favor y en contra.
Estamos ante un escenario escalofriante, no solo por la cantidad de personas enjuiciadas sino también por la gravedad de los delitos que se imputan. Donde vemos autoridades acusadas de haber cometido actos de corrupción y que no solo están siendo juzgadas, sino condenadas, pero ¿la justicia está actuando con verdadera imparcialidad o se ha convertido en un instrumento del poder político de turno? Y el problema se agrava cuando ese poder parece compartido —directa o indirectamente— entre el gobierno anterior y el actual, a través de normativas y estructuras que dificultan la renovación institucional.
Estas mismas normas terminan siendo un obstáculo para separar responsabilidades individuales y para remover a personal que, según la percepción ciudadana, causó un daño significativo al pais.
Independientemente de personas, ideologías y partidos, centrémonos en el hecho, porque la justicia no debería tener preferencias, ni criterios selectivos. La justicia debe ser neutra y ciega.
No obstante, cuando se actúa de manera generalizada y sin el debido cuidado, la justicia se transforma en un arma de doble filo: terminan cayendo justos junto a culpables, no por pruebas, sino por contexto político o presión social.
El mayor peligro al cual nos enfrentamos es que las personas de bien, no quieren involucrarse en la política y/o en la función pública. Se ha instalado el miedo. ¿Quién va querer asumir problemas ajenos? Quién está dispuesto a salir de su comodidad, exponer a su familia y dedicar su tiempo a la comunidad, sabiendo que el costo puede ser una denuncia, un proceso penal, una condena injusta e incluso hasta una amenaza de muerte y hasta costarle la vida a alguien, lo cual también hemos sido testigos lamentablemente en las noticias.
Lejos de ser reconocido, el servicio público, quién lo ejerce con verdadera vocación, sabe que es ingrato. Ser señalado, investigado, juzgado mediáticamente, se ha normalizado.
Este fenómeno no se limita al ámbito político, sino incluso al familiar. Lo vimos recientemente en el caso de la niña Yubinka, donde su cuñado fue encarcelado por un crimen que no cometió.
Casos similares están sucediendo con muchos dirigentes, autoridades y ciudadanos comunes que están siendo expuestos públicamente para luego ser declarados inocentes cuando el daño ya está hecho y a todo nivel.
La consecuencia es clara y preocupante: cada vez menos personas idóneas tendrán el valor de arriesgarse a servir y dirigir nuestra ciudad o nuestro país por el miedo a la injusticia.
Por ello, este no es un llamado político, sino institucional y ético.
Al Tribunal Supremo de Justicia, a los jueces, fiscales y a todos quienes administran justicia: actúen con prudencia, responsabilidad y sabiduría. Porque cuando la justicia pierde credibilidad, no solo se afecta a individuos concretos: se debilita el Estado de derecho y se erosiona la confianza de toda la sociedad.
Marioly Chávez Arteaga es relacionista internacional, vicepresidenta de Colegio de Internacionalistas de Santa Cruz, docente universitaria y profesora de piano.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
