omprender la significación de los plazos en la política posibilita la intervención oportuna y pertinente de los actores en los procesos históricos que conectan el pasado con el presente y éste con el futuro, aquilatando, de este modo, el cómo y el porqué de los sucesos.
No es el transcurrir del tiempo en términos puramente cronológicos es un discurrir histórico, múltiple y heterogéneo que se mide por la intensidad, conflictividad y cambios que se producen, por lo tanto no es lineal ni uniforme.
Hannah Arendt, decía que los plazos políticos “…no se miden en términos administrativos, burocráticos o de calendarios electorales, sino en la intensidad de la acción, y la aparición de lo nuevo en el espacio de lo público” de tal modo, que son “… una brecha entre el pasado y el futuro, donde el presente es el único momento de acción”, en tanto que para Gramsci es una construcción hegemónica que se produce como un proceso lento, una construcción cultural y social que transforma la sociedad civil antes de tomar el poder “…no se refieren a fechas fijas en un calendario, sino a una distinción estratégica entre el tiempo de la coyuntura (lo inmediato) y el tiempo estructural (de largo plazo)”
Los plazos políticos en Bolivia son parte de la emergencia en la que todos los actores se concentran y olvidan el pasado como ignoran la necesidad de vislumbrar un futuro, los decisores políticos viven intensamente la coyuntura como un único acto en el que abunda la retórica inocua que justifica todo pero que no decide nada, los tiempos estructurales no existen son más bien cortos, el presente breve es el que impacta, de manera que la conflictividad en nuestro país, que tiene manifestaciones de toda laya, no es vista en su integridad sino en acciones puntuales de las fracciones que imaginan estar jugándose la vida en unos pocos instantes, están en la ola del momento.
A causa del lamentable asesinato en Santa Cruz de un magistrado del Tribunal Agroambiental, el Órgano Judicial ha dado un plazo de 72 horas al Gobierno para que les dote de escolta personal permanente, vehículos de seguridad y protocolos de reacción inmediata, vale decir, la dotación de un sistema integral de protección.
No esta en duda la necesidad de proteger la integridad y la vida de los magistrados y sus familias, pero salir a la luz pública fijando plazos para el efecto, da la sensación de que el Órgano Judicial se aproxima más a un grupo de presión que a una institución, desnudando su indefensión ante probables agresiones de la delincuencia organizada, que no debe ser ignorada.
Mientras su demanda no sea respondida por el Gobierno ¿los magistrados se declararán en la clandestinidad dejando de cumplir sus labores en su sede, la ciudad de Sucre? o si sus exigencias no son satisfechas en el plazo señalado ¿asumirán alguna inédita medida de presión? La señal dada es una invitación a incrementar los problemas antes que las soluciones. El Estado está en la obligación de activar protocolos de seguridad para sus miembros con la mayor reserva, evitando visibilizarlos y peor aún debatirlos mediáticamente.
Esta manía de jugar con los plazos ha invadido otros campos, al grado de que las cifras han sido convertidas en plazos políticos vergonzantes que reemplazan a los plazos procesales. Hace días atrás el Ministerio Público ha anunciado, sin inmutarse, que ha reunido más de 170 pruebas en contra de Evo Morales en las causas penales abiertas en su contra, que en lo concreto no han tenido efecto alguno, vaya ¿cuántas más faltarán para cumplir con la ley y ejecutar los mandamientos expedidos y no prolongar los procedimientos indefinidamente? Los plazos procesales han sido mandados al garete y los políticos convertidos en el instrumento de la manipulación.
En otro campo, el activista de los Derechos Humanos Fernando Hamdan es acusado por el Ministerio Público de terrorismo y alzamiento armado, por los sucesos del 26 de junio del 2024, sobre los que una comisión parlamentaria ha concluido que no fue un golpe de Estado.
Para el Ministerio Público, de nada sirvió que Hamdan fuese un denunciante permanente de las irregularidades cometidas por el Gral. Zúñiga y más bien lo vinculan acusándolo, nada más ni nada menos, de ser terrorista con lo que lo mantienen como preso político sin condena por mas de 669 días. Los plazos procesales nuevamente han sido convertidos en políticos y fundamento de la iniquidad.
La justicia opera arbitrariamente, con una dureza feroz contra Hamdan y una laxitud canalla con Evo Morales.
Mientras no se tomen decisiones enérgicas, adecuadas y justas las 72 horas, las 170 pruebas y los 669 días, serán apenas estadísticas presentadas como logros abyectos y rutinarios de burócratas insensibles.
Si en lugar de dar un plazo de 72 horas se hubiera instruido a los jueces que cumplan con los plazos procesales sin mayor dilación, el futuro de la justicia estaría algo mejor, si el ministerio público dejará de enmascar su inacción con acumulaciones redundantes y se dedicara a perseguir el delito como manda la constitución su mañana sería de mayor respeto, si el estado dejara de ser cómplice de martirizar a personas con largos procesos y se esforzaría por establecer la verdad histórica de los hechos, gozaría de legitimidad.
En la actualidad los plazos políticos han sido envilecidos y son una muestra de abuso, ineficiencia, corrupción, que en lugar de ser una solución al conflicto son el conflicto a la solución, el Gobierno ha sido reducido al papel de bombero que apaga incendios cotidianos y el humo que emerge de ellos le impide mirar el horizonte.
Seis meses son el presente conflictivo del gobierno de Paz Pereira, es de esperar que no se quede en la coyuntura que dé señales de lo que piensa del futuro y evite un incendio mayor e incontrolable del que podría ser su principal combustible.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
