dilema de Alicia —"si no sé a dónde voy, cualquier camino sirve"— cobra relevancia en la Bolivia del presidente Paz Pereira y su corte. Poco importa lo que haga o deje de hacer. El reto existencial de la nación lo supera.
¿Qué sentido tiene poseer el Poder Ejecutivo si se usa solo para sostenerlo? ¿Para aparentar que se gobierna, en lugar de gobernar? Para los optimistas —si los hay— es solo un tema de tiempo. Esperan que, sin plan ni estrategia, el presidente venza a los gigantes que le impiden cumplir su cabalgata quijotesca: de lidiar la "buena guerra" contra la "mala simiente". Para los escépticos, en cambio, el sentido es MAS de lo mismo: administrar la decadencia económica, política, de seguridad interna y moral. Todo para beneficio del poder fáctico que aún lo arropa y sostiene.
Ese poder extrainstitucional opera a través de una clase política profesionalizada y sus redes clientelares. Tiene capacidad para vetar y chantajear al Estado: promueve leyes, frena o deroga otras, condiciona políticas, exige concesiones. Y cuando sus fueros están amenazados, puede desestabilizar la gobernabilidad.
Frente a ese poder que todo lo permea, hay dos maneras de leer la claudicación presidencial. La de Alicia: reconocer el absurdo, entender el contexto y asumir con lucidez el verdadero rol frente a una realidad que desafía la razón. La de Don Quijote: convertir cada fracaso en evidencia de un enemigo, atribuirle al sabio Frestón la derrota y seguir combatiendo gigantes que, en realidad, son molinos.
Por ahora parece imponerse el segundo relato. Se invoca la "patria" en medio de la ineficacia operativa del Gobierno y el desmoronamiento nacional, mientras la culpa siempre recae en "el otro". De ahí los justificativos para extender el estado de sitio, blindarse frente a la realidad y maquillar la ineptitud bajo el velo de la negación, rebautizando los fracasos como simples "errores".
Pero la realidad no se transforma cambiándole el nombre. Un Gobierno puede controlar la agenda, administrar medias verdades y construir explicaciones. Lo que no puede es hacer desaparecer las consecuencias de sus decisiones. Cuanto mayor es la distancia entre discurso y hechos, más urgente se vuelve mirar lo que el relato no puede ocultar.
El país necesita la lucidez de Alicia: entender el entorno catastrófico y negarse a normalizar la sinrazón. No basta con controlar la agenda informativa o distraer con datos insulsos. Frente al deterioro, hay que volver a los hechos. Y, sobre todo, seguir la implacable ruta del dinero. Del delirio literario al hecho político solo hay un paso: seguir el rastro concreto que la ficción no puede ocultar.
El caso Watergate —que le costó la presidencia a Nixon— deja una lección que trasciende aquel escándalo. Frente a un muro de negación, encubrimiento y juego sucio desde el Ejecutivo, fue la ruta del dinero la que permitió reconstruir la trama. Esa es la regla elemental: cuando se sospecha que el poder se ha convertido en mecanismo de protección y beneficio, las respuestas no están en el discurso. Están en los documentos, los hechos y el dinero.
Esa debería ser la tarea del Alto Comisionado que el presidente anunció el 6 de agosto para liderar la lucha anticorrupción. Sin embargo, la promesa volvió a quedar reducida al anuncio vacío.
Las auditorías a las empresas públicas fueron un primer paso necesario, pero insuficiente. Permiten dimensionar el desastre heredado: revelan pérdidas superiores a Bs 2.655 millones y quiebras técnicas irreversibles. Pero un diagnóstico no basta para cumplir la promesa de desmantelar el "Estado tranca".
Las auditorías pueden decir cuánto se perdió y dónde. Queda pendiente determinar cómo ocurrió, quién tomó las decisiones, quién se benefició y qué mecanismos institucionales lo hicieron posible. Si esto se obvia, el Estado habrá documentado el desfalco, pero no habrá identificado ni desmantelado las estructuras que lo hicieron posible.
Si se cuestionara esta omisión, la respuesta probablemente nos remitiría a la Contraloría, la justicia o algún otro ente administrado por ese mismo poder fáctico que es parte del problema. Y si apareciera alguna insinuación de corrupción, siempre quedaría abierta la posibilidad de reducirla a simples "errores" y negar delitos como lo hizo, en su momento, el presidente Paz Zamora. Sin responsables, beneficiarios ni consecuencias, la ruta del dinero termina en el mismo lugar donde empezó: en la impunidad.
El 2027 podría ser, en lo económico y político, aún más difícil que el 2026. Se endurecerán las medidas asociadas al programa con el FMI, y el Gobierno tendrá menor capacidad para ejecutarlas. Pero el problema de fondo es otro: si no rompemos a tiempo este libreto quijotesco, el gobierno seguirá persiguiendo y combatiendo gigantes imaginarios mientras dejan intactos los verdaderos engranajes del poder. Y descubriremos, tarde, que los gigantes eran solo un discurso, una excusa, un relato. La quiebra de la nación, en cambio, trágicamente real.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
