ara atraer capital extranjero, diversos sectores insisten en garantizar a los inversionistas el acceso a foros internacionales para resolver controversias con el Estado. La Cámara Nacional de Industria considera indispensable un arbitraje neutral para mitigar los riesgos de invertir en el país, mientras Cainco lo propone para “garantizar los principios de objetividad e imparcialidad”. Algunos analistas atribuyen la escasez de inversión extranjera al retiro de Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y a la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión.
Detrás de ese reclamo hay una premisa: que el arbitraje internacional atrae inversión. La evidencia, sin embargo, ofrece poco respaldo.
Para empezar, ganar un laudo no es lo mismo que cobrar. Un estudio de Gaillard y Penushliski (ICSID Review, 2020) encontró pagos confirmados en solo la mitad de las condenas económicas examinadas. Además, en el 83% de los arbitrajes que tuvieron laudos favorables para los inversionistas, los Estados solicitaron la anulación; en cuatro de cada diez, los inversionistas iniciaron procedimientos de ejecución forzosa. Estos pueden prolongarse durante años y tropezar con la inmunidad soberana que protege determinados bienes estatales.
Bolivia, en cambio, ofrece una experiencia singular: pierde y paga. Según informó la Procuraduría General del Estado en marzo, de las 28 controversias internacionales que ha enfrentado, solo dos concluyeron a favor del país. A esa fecha, había pagado $us 985 millones por laudos en su contra y tenía otros $us 478 millones pendientes. Para un inversionista con apetito de litigio, el mensaje difícilmente podría ser más alentador.
A ello se suma la opacidad. El DS 4447, promulgado al inicio del gobierno de Arce Catacora, mantiene reservados los contratos de los abogados contratados para la defensa del país dada su supuesta “naturaleza estratégica”. Así, las indemnizaciones se pagan con dinero público; los honorarios y gastos de defensa se erogan en secreto.
El costo de perder un arbitraje internacional está claro; su beneficio, bastante menos. Un informe del Center for the Advancement of the Rule of Law in the Americas, de la Universidad de Georgetown, cuestiona que los tratados con cláusulas arbitrales impulsen la inversión. Una revisión de la literatura empírica de Gopalan, Park y Rajan (Economic Analysis and Policy, 2023) concluye que la evidencia sigue siendo insuficiente para establecer una relación causal concluyente, sobre todo en las economías emergentes y en desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advierte que los tratados de inversión no bastan por sí solos para atraer capital, mientras investigaciones del Banco Mundial señalan que estos acuerdos no sustituyen la solidez de las instituciones nacionales. El arbitraje puede reducir ciertos riesgos jurídicos, pero no se ha demostrado que, por sí solo, atraiga inversión.
La explicación exige mirar más allá del arbitraje. Como señalamos en una columna anterior, citando al Economist Intelligence Unit, las decisiones de inversión responden a factores estructurales: alineamiento geopolítico, solidez institucional, disponibilidad energética, acceso a mercados y fuerza laboral calificada. La seguridad jurídica importa, pero el arbitraje, como mecanismo de última instancia, es apenas uno de sus componentes. No es una bala de plata.
Los gremios empresariales reclaman arbitraje porque desconfían de las instituciones locales, y reformarlas toma tiempo. Pero el arbitraje tampoco es el atajo que parece ni se ha demostrado que sea un incentivo decisivo para atraer inversiones. Restablecerlo exigiría una ley especial o incluso una reforma constitucional, y sus resultados llegarían años después, cuando el daño ya ocurrió. Fortalecer a los reguladores, en cambio, depende sobre todo de la voluntad política y puede empezar de inmediato. Además, permite prevenir el daño y proteger a todos los inversionistas, nacionales y extranjeros, no solo a quienes pueden costear un litigio internacional.
Por eso, en lugar de insistir en el retorno al arbitraje, los gremios empresariales harían bien en usar su peso para exigir reguladores competentes, probos e independientes. Ninguna cláusula arbitral compensa el riesgo de operar día a día con instituciones que son apéndices del gobierno de turno. La verdadera seguridad jurídica se construye en casa, limitando el arbitrio político de las autoridades.
Brasil ofrece un contraste revelador. Es el mayor receptor de inversión extranjera directa de América Latina y ha desarrollado acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones que privilegian el diálogo y la prevención de controversias, sin recurrir al arbitraje tradicional entre inversionistas y Estados. Su enorme mercado explica buena parte de su atractivo, pero su experiencia basta para cuestionar que el arbitraje sea un requisito ineludible para atraer capital.
Después de todo, un inversionista no compromete capital para ganar arbitrajes, sino para obtener rendimientos. El arbitraje puede ofrecer reparación cuando las instituciones fallan. Pretender que las reemplace es la quimera.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
