a idea del título no se prueba —ni se refuta— mirando la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que es un dato tan útil como el tipo de cambio oficial: existe, pero no sirve. Bs 6,96 por dólar es una cifra impecable… en un mercado que no hay dólares a ese precio.
Con la correlación de fuerzas en la ALP ocurre lo mismo: sobre el papel, todo suma; en la práctica, nada alcanza. No hay combinación ex ante capaz de producir mayorías operativas, y menos aún los dos tercios que exige cualquier reforma constitucional. La matemática cierra; la realidad política, no.
La aritmética sugiere un escenario ordenado. El gobierno de Paz Pereira podría reunir 75 votos en Diputados —49 propios más 26 de Unidad— y tolerar ausencias sin perder la mayoría. En Senadores, esa suma superaría incluso los dos tercios. Es una mayoría limpia en papel.
En la práctica, el oficialismo llega dividido a ambas cámaras. En el mejor de los casos, apenas puede contar con fragmentos de la bancada original del PDC y con el bloque de Samuel Doria Medina. Con eso no se gobierna: no alcanza para sostener mayorías, menos aún para producir decisiones. A esa fragilidad se suma la conducta cada vez más extendida de legisladores que actúan como “librepensantes” —en la acepción de Álvaro García Linera—, sin disciplina ni menos anclaje partidario.
El fenómeno ya no es abstracto. Parlamentarios como Nilton Condori han declarado públicamente que “no tienen jefe”, condensando la disolución de toda lógica de bancada. En ese contexto, incluso los acuerdos mínimos se vuelven contingentes.
Esta parálisis no es solo matemática, es institucional. En una democracia funcional, los partidos son la bisagra entre sociedad y Estado: canalizan demandas y las convierten en decisiones públicas. Para eso existen.
En Bolivia, ese diseño convive con su caricatura. Amparados en un monopolio constitucional, los partidos operan como franquicias de alquiler. No articulan intereses; los intermedian. No representan; transan. Para muchos militantes funcionan como agencias de empleo o plataformas de corrupción. Esto provoca lo que Diego Ayo denomina el 'extractivismo burocrático' de las hordas partidarias, y consolida lo que Jimena Costa identifica como la raíz del divorcio entre sociedad y Estado.
En ese terreno institucional erosionado, la estrategia del gobierno no corrige el problema: lo agrava. Ante esta degradación y la deserción de su propia bancada, el gobierno optó por postergar la presentación de su paquete de leyes. A mediados de marzo, Paz Pereira anunció que presentaría leyes —hidrocarburos, inversiones, minería y seguridad jurídica— después de las elecciones subnacionales, porque no quería “que la política se mezcle en los objetivos y resultados para los bolivianos”. La premisa es reveladora: como si la política fuese un ruido que puede apagarse a voluntad y no la condición de toda decisión pública.
Sin embargo, las elecciones subnacionales no mejoraron el panorama para el gobierno; lo complicaron. Tal como señala Hernán Terrazas, le demostraron al presidente que Bolivia es “un país políticamente más desafiante, diverso y complejo de lo que suponía”.
Si la verdadera medida del poder es su capacidad de reproducirse, las urnas dejaron al oficialismo mal parado: solo tres de sus candidatos a gobernadores entrarían en segunda vuelta. El escenario sería crítico si llegan a perder el balotaje en La Paz, porque el control de los tres departamentos más importantes del país quedará en manos de gobernadores de la oposición.
Hoy, el Ejecutivo enfrenta precisamente lo que buscó postergar para “evitar la politización”: un Congreso profundamente fragmentado, franquicias partidarias sin control efectivo y un electorado que expresa su desafección mediante crecientes niveles de votos blancos y nulos. En El Alto, los votos nulos y blancos superaron en más del 50 % al ganador de la alcaldía y en La Paz, superaron a los obtenidos por el candidato oficialista a gobernador, quien resultó ser el más votado.
El problema ya no es si el gobierno está dispuesto a negociar sus reformas; la crudeza del escenario político ha convertido a la negociación en un ejercicio impostergable. Desde su posesión, el gobierno priorizó una gestión enfocada en 'resultados', tratando a la política parlamentaria como un trámite administrativo, útil solo para aprobar créditos o designaciones. En lugar de asumir la negociación como la condición natural de gobernar, optó por diferirla, sin explorar acuerdos con bancadas habilitadoras como LIBRE.
La ilusión de una gestión aséptica y eficiente, capaz de ignorar el conflicto, chocó con lo absurdo. Al rehuir la negociación de su decreto fundacional —el DS 5503— y del arancel cero para la soya, el gobierno no evitó la política: simplemente la postergó hasta verse obligado a negociar su capitulación.
En este pantano institucional, para el presidente, negociar ya no es una opción incómoda: es la única vía de supervivencia. Y es aquí donde la matemática legislativa choca con la realidad: pactar con Samuel se vuelve inevitable para que el apoyo de su bancada lo ayude a respirar, pero sigue sin alcanzar para gobernar.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
