinedo es historiador y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
