or enésima vez se ha reabierto el debate sobre qué órgano debería conducir y controlar el Registro de Derechos Reales, pese a ser un tema sensible, hasta ahora no se encuentra una respuesta adecuada, la disputa entre órganos del Estado se ha centrado en que cada uno quiere para si a una institución tan importante para la sociedad.
Por los argumentos esgrimidos, parece que están tratando la transferencia de una mercancía con el solo fin de cobrar mayor poder, unos presumen, con no poca razón, que el actual administrador es corrupto y el que quiere asumir la responsabilidad no lo es, cuando tiene más manchas que un perro dálmata.
Todo apunta a que la contienda es por el botín, no por la necesidad de solucionar el fondo del problema, tanto el órgano judicial como el órgano ejecutivo han dado sobradas muestras de su ineptitud que ponen y pondrían en riesgo “garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble mediante el registro, publicidad y certificación de la titularidad, gravámenes y modificaciones de bienes”, ninguno es confiable ni solvente.
El que este en manos del órgano judicial, no es garantía de nada, las prácticas corruptas están a la orden del día, son comunes los registros amañados que vulneran el derecho propietario del menos poderoso o influyente, los funcionarios, salvando honrosas excepciones, son delincuentes que han conformado consorcios con abogados, jueces, fiscales, funcionarios municipales y toda una cadena de servidores públicos, que timan a propietarios honestos o los someten a trámites interminables que solo pueden ser resueltos si se ubica al contacto adecuado, pero claro como el tiempo es oro, mientras más premura más elevado el monto a ser cancelado, los alrededores de las oficinas de registro de derechos reales están poblados por tramitadores que tienen el gancho adecuado, es normal que un registrador de derechos reales responda con favores y actividades de dudosa legalidad a quién lo puso en el cargo, al igual que los funcionarios inferiores responden al registrador con lealtades inadmisibles.
Todo esto lo saben las máximas autoridades que no reaccionan como deberían o se hacen de la vista gorda porque son parte o toman medidas administrativas inocuas, que terminan por ser motivadoras de mayores actos de corrupción. Pero ¿esto cambiará si el registro de derechos reales es transferido al órgano ejecutivo? Claro que no, se reproducirán los malos hábitos con el agravante que el poder político tomará el control patrimonial con fines partidarios que estaría sujeto a los vaivenes de los cambios en el ejecutivo cada cinco años.
En las actuales circunstancias ninguno de los órganos de poder es el lugar adecuado para tener a su cargo el registro de derechos reales mientras no se produzcan cambios legislativos de fondo, un manejo ético de la institución por funcionarios formados para el efecto y una estructura eficiente.
El registro de títulos y documentos, produce efectos jurídicos determinados, en el sistema constitutivo boliviano, el derecho nace con la inscripción, es requisito de validez para todos y es el estado el que lo valida.
De tal modo el ciudadano se enfrenta a una frondosa e insensible burocracia que impide u obstaculiza el registro con comportamientos ilegales, que no es una excepción, el estado en su conjunto es el corrupto no un órgano en particular, querer aislar a los órganos de poder como si no fuesen parte de la crisis orgánica del estado y suponer que uno de ellos es mejor que el otro no tiene sentido, todos son parte de un todo que esta podrido y se desmorona.
Según los índices de Corruption Perceptions Index o el Open Budget Survey, el 2025 la credibilidad del estado boliviano obtuvo 28 de 100 puntos ubicándolo como el tercero más corrupto de Latinoamérica.
Otra causa complementaria del estado en el que se encuentra la entidad, es porque la ley que la regula data del 15 de noviembre de 1887 que ha sido reglamentada por un decreto supremo, mayor muestra de obsolescencia y carencia de institucionalidad democrática, no puede haber.
En esa década el mundo ingresaba a la segunda revolución industrial, con la invención de la bombilla comercial, la caja registradora, el automóvil a gasolina, aparecía el primer modelo y que se producía en masa de la máquina de escribir y se inventaba la coca cola. Podríamos agrega,r y se promulgaba la Ley de Registro de Derechos Reales en Bolivia.
El tiempo ha transcurrido estamos en el siglo XXI, en la cuarta revolución industrial que “...ha fusionado tecnologías físicas, digitales y tecnológicas transformando la producción mediante la inteligencia artificial, la expansión de la internet, la automatización avanzada y el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real...” ¿puertas abiertas al mundo? hum.
La obsolencia del estado en todos sus niveles es un mal dato, seguir con la actual legislación, ahora que la virtualidad esta presente en todos los escenarios de la vida ciudadana, es de horror.
El manejo idóneo de la Oficina de Registro de los Derechos Reales no depende de cambiar de amo, sino asumir, que antes deben producirse cambios integrales, evitando parches que solo prolongarán la crisis orgánica del estado plurinacional, que a decir de Gramsci, es lo viejo que no muere y lo nuevo que no termina de nacer, todo esto produce una transición, en la que la parálisis y falta de consensos es el signo, sino revisen no más los datos de las elecciones subnacionales y locales.
Parece que estamos ante una disputa de carácter comercial, de quien se queda con la gallina de los huevos de oro, no se perciben luces nuevas para la apertura de la nueva era democrática.
El derecho propietario difícilmente será garantizada por los remanentes de un estado corrupto, autoritario y promotor de la desinstitucionalización, se requiere de un estado que tenga legitimidad, que sus instituciones sean la expresión de valores y principios republicanos recreados para el siglo XXI.
El debate formal de dónde debe estar la Oficina de Derechos Reales en las actuales circunstancias no tiene salida, es distractivo, porque el órgano ejecutivo como el judicial no tienen la capacidad de garantizar el derecho propietario de los bolivianos.
Reformar la constitución, dictar leyes modernas y afirmar la institucionalidad es la tarea del momento. Los órganos junto a los actores políticos tienen la obligación de llegar a un gran acuerdo nacional para dotar al país de una nueva ley e implementar un plan de reforma institucional con la asistencia de organismos internacionales que permita la selección y elección de los profesionales más aptos para cumplir con esta difícil tarea.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
