l diálogo iniciado entre el Gobierno y la COB, preñado de observaciones, incertidumbres, impunidades y pausas, ha concluido con la firma de un acuerdo y la dictación del Decreto Supremo 5636 que impone el estado de excepción en todo el territorio nacional por conmoción interna.
En una progresión de medidas tomadas lentamente, el Gobierno empieza a recuperar la iniciativa política que la había abandonado a lo largo del conflicto.
La firma del acuerdo con la dirigencia de la COB ha tenido un efecto, golpear el ánimo de los bloqueadores que han quedado aislados en sus propósitos y dejar a Evo Morales como la única cabeza de la conspiración delincuencial.
Con los acuerdos sectoriales firmados, incluido este último, ya no queda más espacio para disimular que el conflicto tuvo motivaciones corporativas, ahora se está en un plano estrictamente político en el que ya no es posible ignorar o eludir la necesidad de superar la era plurinacional y abrir la democrática.
En esta contradicción, Evo Morales y sus seguidores son el remanente conservador que se aferra al pasado y no cesará en sus intentos de retomar el poder por cualquier vía, mientras este atrincherado en el Chapare, en el otro extremo está la ciudadanía como fuerza impulsora de la construcción del periodo democrático que aún no cuenta con un liderazgo que la conduzca.
El estado de excepción dictado, con guante blanco, en la madrugada del 20 de este mes, está destinado, fundamentalmente, a desbloquear los caminos, mientras el Gobierno mantiene silencio respecto a la lucha que debería producirse en contra del narcoterrorismo.
Visualizado quién es el dirigente más importante de la conspiración y las razones de la misma, el poder político tiene la obligación de desmontar las estructuras que fueron la base de la declaratoria de una guerra unilateral al Estado boliviano y sus promotores ser puestos a disposición de las autoridades competentes. El acuerdo suscrito no debe ser interpretado como un documento que refrende la impunidad.
El prófugo de la justicia, Evo Morales ha quedado en soledad, está en la disyuntiva de mantener el bloqueo de caminos o disponer el repliegue de sus huestes a la espera de una nueva oportunidad, sus opciones son reducidas. Empero cuidado, el conflicto no ha concluido, las próximas horas no deben ser descuidadas ni permitir que las euforias subidas de tono nublen la visión de las autoridades de estado, el narcoterrorismo esta intacto.
El Gobierno, al no tomar oportunas medidas de fuerza, optó por la estrategia del desgaste, que en estos 50 días de conflicto, ha develado en toda su crudeza, que somos una sociedad civil débil que cuenta con un gobierno también débil.
En esta simultaneidad, ante la flaqueza del poder político se han posicionado poderes fácticos que han puesto en duda la capacidad y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.
El gobierno de Paz Pereira fue afectado en su legitimidad por su renuencia a ejecutar oportunamente las reglas de juego preestablecidas y otorgar seguridad a la población, de este modo gruesos sectores terminaron cobijándose en organizaciones corporativas cuya fuerza se tradujo en hacer justicia por mano propia e imponer sus reglas con violencia.
La natural consecuencia de este comportamiento cayó sobre las espaldas del pueblo que fue golpeado con el incremento de su pobreza, sometido a la violencia tribal y a medidas extorsivas y corruptas de una dirigencia infame, ante la mirada pusilánime de la autoridad, de tal manera, que la posibilidad de un retorno del régimen autoritario era abonado con el sacrificio ciudadano.
Al parecer la mayoría de los bloqueos serán despejados empero el narcoterrorismo al no ser tocado, seguirá en su linea conspirativa. Si el Gobierno no decide enfrentarlo con hechos puntuales, lo avanzado hasta ahora será apenas una inflexión para luego dar lugar a nuevos intentos antidemocráticos que pondrán nuevamente en jaque a Paz Pereira que tiene la obligación de frenar en definitiva a los conspiradores y recuperar el Chapare como parte de Bolivia.
La iniciativa política no debe ser copada nuevamente por ningún conspirador, son los actores políticos democráticos los que tienen el desafío de no otorgar mayores espacios al pasado dictatorial.
El estado de excepción en vigencia no es una solución per se, es apenas un mecanismo más que contribuirá a la recuperación de la democracia, al que deberán seguir otras acciones que frenen la posibilidad de que el neopopulismo autoritario y fascistoide retorne al poder político.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
