l 1 de mayo se iniciaron movilizaciones de parte de sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana, organizaciones campesinas, cuestionando la gestión gubernamental del presidente Rodrigo Paz, cuestionando decisiones como la eliminación de la subvención al precio de los carburantes, la promulgación de la Ley 1720 sobre el nuevo estatus jurídico de la pequeña propiedad de la tierra, entre otras. Las acciones de protesta se caracterizaron por la implementación de medidas como el bloqueo de carreteras, movilizaciones, marchas, caracterizadas las mismas por actos de violencia, cerco a las ciudades de El Alto y La Paz, impedimento deliberado del paso de vehículos, alimentos, medicinas, ambulancias, ocasionando a estas alturas una escasez extrema de productos alimenticios y un desabastecimiento de instrumentos esenciales para el normal funcionamiento de los centros de salud como el oxígeno, además de las cinco muertes hasta ahora ocasionadas.
Los pueblos Indígenas de la Amazonía, sintiéndose afectados directamente con la promulgación de la Ley 1720, iniciaron una marcha hacia La Paz, para exigir la abrogatoria de la citada Ley 1720, logrando su propósito al aprobarse en la Asamblea Legislativa su abrogación, motivo por el que retornaron a sus regiones. Dicha abrogatoria eliminó la principal bandera de sectores movilizados en La Paz, motivo por el que los promotores de los disturbios, inmediatamente buscaron otra bandera para su afán desestabilizador, esta vez la exigencia de la renuncia del presidente del país, consigna que se convirtió en su principal objetivo. Imponer por la fuerza la renuncia del primer mandatario, constituye un atentado al estado de derecho y al sistema democrático, exigencia que por su dimensión y envergadura afectaría al conjunto del país y obviamente no cuenta con el aval del 98% de la ciudadanía.
Resulta irónico que hace 6 meses los mismos que hoy exigen su renuncia dieron su respaldo a Rodrigo Paz con su voto, lo que evidencia tratarse de un problema estrictamente bilateral entre corporaciones que pactaron con el entonces candidato para apoyarlo con su voto en las urnas y quien hoy ostenta la presidencia del país.
Pero Bolivia es mucho mas grande y quienes no formamos parte de esta controversia, o sea el 98% de la población boliviana, no puede ser víctima del afán obsesivo de los bloqueadores que para resguardar intereses propios, atentan contra nuestros derechos, nos privan de la libertad de locomoción y de paso nos tienen enclaustrados cerca de un mes, sometidos a un completo estado de indefensión, porque no hay quien desde el Estado y de la sociedad política, se atreva a resguardar derechos de la mayoría de los bolivianos y especialmente de ciudadanos que habitamos entre El Alto y La Paz, con la gravedad de que las legítimas reacciones de las víctimas son reprimidas con violencia, saqueo de negocios, golpiza, amenazas de quemas de inmuebles, en suma acciones de permanente amedrentamiento impune.
Queda claro que nadie cuestiona el legítimo derecho constitucional a la protesta que le asiste a toda persona, empero no existe una sola norma nacional e internacional que prescriba que, el ejercicio de un derecho necesariamente debe materializarse a través de la violación de los derechos de otros, vale la pena enarbolar el principio de que “los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro”, siendo esa la condición elemental para garantizar una convivencia pacífica y fraterna en todo colectivo humano.
En otras palabras, el pueblo paceño no tiene la culpa de la controversia surgida entre los grupos corporativos que reclaman espacios de poder y se sientan engañados y el gobierno, hay otras formas de hacer conocer su descontento al régimen, sin necesidad de cometer tantos atropellos contra gente inocente. En ese escenario de injusto enclaustramiento e indefensión al que se sometió al pueblo paceño, resulta indignante que autoridades departamentales y municipales paceñas como el gobernador y alcalde, escondan la cabeza como el avestruz, actuando en resguardo de su interés precisamente político, soslayando los derechos fundamentales de quienes hoy son víctimas de semejantes atropellos.
Día que pasa se profundiza el problema y sólo se escucha la exigencia de la renuncia presidencial, pero no se plantean alternativas. Quienes están dirigiendo esta movilización no tienen la capacidad para explicarle al país la razón de su bloqueo, incluso algunos hacen gala de su ignorancia cuando la prensa les preguntó el porqué de su medida, respondieron que era en contra de la Ley 1720, sin sopesar que esta norma ya fue abrogada.
El incentivo económico a muchos bloqueadores le resta legitimidad y respaldo moral a la movilización, frente a un gobierno que no piensa en las víctimas de semejantes atropellos a derechos fundamentales, permitiendo que los procedimientos fascistoides de los que confunden protesta con delito subsistan y se mantengan en la impunidad.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
