l capitalismo no se define por su origen, sino por una dinámica central: la generación de excedentes económicos que se apropian y gestionan mediante la propiedad privada. Esa es su quintaesencia.
En Bolivia, el Estado controla más del 50% del PIB, un dominio cimentado en la burocracia central y el peso de sus “empresas estratégicas”. Este modelo encuentra su sustento constitucional en los artículos 349 y 351, que establecen el dominio directo del Estado sobre los recursos naturales y su control sobre la cadena productiva.
De existir un excedente, la Constitución —en su artículo 313— establece que debe contribuir a reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y entre regiones. El resultado operativo es claro: los ingresos se canalizan al Tesoro General de la Nación (TGN) y se asignan bajo una lógica política antes que de rentabilidad o acumulación. El excedente no se acumula: se disipa en subsidios, gasto corriente y el sostenimiento de un aparato empresarial crónicamente deficitario.
La otra mitad del PIB queda en manos de un sector privado que soporta una presión tributaria del 24,6%, superior a la de países vecinos. Sin embargo, una informalidad laboral del 85% altera radicalmente el cuadro. A diferencia de Chile, Argentina o Brasil, donde la carga fiscal se distribuye sobre una mayoría formal, en Bolivia recae casi por completo sobre un exiguo 15% a 20% de la economía legal. El resultado es una presión efectiva asfixiante: un puñado de empresas tributa a niveles casi europeos para sostener a un Estado que gasta cerca del 45% del PIB.
Sobre esta estructura —no en el vacío— emerge el plan de “capitalismo para todos” del presidente Paz Pereira, orientado a fomentar la iniciativa privada mediante incentivos fiscales y crédito accesible. En el Foro Empresarial Iberoamericano, el mandatario prometió ordenar “la casa con leyes claras y transparencia” y reducir la informalidad haciendo de Bolivia “un país barato para que la formalidad sea viable”.
El problema es que estas medidas periféricas chocan con un muro macroeconómico. Al absorber cerca de la mitad del PIB, el aparato estatal desplaza al sector privado, capturando los recursos indispensables para la inversión y la generación de excedentes. El plan presidencial encierra así una contradicción de fondo: pretende fomentar el capitalismo sin alterar el mecanismo que lo vuelve inviable. Evita cuestionar el rol de un Estado que captura excedentes para disiparlos en gasto burocrático y empresas deficitarias.
Este estrangulamiento no es una abstracción, sino una trayectoria observable. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 una contracción económica del 3,3% y una inflación superior al 20%: el saldo previsible de un modelo que erosiona sistemáticamente la generación de riqueza.
Detrás de esta contradicción hay algo más profundo: una “política del escepticismo” —en el sentido de Michael Oakeshott— que, lejos de limitar el poder, administra su inercia. No es prudencia frente al cambio, sino una forma de gobierno que, aun reconociendo las fallas del modelo, rehúsa intervenir en sus causas estructurales. Así, la política económica queda reducida a una gestión de síntomas, superponiendo la retórica de un ecosistema emprendedor sobre una base estatista que continúa capturando y disipando excedentes.
Nada ilustra mejor este modelo que el manejo discrecional del ahorro previsional. Mientras los acreedores externos cobraron en dólares el vencimiento de sus bonos soberanos, la Gestora de Pensiones fue obligada a aceptar bonos del TGN al tipo de cambio oficial, a largo plazo y con tasas reales negativas. La operación no solo pauperiza a los trabajadores —al afectar su propiedad privada, sus salarios diferidos—, sino que revela una premisa más inquietante: para el Estado, toda reserva disponible es, en última instancia, caja fiscal. No deja de ser irónico que, según reportó la ANF en junio de 2024, el entonces senador Paz Pereira exigiera investigar si los ahorros jubilatorios se usaban para “salvar urgencias económicas del gobierno”. Hoy, ese mecanismo ha sido validado desde el poder.
Si bien este modelo podría generar cierto impulso vía crédito, su efecto sería, en el mejor de los casos, limitado. La razón es estructural: el Estado mantendría intacta su maquinaria de captación de excedentes para financiar su gasto. Bajo esta premisa, Gonzalo Colque advierte del riesgo de profundizar la asignación hacia grupos de interés específicos, desde sectores exportadores hasta actores de la economía informal.
En ese sentido, el problema no es la falta de incentivos, sino la ausencia de una decisión estructural: permitir que el excedente exista, se acumule y se reinvierta fuera del control discrecional del Estado. Sin excedentes, no hay capitalismo posible, sino apenas una forma artesanal de mercantilismo sostenido por el poder.
Al final, la disyuntiva no es ideológica, sino funcional: un “capitalismo para todos” sin excedentes no es una versión inclusiva, sino su negación práctica porque no captura el excedente. Mientras esta contradicción persista, la política económica seguirá atrapada en su propio escepticismo: incapaz de transformar lo que diagnostica y condenada a administrar sus propios límites.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
