l ecosistema del análisis político boliviano se ha dejado ganar por un entusiasmo apresurado. Hay quienes ven en la destitución del exfiscal general Mariaca el cenit de una hábil alquimia política del presidente Paz Pereira. Se respira, en ciertos cenáculos, la ilusión de que se inaugura el verdadero mandato del candidato de Patria, ahora bajo una suerte de tutelaje benévolo diseñado en Estados Unidos.
La inminencia de los dólares del FMI funciona, sin duda, como otro bálsamo celebratorio. Además, a Paz Pereira, su estratégica escala en Boca Ratón parece haberle devuelto el color después de su opaco paso por la asamblea de la ONU. Arrancó octubre con un “gol de chilena”, según el júbilo de algún analista. No es poca cosa: en cuestión de días, el Gobierno parece haber descubierto simultáneamente la política exterior, la lucha contra la corrupción y el camino hacia la reforma de la justicia.
Demasiado festejo para un partido que apenas empieza; conviene, frente a tanta efervescencia local, interponer cierta distancia clínica.
Hay que remontarse a marzo, cuando Bolivia ingresó al Escudo de las Américas durante la cumbre fundacional de Donald Trump. Se trata de una arquitectura diseñada para articular la cooperación contra el crimen organizado transnacional mediante inteligencia compartida, asfixia de sus redes financieras y judiciales, y salvaguarda de recursos estratégicos como las tierras raras.
La escenografía inicial no tuvo fisuras: apenas seis días después de la firma, Sebastián Marset fue entregado a la DEA, y semanas más tarde Bolivia firmó un Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos y Tierras Raras con Washington. Lo fácil, los gestos espectaculares, avanzaron con vértigo; lo áspero, la verdadera exigencia institucional, quedó sepultada desde mayo.
Ante esa parálisis, fue Estados Unidos quien decidió mover las fichas en el tablero, apuntando directo a la nomenclatura judicial y gubernamental. La revocatoria de visas a fiscales y alfiles del entorno presidencial —el extitular interino de la Aduana y el exdirector de la FELCN, luego ascendido a Inspector General de la Policía— fue un mensaje nítido por presuntos vínculos con la corrupción y protección al narcotráfico.
Acorralado por el reloj, Paz Pereira reaccionó sacrificando a la plana mayor de la Fiscalía. Fue una respuesta bajo presión, más que un acto de audacia. El conejo apareció, curiosamente, después de que Washington hubiera mostrado la galera. Que la reacción haya sido tardía no la vuelve innecesaria, pero sería un error analítico confundir la conveniencia de la oportunidad con una convicción real. Queda, además, una pregunta que el festejo no logra tapar: si la investigación contra Mariaca llevaba diez meses abierta, como indicó el ministro de Gobierno Oviedo, ¿por qué la acción decisiva llegó apenas días después de la medida de Washington?
“Coincidencias temporales”, balbucea el implacable ministro. Diez meses de investigación y la decisión llega días después de la medida de Washington: el calendario explica más que el discurso.
Aquí radica el verdadero drama. El Escudo de las Américas no se conforma con rodar cabezas de fiscales para la tribuna. También exige asfixiar las redes que operan alrededor de la corrupción y el narcotráfico desarmando la matriz financiera del delito. Y es en este sinuoso terreno donde el oficialismo exhibe un cumplimiento apenas espasmódico.
La paradoja es cruel. Las instituciones donde el Estado concentra buena parte de los recursos y de los espacios de discrecionalidad —YPFB, ANH, Aduanas, FELCN, NAABOL, ENDE, ENTEL, etc.— están bajo la administración del propio Ejecutivo. A este ecosistema de discrecionalidad se suma otro enigma que en política suele resultar carísimo: los servicios “gratuitos” del asesor presidencial, Fernando Cerimedo.
En asuntos de poder, pocas palabras despiertan tanta curiosidad como aquello que es “gratuito”.
Destituir funcionarios bajo presión, cuando el propio poder administra los espacios de mayor discrecionalidad, no es una prueba de rectitud: es abrir una válvula de escape. La verdadera prueba de convicción en la lucha contra la corrupción es seguir implacablemente la ruta del dinero: saber hasta dónde llega la red, quiénes la hicieron posible y dónde terminaron esos recursos. Sin esa trazabilidad y sin consecuencias patrimoniales, el recambio de nombres es apenas administrar la impunidad.
Queda, además, flotando en el aire una pregunta institucional inquietante que la estridencia mediática intenta barrer bajo la alfombra: si el Ejecutivo puede activar hoy esta guillotina contra quienes considera intolerables, ¿qué impide que mañana el mismo mecanismo alcance a cualquiera que incomode al poder de turno?
Nuestra historia no suele ser particularmente creativa en este punto: cada generación de poder termina apropiándose de las artimañas de la anterior. Los mecanismos excepcionales rara vez se conservan para un solo enemigo.
Estamos frente al dilema de siempre: la obligación de distinguir una purga coyuntural de una verdadera reforma de los incentivos. Una Fiscalía no recupera su prestigio con aprehensiones efectistas, del mismo modo que el narcotráfico no se combate con conferencias de prensa. Se combate siguiendo el dinero, desmantelando redes y haciendo que sus responsables enfrenten consecuencias.
Ese es, precisamente, el punto que parece perderse entre tanta celebración. Lo primero produce titulares. Lo segundo produce reformas.
Paz Pereira puede disfrutar del aplauso por haber sacado un conejo de la galera. Los trucos de magia funcionan mientras el público mira al escenario. La política real comienza cuando se encienden las luces de la sala y alguien pregunta dónde terminó el dinero.
Ahí ya no alcanza con el conejo.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
