ste relato sobre la explotación del oro por los chinos en Bolivia es un extracto del artículo, escrito por Yanzhi Chen y con fotografía de Benjamín Swift, publicado por The Guardian, Londres, Reino Unido, el 2 de noviembre de 2026, bajo el título, Chínese Cigarrettes and Bolivian Beer, Mayaya, Bolivia.
Bolivia cuenta con más de 20 minas de oro a cielo abierto y 12 dragas fluviales, operadas por unos 2000 trabajadores bolivianos y 200 chinos. La Minería del Oro en Bolivia es un floreciente negocio respaldado por el gobierno boliviano, sin importar los daños ecológicos, particularmente en la Amazonia donde ha dejado profundas huellas socioambientales, en parte, causadas por la contaminación de los ríos y los peces con el venenoso mercurio, además de dejar los ríos sedimentados, sus orillas dañadas y los suelos afectados sin capacidad ni forestal ni productiva.
Las cooperativas mineras son los principales actores, además de la escasa regulación de la industria, cuyas actividades están asociadas generalmente a actores ilegales que operan sin licencias ambientales o en alianza con empresas chinas de dudosa reputación. La fiebre del oro se debe a la demanda internacional de este tesoro y sus altos precios.
En las comunidades indígenas circundantes, la intoxicación de seres humanos por mercurio se ha vuelto cada vez más común. Ya afectados duramente por la crisis climática, la deforestación y los incendios forestales, los residentes a menudo luchan por ganarse la vida a través de la agricultura y la pesca.
Victoriano Piloy, residente de Mayaya toda su vida, en su tienda junto al río Kaka, dice que la minería china ha traído contaminación, con poco beneficio para las comunidades locales. "El dinero no se queda aquí, por eso nuestra situación no ha mejorado", señala el señor.
Narra Chen, ᵘa mi angustiosa llegada por caminos laberinticos, un grupo de trabajadores chinos y bolivianos se reunía alrededor de una mesa en un pequeño y rústico restaurante; comían patas de cerdo, alas de pato y sábalo asado, acompañado de cigarros chinos y cerveza bolivianaᵘ.
En las noches comían, bebían y jugaban juegos de mesa chinos. Eran mineros e inversores del próspero negocio del oro en la antigua zona apartada y solitaria de Mayaya, en la Amazonia boliviana; algunos se dedicaban al subministro de equipos y comidas, además de disímiles productos chinos para la vida en una mina en medio de la selva, desde té embotellado hasta intestinos de cerdos y banderas bolivianas hechas en China.
Mayaya antes era un lugar desconocido y remoto. Hoy empresas mineras privadas chinas, lo han convertido en un centro de extracción de oro importante , no por ello, dejan de ser acusadas de explotación y exportaciones ilegales. "Bolivia es mi lugar favorito, soy feliz", se le escucha decir a un chino en mandarín, a la vez que resalta cómo los precios del oro impulsan la deforestación y los conflictos. A pesar de ello, dice, "la minería china estimula la extracción a la vez que gana bien y crea redes globales de mercancías y maquinarias", además, dispone de mano de obra barata. Según dos mineros de dragas, los trabajadores bolivianos cobran habitualmente una cuarta parte de lo que ganan los trabajadores chinos que realizan los mismos trabajos.
Se estima que en Bolivia se producen 100 toneladas de oro al año, pero solo el 10% se vende legalmente. Ello significa una pérdida de 80% de la minería aurífera boliviana, la cual, a su vez, es ilegal, además de ejercer un impacto medioambiental devastador. Aun así, ᵘnadie está inspeccionando ni haciendo cumplir las normas", dice Jaime Sanabria, director del regulador minero boliviano; añade que aproximadamente el 80% de la minería en el país es ilegal, lo cual significa una gran pérdida de renta e impuestos para el país.
Pero ahora, la minería china está marcando una nueva ola de extracción, bajo la frágil ley boliviana que quiere introducir Rodrigo Paz. En unos años el oro de Mayaya se acabará, entonces los chinos buscarán otro sitio para instalarse. A este fenómeno de la minería china se oponen las cooperativas mineras y las regulaciones legales del país, las cuales rayan lo ilegal pues se ha perdido el límite entre unas y otras. Increíblemente nuestro gobierno quiere hacer un pacto con miles de cooperativas mineras, incluso con intereses extranjeros en las propias cooperativas, que son difíciles de monitorear y controlar.
Las ventajas del negocio están claras, ᵘmientras haya dinero para invertir, el país te da la bienvenidaᵘ y los inversores ᵘse meten todo el dinero en sus bolsillosᵘ. Piensan que Nada es más importante que la tecnología, pero desgraciadamente la forma de minería por estas empresas chinas y las cooperativas siguen siendo primitiva y no están modernamente tecnificadas.
El asunto de la explotación de las riquezas minerales se ha tornado en una tendencia internacional histórica. Esta tendencia está acompañada desgraciadamente por la falta de diversificación de la economía y la confianza que tiene el gobierno en un modelo antiguo basado en extracción de recursos naturales para sacar el país del pozo fiscal en que se dejó caer el anterior gobierno. Así ha ocurrido en otros países que poseen bauxita, diamante o petróleo, donde la mayor parte del botín se la llevan fuera de los sitios de origen sin beneficiar a la población en general. En fin, los países pobres parecen estar condenados por un nuevo sistema de explotación colonial a veces criminal.
En el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, las regulaciones mineras se han flexibilizado, la tendencia avanza hacia políticas más permisivas. Por ejemplo, en mayo, el presidente Paz firmó un acuerdo con las cooperativas mineras para reducir las trabas y reglas a las minerías, dándoles permiso para extraer oro en áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas.
En la Cumbre Iberoamericana en Madrid, Paz se reunió con el presidente de la empresa petrolera Repsol, Antonio Brufau y otros empresarios españoles. Ha anunciado que este fin de año sellará las leyes estructurales de hidrocarburos, minería e inversión extranjera, con una visión en que el sector empresarial debe ser la locomotora y el Estado, el facilitador. "Con la nueva ley minera aspiramos a mover más de 12.000 millones de dólares en el sector el próximo año", sustentó.
Juan Burgos Barrero es periodista investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
