l ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció que durante los gobiernos del MAS (2006-2025) se crearon 67 empresas públicas con un costo de 7.750 millones de dólares (como comparación el PIB 2024 fue 46.967 millones de dólares). Muchas de estas en lugar de producir bienes y servicios de manera rentable, es decir, con ganancias para sí mismas y para la sociedad, se ocuparon sobre todo de “saquear las arcas del Estado”.
Año tras año estas empresas dejaban pérdidas que el Estado debía reponer para pagar los sueldos de los gerentes y empleados ineficientes y corruptos pero militantes del partido. La alta aristocracia gubernamental usaba seguramente una parte de los recursos de la empresa como “caja chica personal”. El ministro Lupo reveló que el 28% de estas empresas (42) fueron directamente “instrumentos de corrupción” y que solo 3 fueron rentables. Así funcionó la mayor parte de las empresas estatales durante cerca de 20 años.
Las primeras empresas administradas por el MAS fueron las nacionalizadas YPFB y ENDE (2006) para realizar con sus utilidades su programa de redistribuciones a los sectores populares. Posteriormente las autoridades dispusieron los ingresos de las mismas nacionalizadas -es decir de todos los bolivianos- para crear y mantener otras empresas públicas. De este modo el mal se extendió. Normalmente, en el “liberalismo”, las empresas son creadas con recursos propios de los inversionistas privados nacionales y extranjeros y no con recursos del Estado.
¿Qué ideas tenían las autoridades del MAS cuando crearon las nuevas empresas? Los dirigentes del MAS tenían ideas originales, sorprendentes y contradictorias sobre las empresas públicas. Álvaro García Linera (AGL), exvicepresidente, ideólogo y estratega del gobierno del MAS (2006-2019) escribió: “En nuestro modelo Económico Productivo Plurinacional tenemos varios actores económicos: la empresa privada, la pequeña y microempresa, la pequeña producción agrícola, la economía comunitaria y la inversión extranjera. Lo que hemos hecho es darle un papel protagónico al Estado que genera riqueza y que ahora comienza a redistribuirla hacia esos otros sectores” (AGL La industrialización de nuestros recursos naturales, 2010).
Para AGL las empresas estatales son las que generan la riqueza y deben redistribuirla a las demás, excepto a la empresa extranjera ya que esta “en el período neoliberal eran líderes de la economía y concentraban la mayor parte de la riqueza, pero solo dejaban pobreza extrema, desempleo, déficit fiscal y deuda externa.”
AGL concluye: “El Estado es como un padre que distribuye recursos al resto de sus hijos, especialmente a los más débiles”. Se trata en realidad de un enfoque paternalista no económico y no productivo. El sistema debía funcionar “como una familia”, como una escuelita rural, donde las unidades dependientes, las empresas, no pensaban ni producían, no debían crecer, solo debían esperar que las decisiones y los recursos les caigan de arriba, del Estado.
Otro ideólogo y estratega de las empresas públicas en el Estado Plurinacional era Luis Arce Catacora, ex ministro y expresidente de Bolivia (LAC, 2006-20025). Sin embargo, contrariamente a la visión del ideólogo anterior, LAC pensaba que las empresas públicas deberían ser productivas para fortalecer al Estado y no al revés.
LAC pensaba que “el nuevo modelo económico vigente en Bolivia desde 2006, establece la participación activa del Estado en la economía, con las Empresas Públicas como uno de los principales motores de la economía boliviana, generando excedentes a través de la nacionalización y gestión de las mismas.” (LAC, Las Empresas Públicas en el nuevo Modelo Económico Boliviano, 2017). Para LAC, los excedentes generados deben “reinvertirse en nuevas empresas estatales con el objeto de construir una base productiva diversificada, impulsar la creación de empleos y aportar al financiamiento de las políticas sociales.”
El expresidente era crítico con el neoliberalismo dominante en el período de 1985 al 2005, por lo que había que ampliar las empresas públicas que serían las encargadas de impulsar la economía nacional. El pensaba que en un escenario de crisis mundial las empresas públicas surgían como una alternativa para la generación de recursos para el funcionamiento del Estado. La experiencia boliviana mostraría, según él, que mediante el fortalecimiento de las empresas públicas se pueden obtener recursos que financien la industrialización y las políticas sociales para sacar de la pobreza a millones de ciudadanos.
Según LAC la experiencia boliviana habría logrado desmontar “varios mitos difundidos por el neoliberalismo” haciendo creer que la intervención del Estado en la economía perjudicaría el crecimiento y que “las empresas estatales serían ineficientes por naturaleza.”
Luego de este preámbulo, LAC presentó en el texto mencionado su conocido Modelo Económico Social comunitario y Productivo (MESCP) conformado por dos sectores: el primero generador de excedentes y el segundo generador de empleos e ingresos, y el Estado central como redistribuidor. El primero estaría compuesto por los hidrocarburos, la minería y la electricidad y el segundo por la industria manufacturera, la agricultura, el comercio y la vivienda principalmente.
Lamentablemente para LAC, este modelo fracasó a partir del año 2015 ya que el exministro de Economía se olvidó de fortalecer a la empresa YPFB productora de hidrocarburos. A partir de 2015 la empresa que debía “generar excedentes” en beneficio de los sectores “generadores de empleos e ingresos” comenzó a declinar y a no cumplir con su papel asignado.
Con esta declinación cayó estrepitosamente el modelo MESCP y comenzaron a faltar los combustibles para el transporte, esencial para el funcionamiento de la economía, así como los dólares necesarios para las transacciones comerciales y productivas de los sectores generadores de empleo e ingresos, entre otros. Bolivia cayó en una de sus peores crisis de su historia.
Otro aspecto que no mostró el modelo de LAC es la alta corrupción y la ineficiencia permanente de los dirigentes de las empresas públicas que acompañaron la gestión durante los casi 20 años de la gestión del MAS.
Los ideólogos del MAS no tuvieron en cuenta que una empresa privada en el neoliberalismo, o mejor, en el “capitalismo”, es una organización autónoma, no dependiente del Estado, que combina eficientemente recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con el objeto de producir y comercializar bienes y servicios para satisfacer la demanda de la población.
Con este objetivo, los propietarios y socios de la empresa, a cambio de sus aportes de capital, logran beneficios económicos personales. El resultado de la combinación y coordinación en la empresa es mejorar y crecer con el efecto simultáneo de empuje y arrastre hacia otras empresas y diferentes sectores económicos y productivos.
En síntesis, y contrariamente a los modelos mencionados, las empresas privadas contribuyen a generar empleos formales para la sociedad, ingresos, educación y viviendas para los trabajadores e impuestos para el Estado. Con los impuestos, el Estado puede ejecutar las obras de infraestructura económica (carreteras, caminos, comunicaciones) y social (escuelas, universidades, cultura, salud, hospitales) en beneficio de la modernización permanente de la sociedad. Solo de esta manera se puede desarrollar el país paralelamente al desarrollo de otros y países sociedades.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
