a icónica frase del título, pronunciada por el expresidente argentino Mauricio Macri, resume el fracaso de su política económica y la derrota electoral que devolvió el poder al kirchnerismo. Hoy, la frase se ha convertido en un meme para describir proyectos que se desmoronan de manera inesperada. En retrospectiva, lo más valioso de un análisis político es evaluar cómo se gestionan las crisis. La clave está en determinar si los obstáculos fueron identificados a tiempo o si realmente se trató de un “cisne negro” —un evento imprevisible—, especialmente cuando en el oficialismo predominaba la percepción de que todo marchaba “bien”.
Precisamente, desde el triunfalismo del presidente Paz Pereira en la cumbre de Cochabamba del pasado 9 de mayo, en el país “pasaron cosas” que sacudieron el tablero político y social. Sin embargo, ninguna fue una sorpresa. La acumulación de tensiones y, en particular, el descontento incubado por la fallida Ley 1720 descartan por completo la teoría del “cisne negro”.
Frente a este escenario, la narrativa oficialista se concentró en buscar un diálogo tardío y denunciar que el Gobierno era víctima de un complot. Según el discurso oficial, esta conspiración estaría financiada por el narcotráfico, Evo Morales, sectores sindicales corporativizados y subversivos e, incluso, una supuesta intromisión del presidente de Colombia. Lejos de cualquier autocrítica, el Ejecutivo apenas admitió problemas de “capacidad de escucha”. En ese marco, anunció la creación de una Comisión Económica y Social (CES) para coordinar decisiones y avanzar hacia un “gobierno conjunto” con representantes campesinos, gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos.
En resumen, la postura de Paz Pereira sugiere que su modelo de conducción no está cuestionado y que bastaría ajustar la forma de ejercer el poder, abriendo un espacio para un cogobierno mediante la CES y cambios en el gabinete. Sin embargo, para analistas y politólogos, el problema es estructural. Algunos lo interpretan como el arrastre de tensiones históricas no resueltas. Otros, como el agotamiento del modelo corporativista vigente desde 1952 ante la emergencia de una sociedad civil que ya no se siente representada por los viejos gremios.
Gobernar a través de una CES exige un enorme capital político y, dada su escasez actual, existe el riesgo de que se convierta en otra instancia de prebenda oficial. Además, considerando las limitaciones de gestión que Paz Pereira ya mostró, creer que esta comisión será exitosa —o que destrabará una agenda legislativa demorada— es un acto de fe. Tampoco existe consenso sobre el origen mismo de la crisis: para el oficialismo, responde a factores externos y a una sublevación antidemocrática; para la oposición y la calle, deriva de errores endógenos que el propio Gobierno sembró con normativas como la Ley 1720.
Los acontecimientos recientes confirman que la crisis surge de la pérdida de confianza entre el Gobierno y las bases populares que inicialmente apoyaron a Paz Pereira. La errática comunicación oficial y el trato privilegiado hacia cooperativistas mineros —beneficiados con condonación de deudas, nuevas áreas de trabajo, cuotas de poder en la CNS y COMIBOL, y laxitud ambiental en áreas protegidas— abonaron el terreno para la radicalización bajo una premisa inevitable en las calles: “si los mineros le doblaron la mano, ¿por qué no nosotros?”. Ante ello, cambiar ministros o convocar a la CES son medidas superficiales que no resuelven el problema central: redefinir cómo se ejerce el poder.
El oficialismo se equivoca al tratar esta crisis como un problema desorden público, cuando en realidad enfrenta un colapso estructural de legitimidad ante minorías radicalizadas y altamente efectivas. La narrativa que divide a “demócratas” y “vándalos” perdió coherencia cuando el Ejecutivo sí negoció con los cooperativistas mineros pese al uso abierto de la violencia y la dinamita. De igual forma, encasillar el escenario entre “patriotas” y “conspiradores” ya no alcanza para unificar las filas propias —menos aún en La Paz, donde crece la sensación de abandono ante la incapacidad estatal para garantizar el libre tránsito y el abastecimiento— y, en cambio, dinamita los puentes hacia una salida pacífica. Las señales de improvisación confirman una falencia ya endémica de diagnóstico y ejecución, donde se preside el poder pero no se gobierna visible desde el inicio del mandato.
Incluso si las protestas pierden fuerza por desgaste, el oficialismo no debería cantar victoria. En contextos de deterioro económico y fatiga social, la desmovilización no implica apoyo ni rendición; implica agotamiento material y ausencia de alternativas inmediatas. El riesgo es confundir esta tregua precaria con la recuperación de legitimidad. De ser así, terminará celebrando una victoria pírrica: un triunfo a un costo devastador.
El verdadero problema no es que “pasaron cosas.” sino que muchas ya estaban anunciadas y el Gobierno las ignoró, confiando en un capital político aún incipiente y en una capacidad de gestión que nunca terminó de construir.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
