Julio César se le atribuye la máxima de que no basta con ser honrado: también hay que parecerlo. Dos mil años después, Guy Debord lo formuló en términos más radicales: en la sociedad del espectáculo, el parecer no complementa al ser, sino que lo reemplaza. La política moderna confirma ambas intuiciones por la vía de los hechos. El poder no se sostiene únicamente en su legitimidad legal, sino en la percepción pública que se logra construir.
Cuando el discurso oficial se aleja sistemáticamente de la gestión real, se abre una brecha de credibilidad que ninguna puesta en escena logra cerrar. Examinar cómo un gobierno responde a esa brecha revela algo más que errores de comunicación: revela la lógica profunda con la que el poder entiende su propio ejercicio.
Como observa la ensayista argentina Beatriz Sarlo, la política moderna posee una dimensión inevitablemente escénica: el poder no solo gobierna, también se representa. Desde el atril presidencial, los gobernantes dramatizan su autoridad mediante una puesta en escena constante que sirve tanto para anunciar decisiones como para denunciar adversarios. Lo que se dice importa, pero importa igualmente cómo se dice, ante quién y con qué carga simbólica.
En ese registro performativo se inscribe el posicionamiento del presidente Paz Pereira, cuya narrativa pública puede leerse en dos ejes complementarios. El primero articula la denuncia y la promesa de ruptura: eslóganes como "vamos a acabar con el Estado tranca y corrupto", "traidor a la patria es el que roba" o "queremos un capitalismo para todos, no para unos cuantos poderosos" construyen un antagonista difuso al tiempo que el poder se presenta como servicio —"no nos han entregado un trono, sino una tarea"— y como garantía de igualdad ante la ley.
El segundo eje opera en clave de refundación emocional: desde la catarsis colectiva de "de esta, carajo, vamos a salir, acuérdense" hasta la liturgia fundacional de "es tiempo de reencuentro, de reconciliación y de unidad", que dotan al relato oficial de una temporalidad épica —un antes sombrío y un después que el gobierno encarna y promete.
Si bien estos registros configuran una posición netamente enunciativa y performativa del presidente —cuya materialización aún no se vislumbra a cuatro meses de la inauguración presidencial—, es crucial analizar su postura de denuncia frente a los errores atribuidos a su propia administración. Es precisamente allí donde emerge una brecha de credibilidad clara: la que separa lo anunciado de lo ejecutado, o, dicho de otro modo, la escena discursiva y la realidad del poder.
En la retórica gubernamental de denuncia aparece una construcción de raíz jacobina: la invocación de un enemigo interno al que se atribuyen las culpas de la crisis. Se trata de un "otro" nombrado de forma insistente pero nunca identificado, y mucho menos llevado ante instancias judiciales donde deberían probarse las acusaciones de sabotaje, terrorismo o conspiración.
En ese desplazamiento —donde la deliberación cede lugar a la escenificación— la denuncia pública termina funcionando más como dispositivo dramático que como acto institucional. Un ejemplo puntual es la acusación del ministro Justiniano sobre un plan de USD 40 millones destinado a "tumbar" al gobierno: una afirmación que amplifica el clima de amenaza, pero permanece en el registro de la escena más que en el de la prueba.
Tres episodios ilustran este patrón: la apelación a una supuesta "institucionalidad del robo" dentro de la administración pública que, irónicamente, el propio Ejecutivo controla; la militarización de plantas de YPFB bajo el argumento de defender la soberanía energética; y la purga burocrática posterior en esa misma empresa. Presentados como gestos de determinación y de ataque frontal a los problemas de la empresa, ninguno logra convencer de que el combustible mejorará o de que el Estado será menos corrupto.
Algunos observadores reducen el problema a sus síntomas más visibles atribuyendo las fallas comunicacionales del Gobierno a la ausencia de un aparato estratégico unificado capaz de fijar la agenda pública. Sostienen que, ante la falta de protocolos internos claros, el Gobierno termina proyectando un discurso fragmentado, con autoridades que declaran sin coordinación y cometiendo errores sencillos. El resultado es un escenario de caos semántico y de desorden comunicacional que lo deja vulnerable a las críticas de la población.
Pero corregir esos déficits organizativos no cerraría la brecha, porque el problema es más profundo que la mera comunicación. Cuando el discurso político se apoya de forma reiterada en la denuncia y en la construcción de enemigos difusos, la narrativa oficial puede ganar intensidad dramática, pero no confianza pública. Allí radica el límite de la teatralidad política: ordena la escena, pero no puede sustituir la evidencia de la gestión fallida.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
