ecreto a voces —persistente desde la nacionalización de 2006— es la mutación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): de empresa estratégica a instrumento fiscal de los gobiernos de turno.
Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia, publicado por la Fundación Milenio, señala que en Argentina, México y Venezuela la “soberanía” utilizada para justificar el control estatal ha perdido contenido técnico y ha sido reemplazada por una lógica de administración política. Bajo este esquema, las empresas estatales son capturadas por grupos de poder que dejan de maximizar valor y pasan a responder a sus propios incentivos de mantener sus beneficios.
Ese patrón regional permite leer el caso boliviano con mayor nitidez. Bolivia no es una excepción, sino un caso de captura extremo: YPFB no solo fue controlada, sino vaciada financieramente hasta agotar su renta, en un esquema donde la empresa dejó de responder a criterios técnicos para alinearse con las necesidades fiscales y políticas del Ejecutivo de turno. Es la paradoja de la nacionalización: al subordinar la lógica empresarial a las urgencias políticas del Estado, el mismo diseño que centralizó el poder y los recursos terminó sembrando las condiciones de su propia decadencia.
Hoy, con lo ocurrido en Venezuela como telón de fondo y el extraordinario giro de YPF Argentina desde la asunción del presidente Milei, la petrolera estatal boliviana queda en una posición incómoda: ya no como excepción, sino como experimento. YPFB se convierte así en un caso de laboratorio sobre los límites de la empresa estatal capturada: qué se puede reformar, qué se puede rescatar y, sobre todo, qué ya no tiene retorno.
Si ese es el diagnóstico, la pregunta ya no es qué salió mal, sino si todavía hay algo que corregir. Atraer inversiones exige más que garantías legales, agilización de trámites o arbitraje internacional. Requiere, sobre todo, reglas claras: que el rol del Estado como propietario esté delimitado y que sus funciones de dueño y regulador estén separadas. Sin esa distinción, el Estado actúa como juez y parte: fija reglas, las interpreta y, cuando conviene, las elude.
En ese marco, el informe propone una hoja de ruta basada en estándares de la OCDE: no para redefinir la propiedad, sino para ordenar su administración y gobierno corporativo. El objetivo es simple: construir reglas creíbles que sobrevivan al gobierno de turno, condición indispensable para atraer socios e inversión.
Solo dentro de ese marco cobran sentido medidas esenciales como la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera en toda empresa pública y la exigencia de responsabilidad civil profesional para sus ejecutivos y directores. Sin independencia, la transparencia es retórica; con ella, se vuelve operativa.
Mientras se aguarda la nueva Ley de Hidrocarburos —postergada desde enero—, hay un punto de partida inmediato para empezar a ordenar YPFB: regularizar la designación de su Presidente Ejecutivo. Cumplir con el mandato legal de seis años, a partir de una terna propuesta por la Cámara de Diputados, no es un formalismo; es cumplir la ley que es la base mínima de seguridad jurídica.
Hoy ocurre lo contrario. La práctica de nombrar autoridades “interinas” al margen del filtro legislativo erosiona esa seguridad desde su raíz. Un ejecutivo cuya permanencia depende de la discrecionalidad política difícilmente puede priorizar el interés de la empresa por encima de las urgencias del poder. En esas condiciones, negociar bien puede pasar de ser un objetivo a ser un riesgo.
Este patrón se replica en otras empresas estratégicas, incluso en el Banco Central de Bolivia y la Gestora de Pensiones, donde el blindaje legal es mayor, al exigir consensos legislativos más amplios. La diferencia no es menor: donde hay reglas creíbles y se las cumple hay confianza; donde no, solo discrecionalidad.
Para el inversor internacional, estas señales pesan más que cualquier indicador coyuntural. No se trata de promesas ni de nuevos marcos legales que pretenden establecer seguridad jurídica, sino de cumplimiento efectivo: si el propio Estado elude las normas que lo rigen, ninguna “seguridad jurídica” declarativa resulta creíble.
Ninguna de estas reformas es puramente técnica: todas requieren voluntad política para autolimitar el poder. Cambiar para bien exige un acto incómodo: mirarse al espejo sin excusas ni postergaciones y dejar atrás los escudos emocionales de eslóganes como “soberanía energética”, “YPFB es la empresa de todos los bolivianos”.
Implica asumir lo anunciado por el presidente: convertirla en “una empresa con grado de inversión”. Ese proceso comienza por cumplir la ley en la designación de su presidente ejecutivo.
La discusión no es ideológica, sino estructural: el problema no es quién es el dueño del recurso, sino cómo se lo administra y bajo qué reglas.
Cuando una empresa pública opera bajo lógica política esquivando designaciones exigidas por ley y por medio de interinatos, se convierte en instrumento. Y los instrumentos, cuando se usan sin límite, no se gestionan; se agotan.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
