a amenaza de huelga del Órgano Judicial, es, al igual que los hechos precedentes en Bolivia, un síntoma más de la crisis orgánica del Estado que no es enfrentada por los gobernantes en términos oportunos y coherentes.
Queda muy poco en pie, el desmoronamiento del Estado es progresivo e ininterrumpido, la crisis avanza a campo traviesa, la luz al fondo del túnel no se deja ver porque los actores políticos, con su inacción, son parte del conflicto y no de la solución.
Las huelgas, paros y bloqueos, adoptados como mecanismos de lucha habitual por los movimientos sociales, corporaciones y, ahora, instituciones, son el signo de la degradación de la democracia.
La amenaza de huelga por parte del Órgano Jjudicial a la cabeza de sus máximas autoridades, con el pedido central de incrementar su presupuesto en un 5% no es extraño, es parte de la cotidianidad. Esta es una añeja solicitud institucional, que parte del supuesto de que contar con mayores recursos económicos milagrosamente resolverá su crisis estructural.
Los actuales magistrados no quieren visibilizar el orígen del problema, que es su elección por voto popular, porque esa es la fuente de su mandato a la que no efectuarán ninguna observación, porque hacerlo implicaría abrir la posibilidad de una profunda reforma judicial en la que su elección sería puesta en duda.
Entonces recurren a la presión con gran impacto mediático, dando lugar a respuestas en el mismo tono de su amenaza o promoviendo aprovechamientos de quienes quieren llevar agua a su molino pero no resolver el conflicto.
La legislación boliviana y los tratados internacionales no reconocen el derecho a la huelga de magistrados, esta medida esta reservada para organizaciones sindicales o sociales más no a la institución judicial, entonces la amenaza de huelga es una medida de orden político que excede el marco institucional y contribuye a profundizar la crisis institucional y visibilizar algunos detalles.
Por su lado, el Gobierno sigue cabalgando en la muletilla del diálogo, que en democracia debería ser el instrumento fecundo para resolver los problemas, empero cuando este no busca un acuerdo sincero sino manipular a los demás con el fin de lograr sus objetivos o imponerse irracionalmente, se convierte en una distorsión que reemplaza valores esenciales de la política por beneficios temporales, reduciendo a la comunicación en una guerrilla de adjetivos que puede producir consensos inestables producto del miedo o la maniobra antes que del convencimiento real.
La asignación de recursos a la actual estructura judicial sin una reforma profunda en su seno, es fomentar la reiteración de anomalías inveteradas que la afectan, no efectuar una evaluación interna, les quita una sólida base a sus propuestas y se instalan objeciones en el mismo nivel, su visión economicista es una limitación.
No se conoce públicamente una política de austeridad que dé el ejemplo de un comportamiento más prudente en los gastos de recursos por parte de las altas autoridades, cuya realidad es diferente a la realidad que atraviesan el grueso de los jueces.
Se afirma que una mayoría de los magistrados están más tiempo fuera de Sucre que en sus oficinas, con distintos pretextos. El despacho de causas está en manos de sus asesores que en realidad son los que deciden y ellos solo firman, reciben pasajes y viáticos para cumplir en sus distritos o el exterior, tareas administrativas dejando de lado su función jurisdiccional, de tal modo que una mayoría solo esta en la sede de sus funciones, a lo sumo, tres días a la semana.
Habrá que conocer si el personal administrativo es el necesario para atender a las necesidades de los jueces y litigantes, si los jueces son elegidos en función a su conocimiento y mérito más no por haber contribuido a la elección de tal o cual magistrado, porque, el retribuir favores, deriva en prácticas corruptas. La existencia de consorcios de abogados con jueces y otras autoridades es común en los tribunales sin que reciban la sanción correspondiente.
Estos temas no son motivo del análisis actual cuando este era el momento de abrir un debate honesto y sincero sobre la realidad del órgano judicial en lugar de generar un conflicto sin destino, que deja de lado el núcleo de la crisis. Tal como están las cosas no queda otro camino que promover una reforma total de la constitución, las parciales y epidérmicas son un engaño.
Tratar la enfermedad con placebos no solo es irresponsable, es contribuir a un mayor desmoronamiento del Estado, del que solo quedarán residuos en manos de los autoritarios que no dejarán de hacer esfuerzos por retornar al poder.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
